“Al manicomio se va por muchos caminos”, advirtió un articulista de El Monitor Republicano en 1882, entre los cuales estaban “la lucha violenta de las pasiones”, así como “la felicidad inesperada, la ambición desmedida, el eterno soñar y el amor impetuoso”. Esta observación sugiere que los comportamientos exagerados y las actitudes pasionales eran valoraciones sociales de gran importancia que los propios médicos avalaron con sus investigaciones. Para los facultativos interesados en las cuestiones mentales durante el último tercio del siglo xix, el estudio de las psicopatías representaba un asunto de relevancia científica y cultural: primero, porque, desde una perspectiva global y local, se consideraban enfermedades biológico-cerebrales; segundo, porque los “locos” eran percibidos como sujetos pasionales alejados del ideal de ciudadano libre y jurídicamente responsable que se quería imponer desde el Estado (Sacristán, 2002, pp. 65-66). Muchos galenos porfirianos coincidieron en una visión organicista, según la cual los padecimientos mentales estaban determinados por disfunciones del sistema nervioso y de la médula espinal (Ríos, 2009, p. 95). Sin embargo, tanto en sus discursos como en sus prácticas, fueron bastante eclécticos para explicar sus causas, debido a que apelaron a lo psicológico, lo orgánico y lo social, pero también relacionaron dichos malestares con la marcha irreversible de la civilización, en un contexto claramente marcado por una incipiente modernización ideológica y material en el país.

Durante el Porfiriato (1876-1911), hubo dos instituciones destinadas a la atención de personas con alguna enfermedad mental: el Hospital del Divino Salvador (1700) para mujeres y el de San Hipólito (1566) para hombres, que se establecieron durante el Virreinato y que, a partir de 1877, dependieron de la Dirección General de la Beneficencia Pública, instancia fundada por el gobierno de Díaz en ese año. Ambos nosocomios fueron espacios para la atención-contención de los locos, donde se fusionó la práctica médica con el trato compasivo de inspiración clerical. En ellos se confinó a toda clase de pacientes: alcohólicos, criminales y una multitud de individuos transgresores que fueron considerados por sus familias y/o su entorno social como merecedores de encierro (Sacristán, 1998, p. 208; Ríos, 2008). Aun cuando en esta época no existió un proyecto alienista fincado en la consolidación de un gremio y en el desarrollo de la investigación en México (Ríos, 2016, pp. 20, 23), sí hubo experiencias hospitalarias realizadas por galenos preocupados por la enfermedad mental, la marginación y las actividades viciosas de los sectores populares (Villa, 2008; Ramos, 2015, pp. 265-288; Maya, 2015). Es evidente que, pese a la voluntad de los facultativos de sondear los territorios de la locura, lejos estaban de constituir una medicina psicopatológica preparada para establecer con claridad los límites entre la cordura y la sinrazón. En este contexto de incertidumbre clínica y de atención/contención hospitalaria, pero también de creciente interés médico y social por esos padecimientos, se inserta el proceso de reclusión de Castera.

El 1° de enero de 1882, el novelista asumió la dirección de La República. Periódico Político y Literario en sucesión del escritor Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893). Luego de seis meses al frente del diario, renunció a su cargo para atender “negocios importantes” que lo obligaron a salir de la Ciudad de México. En su columna de despedida, Castera agradeció a sus amigos del semanario y, en particular, reconoció al entonces presidente González (1880-1884) como “dignísimo general”, a quien entregaría sus “esfuerzos por contrariar los ataques de sus enemigos y a poner de relieve las patriotas y elevadas miras del ilustre jefe de la Nación”. De manera sorpresiva, para junio de 1883, su nombre apareció en la lista de pensionistas del Hospital de San Hipólito, donde permaneció recluido hasta mediados del mes de diciembre de 1884, aproximadamente. Las primeras estadísticas de la locura indican que, entre 1867 y 1886, el establecimiento albergó 1,632 pacientes. En este periodo, los asilados en el departamento de indigentes representaron más de la mitad de la población confinada, mientras que los pensionistas conformaron una tercera parte (Ramos, 2015, pp. 275-277). De acuerdo con la información consignada en el expediente, Castera ingresó en calidad de pensionista, por lo tanto, debía pagar doce pesos mensuales para gastos de manutención; sin embargo, poco tiempo después, sus conocidos más cercanos confirmaron que el poeta no contaba con recursos financieros dentro del inmueble.

Según se advirtió, su encierro, permanencia y salida atraparon la atención de los capitalinos no sólo por tratarse de un funcionario que, al momento de su internamiento, ocupaba una silla como suplente en el Congreso de Puebla, sino también por las extraordinarias confabulaciones y suspicacias que suscitó la historia del poeta abatido. Algunos amigos que participaron en la prensa política de la capital observaron con preocupación el comportamiento de su compañero de letras. Por ejemplo, el médico, escritor y periodista Salvador Quevedo y Zubieta (1856-1935) afirmó, en su libro Manuel González y su gobierno (Quevedo y Zubieta, 1885), que Pedro Castera “se volvió loco” en el contexto de la “empresa monedera”, y aseguró que gritaba en San Hipólito: “¡Quiero níquel! ¡Tráiganme más níquel!” (1885, p. 148). Quevedo, sin embargo, nunca mencionó que el entonces presidente González lo hubiera mandado recluir por insubordinación.

La aparente obsesión por el aludido metal permitió urdir en el imaginario de los testigos una narrativa que, presuntamente, vinculaba el contexto político y económico del momento con la locura del autor. En efecto, el 23 de abril de 1881, el entonces presidente Manuel González presentó un proyecto de ley destinado a la acuñación de una nueva moneda de cobre y níquel, en sustitución de la de plata que había dominado en la escena nacional desde la Colonia. En diciembre, el Congreso aprobó la emisión, pero la enorme cantidad de monedas puestas en circulación, su valor inferior al nominal y la actitud gubernamental que sólo las admitía en cantidades limitadas, condujeron a su depreciación, lo cual desató movilizaciones callejeras que desembocaron en el célebre motín del 21 de diciembre de 1883 (Gutiérrez, 2013), que terminó controlando la administración gonzalista.

Bajo tales condiciones, el 27 de octubre de 1883, una pequeña comitiva, encabezada por los periodistas Marqués d’Equevilley, Adolfo Carrillo y el aludido Quevedo y Zubieta, visitó a Castera con el fin de abogar en favor de su “hermano de letras”. De acuerdo con su testimonio, el escritor se encontraba en un estado deplorable, por lo que le ofrecieron algo de dinero para sus gastos, a lo cual éste respondió: “usted se burla… eso no es níquel, es despreciable y vil plata”. El entonces director de San Hipólito, Juan Govantes, informó a los acompañantes que el paciente padecía “monomanía del níquel”, diagnóstico que, aun cuando no esclarecía las razones de su internamiento, sí formulaba una primera explicación “científica” acerca de su comportamiento anormal.

Según varios autores (Foucault, 1976; Campos, Martínez, Huertas, 2000), la monomanía fue un concepto del alienismo francés, surgido en la primera mitad del siglo xix; se trataba de una forma de locura en la que el individuo razonaba como cualquier otro, excepto porque deliraba sobre un objeto o un círculo limitado de ideas. En México, la monomanía no tuvo una amplia recepción en los terrenos de la medicina mental. Si bien algunos facultativos lo aceptaron, otros criticaron fuertemente dicho diagnóstico, porque mediante su uso se pensaba que una persona podía evadir la justicia (Sacristán, 2016). No obstante que esta noción perdió validez en Europa hacia finales de la década de 1870 a consecuencia de las críticas recibidas en Francia, el dictamen de Govantes apuntaba hacia la pervivencia de tal categoría clínica, posiblemente en el marco de la reflexión y el estudio de las llamadas locuras parciales o razonantes, cuya discusión estuvo vigente hasta principios del siglo xx. Difundido de forma masiva por los periódicos, ese diagnóstico forjó en la mente de los lectores del momento la idea del escritor delirante, obsesionado por el níquel, y, en la de los críticos contemporáneos (Saborit, 1987), la historia de uno de los primeros personajes connotados en sufrir represión política por parte de los gobiernos emanados del Plan de Tuxtepec, práctica que se volvería recurrente durante la larga dictadura de Díaz.

De noviembre de 1883 a finales de mayo de 1884, el caso Castera tuvo una menor cobertura periodística; el 3 de febrero de 1884, por ejemplo, en una extensa crónica, el también poeta Agustín F. Cuenca narró su encuentro con el escritor en la Alameda –acompañado por el director del nosocomio y su apoderado legal–, a propósito del cual sentenció con notable pesadumbre: “Para nosotros, San Hipólito era el sepulcro de Castera”. Esta representación del confinamiento manicomial familiarizó al público lector con algunas ideas médicas, de acuerdo con las que el encierro hospitalario del hombre público significaba su muerte como ciudadano, pues, como quedó claro en aquellas notas, desde el punto de vista jurídico, médico y social, ser declarado loco equivalía a una muerte civil; por ello, el inculpado se convertía en sujeto de tutela y era despojado de sus derechos constitucionales.

Unos meses después, el 27 de mayo, otro grupo de letrados realizó una visita al nosocomio para constatar la situación del artista, la cual había “querido exagerarse en sentido desfavorable”. En ese marco, a petición de la señora Soledad Cortés de García, madre del novelista, se efectuó una nueva valoración médica del enfermo a cargo de un desconocido médico de nombre Celso Nava, quien certificó que Castera estaba en “estado satisfactorio de la enajenación mental que adolece”, por lo que solicitó a las autoridades correspondientes su pronta recuperación en una casa que la familia tenía en Tacubaya. Ante la presión de la madre y de los colegas que habían confirmado los deseos del paciente de abandonar San Hipólito, Govantes volvió sobre el caso y consideró peligrosa su salida. La negativa desató todo tipo de argumentaciones conspiracionistas sobre la supuesta retención forzada del poeta; frente a las críticas, aunque el director estaba convencido de que los delirios eran una manifestación elocuente de su peligrosidad, aseguró: “creo que si se sigue atendiendo convenientemente, tal vez vuelva al pleno goce de sus facultades intelectuales; mas juzgo que por el momento se halla en un estado delicado, y que sería peligroso que saliera ahora del hospital de una manera definitiva”.

A pesar de lo anterior, el cuestionamiento público sobre la permanencia injustificada y las solicitudes de apoyo para que Castera saliera de San Hipólito obligaron a que funcionarios y médicos tomaran una postura firme al respecto. Con el objetivo de avalar su diagnóstico y de remarcar la peligrosidad del confinado, a finales de mayo se difundió en la prensa capitalina otro certificado realizado por médicos de reconocido prestigio: Rafael Lucio, Alberto Cervantes y el mismo Govantes, en el cual se detalló que el poeta sufría de “lipemanía y delirio de persecución”. Ambos conceptos, como es sabido, fueron esenciales para el desarrollo del alienismo francés de la primera mitad del siglo xix. El primero se entendía como una enfermedad del cerebro, cuyos síntomas eran delirios y una tristeza debilitante y abrumadora (Berrios, 2008, p. 382); en el segundo, el loco presentaba alucinaciones auditivas y visuales como respuesta a los efectos del exterior (Bercherie, 2014, pp. 62-63). Cabe advertir que los dos diagnósticos reseñados se realizaron nueve o diez meses después del internamiento del autor, razón por la cual no es posible determinar si los síntomas aparecieron antes o como resultado de éste.

La inestabilidad en la identificación nosológica del padecimiento de Castera no sólo permite vislumbrar el estado y los problemas que enfrentó la incipiente medicina mental en México, sino que también, en otro nivel, abre la posibilidad de proponer una nueva hipótesis acerca del origen de su confinamiento. Antes de ello, convendría señalar que para ingresar a un individuo en San Hipólito, por reglamento, era necesario presentar un certificado firmado por dos médicos que avalaran la enfermedad; sin embargo, ante la falta de una normativa federal para impedir los “ingresos involuntarios” y el estado en que se encontraban en ese momento las instituciones manicomiales en México, era usual que las familias tomaran el control del internamiento de sus locos. El episodio que nos ocupa bien puede ejemplificar tal situación, pues, posiblemente, la reclusión se dio en contra de su voluntad y motivada por una herencia de bienes familiares, como expondremos a continuación.

Cuando Pedro Castera anunció su salida del diario La República para atender “negocios importantes” estaba iniciando una pugna legal por unas tierras heredadas en Michoacán. Existen indicios de que, una vez confinado en San Hipólito e incapacitado legalmente, el poeta enfrentó una demanda interpuesta por Antonio Ramos Cadena en el juzgado 4to de lo civil. Tal elemento resulta clave para plantear esa ruta interpretativa sobre su proceso de reclusión. En el Código Civil de 1870, que entró en vigor un año después, se incluía la figura legal del juicio de interdicción, mecanismo mediante el cual se incapacitaba jurídicamente a menores de edad y a personas “privadas de inteligencia por locura, idiotismo e imbecilidad”. Así, ser diagnosticado loco convertía al individuo en sujeto de custodia, por lo que la persona no podía hacer uso de sus bienes, los cuales debía administrar un tutor legal. En otras palabras, dichos juicios sólo tenían sentido cuando había propiedades materiales de por medio, y podían ser solicitados por el cónyuge, los herederos legítimos o el ejecutor testamentario. El caso Raygosa (1873-1877) fue, probablemente, el primer juicio de interdicción en llevarse a cabo luego de la promulgación del Código. Manuela, esposa del abogado Felipe Raygosa, levantó la demanda al considerar que su marido estaba despilfarrando el dinero de la familia; el inculpado, por su parte, intentó defenderse en los juzgados de las opiniones de los facultativos, que lo veían como un monomaniaco ambicioso (Sacristán, 1999).

El episodio anterior presenta algunas coincidencias con el de Castera. Luego del internamiento de éste, se designó al licenciado Bermejo como su tutor legal; empero, meses después, lo sustituyó el reconocido abogado, periodista y diputado Juan Vicente Villada, quien, en una carta publicada el 3 de junio de 1884, recalcó que fue la familia del novelista la que solicitó el juicio de interdicción. Además, destacó el profundo aborrecimiento que su apoderado tenía hacia “la respetable autora de sus días”. Asimismo, ante las acusaciones de que Castera no recibía sus dietas como diputado, Villada aseguró desconocer otros intereses, pues, al requerir a la familia los documentos oficiales del escritor, reconoció de forma pública que nunca pudieron entregárselos debido a que una tía, “también demente”, los resguardaba celosamente. Lo expuesto permite suponer que Castera pudo haber sido internado por sus parientes, quienes aprovecharon los aludidos vacíos legales que imperaban en San Hipólito, y, una vez confinado, los médicos se encargaron de certificar su locura.

Hacia finales de noviembre de 1884, de modo un tanto sorpresivo, la madre de Castera envió una misiva al director de El Monitor Republicano para que, a través de su medio, lograra persuadir a las autoridades de sacar a su hijo del nosocomio. Tal solicitud, al parecer, fue atendida por las instancias médicas, pues, por esas fechas, Castera dejó San Hipólito sin testimonio alguno que lo registrara ni sentencia que diera indicios de la situación legal del escritor. Por desgracia, no pudimos localizar ningún documento que atestiguara el proceso ni las condiciones de salida del poeta del sanatorio, por lo cual deducimos que bien pudo deberse a la presión mediática ejercida tanto por su progenitora como por diversos miembros de los campos político y literario, con quienes estuvo relacionado el autor y que, al menos estos últimos, dieron una lectura particular a tan infortunada incursión.

A pesar de que la revisión de las fuentes parecería privilegiar la hipótesis de que el internamiento de Castera se debió a un juicio de interdicción, ésta no resuelve otras incógnitas relacionadas con las múltiples representaciones que sujetos de diferentes disciplinas hicieron de su mal, las cuales mediaron no sólo la recepción de su obra, sino, incluso, la re-configuración de su imagen como escritor. Al respecto, cabría insistir en la extensa cobertura periodística que se dio a la demencia casteriana; diarios de varias latitudes de la República de tendencias ideológicas y políticas diversas escribieron o reprodujeron, como señalamos, noticias, entrevistas, informes médicos o comentarios relativos a la salud y situación del escritor en San Hipólito. Aunque en esas distintas textualidades se construyó de modo bifronte la figura de Castera, en todas ellas, la presencia de la enfermedad mental permitió visibilizar la posición que el autor ocupaba en la esfera pública y en el campo literario, en una etapa de transición en la que las prácticas discursivas no sólo oficialistas, sino también artísticas evidenciaban el ineludible influjo de la narrativa positivista que se apoyó tanto en el referente cientificista (Nouzeilles, 2000; Zavala, 2012), como en la literatura médica de la época, acorde con el impulso modernizador porfiriano (Hale, 2002).

Desde tal perspectiva, en la prensa periódica la insania de Castera se abordó, en principio, a partir de sus implicaciones médico-legales, relacionadas con el trabajo del escritor como funcionario. Ello explica, nos parece, la ubicación un tanto periférica de la información dedicada a su caso, incluida, por lo general, en la gacetilla o en los espacios destinados a la crónica parlamentaria. En esos textos, el poeta es descrito como un individuo incapaz de seguir cumpliendo sus labores políticas. Su deteriorado estado mental lo inhabilitaba para realizar dichas funciones, transfigurándolo en un sujeto marginal a las instancias de poder, a la cuales antes pertenecía y que serían las encargadas de dirimir sus conflictos legales y monetarios.

Por su carácter “oficial”, esos documentos se enuncian desde una supuesta “objetividad”, cuyo principal recurso narrativo es la descripción concisa tanto del espacio hospitalario como del estado físico del “paciente”. En la sesión de la Cámara de Diputados del 11 de octubre de 1883, por ejemplo, el mencionado diputado Villada, quien, según advertimos, después fungió como tutor legal del escritor, expuso frente al Congreso las condiciones en las que se hallaba: “en cuanto a los alimentos y otras necesidades […] carecía aun de lo más preciso, teniendo su ropa desgarrada y siendo la misma con que había ingresado [a San Hipólito] hacía tres meses”. Como se observa, la centralidad de la enfermedad anuló, por completo, cualquier referencia al pasado desempeño de Castera como funcionario, es decir, al prestigio alcanzado por ocupar una curul; por el contrario, su figura se proyectó sólo como la de un desheredado, acorde con las ideas que se tenían acerca de los pacientes mentales.

Para validarse, el discurso legal descansó en la opinión clínica, encargada de certificar el malestar casteriano en consonancia con los paradigmas de la ecléctica práctica médica mental en el país, cuyos principios nosológicos se estaban discutiendo. En esa línea, cabría recordar que apenas un año antes, en 1881, se dio a conocer el dictamen de la Comisión de Manicomios, en el que no sólo se argumentó la necesidad apremiante de construir un moderno hospital general para dementes, sino que también se planteó la urgencia de actualizar los presupuestos de la clínica mental mexicana, tomando como modelo “los escritos de los alienistas europeos más destacados […] por sus teorías sobre la locura [… y] por sus aportaciones en la construcción y organización de asilos”, entre los que despuntaron los nombres de expertos franceses, tales como Morel, Esquirol y Pinel (Mancilla, 2001, pp. 129-130).

No obstante lo expuesto, el peso de este discurso clínico fue contundente en la configuración del retrato del poeta como un ser alienado y peligroso para la seguridad del organismo social, razón por la cual debía estar bajo la custodia especializada del saber médico estatal. Al respecto, resultan significativas, por una parte, las palabras de Govantes, cuando, como se apuntó, la familia del escritor y algunos periodistas intentaron cuestionar la decisión de alargar su estadía en el manicomio: “no basta”, afirmó, “un buen criterio para resolver cuestiones que requieren conocimientos especiales”; y, por la otra, la relatoría en términos casi cronísticos del fallido experimento, que consistió en reinsertar a Castera de forma momentánea en la realidad cotidiana, mediante el aludido paseo por la Alameda de la Ciudad de México. De acuerdo con el facultativo, “a la vista de edificios que le traían recuerdos, y por el encuentro de algunos amigos que le impresionaron vivamente”, el poeta comenzó a tener alucinaciones auditivas “y se fue excitando al grado de que [tuvieron que apresurarse] a regresar al manicomio”.

Si bien el pretendido carácter científico de esos textos resulta cuestionable ante la enunciación de diferentes diagnósticos a lo largo de la estancia del escritor en aquel establecimiento, dicha oscilación nos parece reveladora en la medida que, por un lado, reforzó la naturaleza dual de la personalidad de Castera, escindido entre el campo político y literario y, por el otro, en diferente nivel, entró en diálogo con una serie de ideas relacionadas con las supuestas tendencias patológicas del agente creador. Al igual que en diversas latitudes de Occidente, en México la disputa por alcanzar una mayor legitimidad y poder cultural implicó que miembros del gremio médico miraran con recelo a diferentes sectores poblacionales y profesionales; en particular, el de los artistas les resultó altamente inquietante, porque, de acuerdo con el discurso positivista de la época, sus “rasgos diferenciadores” de personalidad, sobre todo su extrema sensibilidad y su supuesta predisposición a la locura, los convertían en seres “que no podía[n] considerarse dentro de [la] ‘normalidad’ que la sociedad burguesa pretendía imponer a toda costa” (Huertas, 1987, pp. 143-144).

Una muestra modélica de esta visión que se proyectó de los artistas, en general, y de los escritores, en específico, se encuentra en los textos del reconocido doctor Luis E. Ruiz, quien impartía la cátedra de Higiene en la Escuela de Medicina en la década de los ochenta. En su Tratado elemental de higiene, el galeno propuso una clasificación de los diferentes sectores que conformaban a la sociedad mexicana; en el último grupo incluyó a los “hombres de letras”, integrado por abogados, médicos, ingenieros, educadores y literatos. A pesar de que la “predominancia del trabajo intelectual sobre la actividad manual” predisponía a los “hombres de letras” a desarrollar las mismas enfermedades (Ruiz, 1904, pp. 345-346), Ruiz trazó una clara línea divisoria entre esos profesionistas y los creadores; para ello, utilizó como herramienta axial de validación las estadísticas, según las cuales la incidencia de locura era mayor en esta última agrupación debido a su evidente falta de templanza y de contención emocional, pero también al uso excesivo de la imaginación, inclinaciones que dotaron a estos sujetos de una especie de “naturaleza” ambigua (femenina-masculina), que podía resultar peligrosa para el sano desarrollo de los potenciales lectores nacionales.

Tomando en cuenta lo anterior, no nos parece fortuito que la clasificación terminológica de la enfermedad de Castera se desplazara de una inicial “monomanía del níquel” hacia una “lipemanía”, cuyo síntoma principal, según se dijo, era una tristeza debilitante y abrumadora. A inicios del siglo xix, Pinel y Esquirol se esforzaron por proponer cambios conceptuales y desterrar de la medicina mental cualquier reminiscencia de las “ideas hipocráticas-galénicas” sobre los humores (Starobinski, 2016, p. 23). Una de las acciones que emprendieron fue la acuñación del término “lipemanía” en renuevo de la voz “melancolía”, la cual remitía a un malestar y a un temperamento asociados desde la Antigüedad con cierta superioridad intelectual y genialidad artística, creencia que tuvo una larga pervivencia en el imaginario colectivo y que resultó en suma productiva para diversas corrientes, tanto filosóficas como estéticas, en Occidente.

En esa lógica discursiva, la redacción del dictamen médico firmado por destacados galenos presentó, sin duda, un claro sesgo estético, mediado con seguridad por el prestigio que Castera había alcanzado en el terreno de las letras previo a su internamiento, así como por las otras narrativas generadas a propósito de su ingreso a San Hipólito, con las cuales dialogaron las de índole médico-legal, dado que ambas aparecieron de manera simultánea en las páginas de los mismos periódicos. A diferencia de la concisión y “asepsia” que caracterizó los documentos clínicos-jurídicos, en esos otros textos de carácter más ficcional que informativo se configuró la imagen de un Castera sufriente, infortunado miembro de un campo literario que, por aquellas fechas, experimentaba también los efectos del incipiente proceso de modernización en el país. Las transformaciones del sistema económico, a la vez que la tendencia hacia la división del trabajo que propició el fenómeno de la especialización, incidieron en el ejercicio escritural. Para integrarse al mundo capitalista, los autores se enfrentaron a la exigencia de desarrollar estrategias laborales para satisfacer sus anhelos creativos y sus necesidades monetarias. El periodismo fue una de las actividades que les permitió cumplir ambas cuestiones; sin embargo, también se convirtió en un quehacer absorbente que, de acuerdo con algunos, los enfermaba y minaba sus capacidades artísticas, pues los sometía a la presión de la entrega diaria o semanal y a los requerimientos de editores y de un público cada vez más ávido de noticias (Moretic, 1975, pp. 59-60; Rotker, 1991; Clark de Lara, 1998).

Ciertamente, el caso de Castera se leyó desde esta perspectiva en las colaboraciones antes mencionadas; así, sirvió como una vía para denunciar y exponer las difíciles condiciones que enfrentaban los literatos para ejercer su profesión, pues sufrían las consecuencias del excesivo trabajo intelectual, origen de diversos padecimientos psicosomáticos. La demencia de Castera se presentó ante los lectores como un síntoma y malestar producto de la modernidad, cuyas exigencias herían a creadores sensibles como el autor de Carmen, quien había “sucumbido al trabajo, como todos los grandes artistas”. Uno de sus primeros visitantes en San Hipólito, el referido Marqués d’Equevilley, recreó la figura del novelista cual la de un héroe romántico caído por el peso del infortunio moderno. “Allí estaba”, apuntó, “detrás de la reja confundido en medio de sus desgraciados compañeros y en el triste estado […]. Su poderosa naturaleza [estaba] aniquilada por el sufrimiento moral, su cara amarilla, su barba inculta y ya cana, sus manos temblorosas… ¡ah! ¿Por qué esta frente pensadora ha sido herida por el rayo implacable de la fatalidad?”

Contraria a la palabra médico-legal, esta narrativa doliente fundó su legitimidad en lo emotivo, en la pertenencia de los escritores a una comunidad afectiva, cuya hipersensibilidad los distinguía del ciudadano común, a quien, finalmente, también se buscó conmover, quizá con propósitos más económicos que culturales. De ese modo, la melancolía del paciente encontró un correlato en el discurso sufriente de quien se sabía, de igual forma, preso de la condición dual de escritor-periodista, sometido a las presiones del orden capitalista. De tal suerte, en el citado texto del Marqués d’Equevilley abundaron frases como: “las lágrimas me vienen a los ojos” o “Padecía demasiado para prolongar más mi dolorosa entrevista”, que, a su vez, se reprodujeron en términos semejantes en otras notas relativas a la infortunada situación de Castera. Por ejemplo, el mencionado poeta Agustín F. Cuenca describió el espacio nosocomial en consonancia con ciertos tópicos románticos; el manicomio se presentó a los ojos de los lectores cual tétrica ruina, donde permanecería atrapado el espíritu artístico: última morada del creador caído ante una realidad que lo oprimía y lo enloquecía. “Al pasar frente a ese triste edificio”, se condolió Cuenca, “sentimos violentamente oprimido nuestro corazón, […] allí, detrás de aquellos altos y sombríos muros, estaba nuestro amigo, el poeta entusiasta, el soñador impetuoso, el hombre caballero, más altivo en el infortunio que en la prosperidad”. Una especie de consagración artística convirtió a Castera en sujeto de creación literaria, no sólo en estos textos en prosa de carácter híbrido, sino también en composiciones en verso, en las que el yo lírico estableció una relación de complicidad y empatía con el “genio” abatido, en la medida que compartía su desventura como miembro del ámbito literario. En el poema “A Pedro Castera”, A. Peredo Hoyos se compadeció de la pérdida de la razón del escritor, en términos muy cercanos a los empleados en la prosa cronística:

Al igual que en la narrativa clínica, en estas composiciones subyacería la antigua creencia aristotélica de la existencia de un vínculo entre melancolía, genialidad y locura, que se resignificó a partir de los principios de la medicina mental a lo largo del siglo xix, con especial insistencia tras el surgimiento del movimiento romántico. Sin embargo, en dichas colaboraciones periodísticas, la tendencia patológica del agente creador no tendría una lectura negativa; por el contrario, la hipersensibilidad del autor de Carmen, y su demencia melancólica serían leídas como la marca de Caín que garantizaba su pertenencia al mundo del arte. En un sentido más profundo, para estos autores, la disposición anímica de Castera –y de los artistas en general– no encarnaba una amenaza para la sanidad ni el buen funcionamiento de la sociedad porfiriana, sino una forma de resistencia intelectual creativa contra la deshumanización y el materialismo que acechaba a las nuevas generaciones. La manifiesta tensión entre las posturas médicas y literarias sobre la locura bien puede interpretarse, según dijimos, como la búsqueda de reconocimiento y prestigio que los agentes de ambos campos buscaron alcanzar en un momento de patentes transformaciones socioeconómicas y culturales.

Desde esta perspectiva, la construcción de la figura de Castera como la de un genio-loco contribuyó a darle mayor notoriedad pública y a incrementar su capital simbólico y económico en los años posteriores a su salida de San Hipólito. Una serie de datos dispersos en las publicaciones periódicas confirman esa transición, mucho más clara a partir de enero de 1887, cuando se informó en la prensa que “deseando impedir que sus [obras fueran reimpresas] con perjuicio de sus derechos, [el autor conservaba] la propiedad literaria que le [correspondía]”. Dicha noticia apunta hacia el hecho de que el aludido proceso legal no lo incapacitó para el usufructo de sus producciones, lo cual tiene sentido en aquel medio incipientemente capitalista que veía con desprecio y recelo la labor creativa, en apariencia improductiva, de los artistas.

Aunado a lo anterior, en los meses posteriores a ese anuncio, se informó que, una vez agotada la primera edición en forma de libro de la novela Carmen, el taller de Eufenio Abadiano se disponía a preparar la segunda edición, dentro de la colección Biblioteca Histórico-Literaria, más tarde sólo Biblioteca Mexicana. El volumen prometido contó con un prólogo del reconocido militar y novelista liberal Vicente Riva Palacio (1832-1896), quien hizo de la novela de Castera un emotivo manifiesto literario en contra del materialismo positivista y del determinismo biológico darwiniano, cuya hegemonía se discutía por aquellas fechas en la prensa (Moreno, 1989). De acuerdo con Ana Chouciño Fernández y Leticia Algaba (2003), en esas páginas Riva Palacio defendió la función emotiva, didáctica y moral de la literatura, enfrentada al escepticismo de la ciencia. La obra de Castera se consagró, así, como un alegato en favor de la autonomización del campo literario al oponerse a la presión de instancias de reconocimiento externas a éste, a la vez que como un discurso amoroso, mediante el cual se pretendía fortalecer los vínculos “emocionales”, pero también de consumo, con los lectores.

Pocos meses después de la aparición de la nota sobre la nueva edición de Carmen, en noviembre de 1887, comenzó a publicarse, otra vez por entregas, el volumen de Las minas y los mineros en la casa editora de “Filomeno Mata, esquina de Betlemitas y San Andrés”. En la sesión del 11 de noviembre de aquel año, el autor dirigió una petición a la Cámara de Diputados para que este organismo comprara doscientos ejemplares de la obra, la cual fue, además, traducida al alemán por el editor Isidoro Epstein en 1889. Finalmente, a mediados de 1890, en las páginas de El Siglo Diez y Nueve, Rafael de Zayas Enríquez, con el seudónimo de Anacreonte, comentó ufano en una de sus “Crónicas de la semana” que “la afamada casa editorial de Garnier, de París, [iba] a fundar una sucursal en México”, cuyo “noble propósito” sería “explotar la literatura mexicana, comprando obras inéditas a nuestros más renombrados escritores”, para lo que ya había establecido contratos con autores como Castera y Gutiérrez Nájera.