Resulta incuestionable que la Guerra Civil (1936-1939) alteró el devenir ordinario de la historia de España y condicionó de manera drástica su futuro. De ahí que los estudios históricos dedicados a la misma, se hayan efectuado y se sigan realizando desde las más diversas perspectivas. Uno de los aspectos que ha despertado mayor interés en los últimos años es el estudio del papel que tuvieron las mujeres en el conflicto. Este trabajo quiere ser una contribución al conocimiento de un colectivo exclusivamente femenino durante la Guerra Civil y la postguerra, para recuperar a las mujeres que formaron parte del mismo como sujetos históricos (Scott, 1990).

A los autores del presente trabajo les interesó profundizar en el conocimiento de las repercusiones que tuvo la guerra en la actividad profesional del colectivo sanitario de las matronas, exclusivamente femenino en aquellos momentos, así como la repercusión particular que la contienda tuvo sobre muchas de ellas, análisis al que se han dedicado con bastante intensidad durante los últimos años y resultado del cual se han publicado una serie de trabajos. El primero de ellos, titulado «La depuración de las matronas de Madrid tras la guerra civil» (Ruiz-Berdún y Gomis, 2012a), puso de manifiesto cómo la depuración de estas profesionales sanitarias se llevó a cabo por diferentes instancias, entre ellas, la que asumió el mayor número de expedientes de depuración fue el Colegio de Médicos de Madrid. En el segundo, se dejó constancia de veinticinco matronas que, finalizada la contienda, marcharon al exilio (Ruiz-Berdún y Gomis, 2012b). Si bien resultó difícil determinar el número total de ellas que fueron acogidas por cada uno de los países donde encontró acomodo «el exilio republicano», de lo que no hay duda es que México fue el país que acogió al mayor número de matronas. Profesionales que, en no pocas ocasiones, no volvieron a ejercer su profesión.

El presente y último de los trabajos, que completa el estudio de las consecuencias de la Guerra Civil sobre las matronas, se centra en aquellas profesionales que corrieron peor suerte. Se trata de las que fueron privadas de libertad, pasando hacinadas un tiempo más o menos prolongado en las cárceles franquistas, y aquellas a las que, incluso, se las privó de la vida, ya fuese durante la contienda o en la postguerra.

La realización de este trabajo se ha prolongado en el tiempo más de lo proyectado inicialmente. Esto se debe a la abundancia de documentación localizada y a su dispersión. Además de la revisión exhaustiva de la amplia bibliografía que se ha publicado en los últimos años sobre la represión franquista1, se han consultado algunas bases de datos2 y estudios biográficos que se han publicado y que incluyen datos de algunas de las protagonistas de este estudio (Huellas, 2004; Martí Boscà, 2009). Pero el núcleo fundamental para la elaboración de este trabajo está formado por los documentos localizados en diversos archivos: El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (en adelante ARCHV), el Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD), el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), el Archivo General de la Administración (AGA) y el Archivo General Militar de Guadalajara (AGMG), cuyos fondos se han podido contrastar con una base de datos, que actualmente cuenta con más de tres mil registros de matronas españolas de todos los tiempos.

Es cierto que usando una escala cuantitativa, las víctimas de la Guerra Civil española fueron mayoritariamente masculinas. En las obras generales que tratan de la represión durante el conflicto y en la postguerra, la presencia femenina queda diluida en la avalancha de nombres masculinos, de mayor o menor relevancia, que nos hacen darnos cuenta de la magnitud que alcanzó el horror en este periodo, más largo de lo que en principio pudiera parecer, de la historia de España. Las mujeres que vivieron y sufrieron en sus cuerpos y en sus mentes las consecuencias de la Guerra Civil se han visto sometidas a un doble anonimato: el anonimato que caracterizó al propio conflicto y que produjo miles de muertos enterrados en fosas comunes, a los que todavía hoy se intenta poner nombre y apellidos, y el anonimato que secularmente han sufrido las mujeres en la historia de la mayoría de las sociedades occidentales en general, y en la historia de España en particular.

La Segunda República supuso la apertura de una nueva etapa para la historia de las mujeres en España (Nash, 2009, p. 16), si bien su corta duración impidió que un número significativo de ellas alcanzase niveles de relevancia política o social. Esto supone la imposibilidad de un reconocimiento inmediato entre las listas de personas fusiladas o encarceladas en las prisiones franquistas. De hecho, hasta hace poco, casi todos los estudios realizados sobre la represión durante la Guerra Civil y la postguerra situaban a las mujeres en una posición de víctimas pasivas del conflicto. Se afirma que la mayoría de ellas fueron represaliadas por los lazos de parentesco que les unían a la parte masculina de su familia, potencialmente más peligrosa para el bando enemigo3. Es aquí donde adquieren mayor relevancia los estudios específicos centrados en la represión contra las mujeres que han contribuido, en los últimos años, a sacar del anonimato a algunas de sus protagonistas femeninas, así como las organizaciones de las que formaron parte4.

Otro de los problemas a la hora de realizar estudios que, como este, analizan la represión sobre un grupo profesional, es la concepción que el bando franquista tenía sobre el papel de la mujer en la sociedad. El ideal de domesticidad característico del franquismo pudo motivar que en algunas ocasiones no se tuviera en cuenta la actividad profesional femenina, al igual que tampoco se hacía distinción entre las presas políticas y comunes. Según José Manuel Sabín (Sabín, 1996, p. 261), la profesión consignada para todas las mujeres fusiladas en las cárceles de la provincia de Toledo fue «sus labores». Durante la presente investigación, al contrastar documentos pertenecientes a una misma encausada, en algunas de ellos aparece como profesión matrona y en otros «sus labores»5. De ahí la importancia que tiene, en estudios como el presente, la necesidad de contrastar el mayor número de fuentes posible.

Las guerras cambian a las personas. Incluso, las personas más pacíficas se ven involucradas en situaciones violentas que nunca hubieran imaginado en épocas de paz. Muchas personas sin ningún tipo de interés político se ven abocadas a tomar partido por uno de los bandos contendientes, si no quieren terminar siendo sospechosas de traición. Así, miles de españoles, de ambos bandos, murieron en los primeros meses del conflicto bélico víctimas de los denominados «paseos» y «sacas». La violencia provocada tanto por la guerra, como por la radicalización de la sociedad española en la última etapa de la República, desencadenó una oleada de asesinatos cuyo fin último era destruir al enemigo, tanto física como moralmente. Algunos investigadores dividen el terror de la guerra en dos etapas diferenciadas: la denominada de terror «caliente» donde fueron asesinadas el mayor número de personas y que se corresponde con los primeros meses de la Guerra Civil, y la etapa de violencia «legal», que se inició a principios de 1937 (Santos Juliá, 1999, pp. 159-163). Efectivamente los datos de esta investigación concuerdan, ya que se han localizado un mayor número de matronas asesinadas durante la primera etapa que durante la segunda. Con respecto al bando que las asesinó, al menos seis lo fueron por el ejército sublevado y una por el ejército republicano.

Prácticamente todos los libros que hablan sobre la represión durante la guerra y la postguerra señalan que hubo muchas menos víctimas fallecidas de sexo femenino que masculino6. Por ello es significativo el dato de que, en algunas listas de asesinados, la única mujer que aparezca sea una matrona. Ese es el caso de Constantina Alcoceba Chicharro. Constantina era matrona municipal en Soria y, aunque no se conoce la fecha exacta de su muerte, se piensa que esta sucedió antes del 5 de agosto de 1936. Es la única mujer de un conjunto de 53 personas asesinadas de la ciudad de Soria durante los primeros meses de la guerra. Constantina era una activa militante de la Federación Comarcal de la CNT y colaboraba en las sesiones literarias del Ateneo de Divulgación Social (Fernández de Mendiola, 2007, p. 121). Considerada como buena oradora, había participado en diversos actos de propaganda anarcosindicalista en la provincia de Soria durante la primavera y verano del fatídico año de 1936 (Martí Boscà, 2009, pp. 459-460). Con posterioridad a su fallecimiento, las autoridades sorianas, actuando como si ignorasen su triste final, procedieron a destituirla y separarla definitivamente de su puesto, quedando este vacante7.

En la provincia de Córdoba fueron asesinadas al menos dos matronas por el ejército sublevado: María Vázquez Molina y Concepción Cáceres Jurado. Según Francisco Moreno, María Vázquez Molina8, de 41 años y natural de Huelva, era tesorera del Colegio de Matronas de la provincia de Córdoba y fue fusilada el 28 de agosto de 1936 en la prisión provincial de Córdoba (Moreno Gómez, 1985, p.769). Sin embargo, en esta investigación, no se han encontrado evidencias sobre su cargo dentro del Colegio de Matronas de Córdoba. De hecho no aparece en la relación de cargos de dicha Junta que tuvo lugar poco antes del estallido de la guerra9.

Concepción Cáceres Jurado, una matrona apodada «la princesa» según unos, o «la pasionaria de Puente Genil» según otros, es el ejemplo de la simplificación que, en ocasiones, se ha hecho del papel de víctimas pasivas de las mujeres en la Guerra Civil. Como en otros muchos casos, las informaciones sobre su fallecimiento no están claras, pero se cree que, tras ser arrestada en su propia casa, fue asesinada en agosto de 1936 en Puente Genil (Córdoba). Según los datos que ciertos estudios han recogido sobre ella, hubo dos motivos que influyeron en su muerte. Uno fue el de estar casada en segundas nupcias con Marcos Deza Montero, un hombre once años más joven que ella y concejal de la villa durante la República. El otro motivo, su significación izquierdista, únicamente se ha documentado por hacerla responsable de bordar la bandera con la que desfilaba el Gremio de Albañiles el día del Trabajo, y un famoso suceso que protagonizó ella misma, cuando salió a desfilar por todo el pueblo vestida únicamente con una bandera republicana para celebrar el advenimiento de la II República (Huellas, 2004). Sin embargo, en el transcurso de esta investigación se han encontrado otros datos que ayudan a comprender mejor el perfil de esta mujer. En 1930 había sido expedientada por el alcalde de Puente Genil, Antonio Romero Jiménez. Entre ambos debía existir algún tipo de animadversión según parece desprenderse de los diarios de la época. En lugar de permanecer pasiva ante tal situación denunció el hecho ante el Colegio de Matronas de Córdoba10, en el que estaba colegiada y que tomó cartas en el asunto11. En 1933 fue acusada de ser la cabecilla de un grupo de mujeres izquierdistas que apedrearon a otras dos mujeres miembros de la agrupación «Acción femenina». La noticia fue reflejada en el diario católico El Defensor de Córdoba12, fuertemente conservador, que se oponía frontalmente al Gobierno Republicano (Checa Godoy, 2011, p. 203). La noticia añadía, con un espíritu nada conciliador, que dichas señoras hubieran sido linchadas por Concepción y sus secuaces de no haber intervenido unos jóvenes que las defendieron. Probablemente fue su propia significación izquierdista y antiguas rencillas personales las que la pusieron en el punto de mira de sus asesinos, y no solo el hecho de haber estado casada con un dirigente socialista.

En Extremadura el ejército sublevado acabó con la vida de al menos tres matronas mientras que el ejército republicano asesinó al menos a una de estas profesionales. En agosto de 1936 murió a manos del ejército sublevado la matrona Manuela Anselma Hernández Flores. Se trata de una de las diez mujeres de un total de 90 personas fusiladas en el pueblo de los Santos de Maimona (Badajoz) en los primeros meses de la guerra (Chaves Palacios, 2009). Como otras muchas matronas, además de contribuir con su trabajo a disminuir las cifras de mortalidad neonatal del pueblo, se comprometió, como socialista militante, en una lucha por la reforma de las estructuras sociales y políticas. Su capacidad de liderazgo sobre mujeres y hombres fue el motivo que provocó su fusilamiento (Murillo Tovar, 2012).

Los datos sobre el fallecimiento de la matrona Carmen Orellana Alcarazo, alias «La Pasionaria» son algo confusos. Alguna fuente asegura que fue fusilada el 22 de septiembre de 1936. Otra de las fuentes señala que Carmen se suicidó cortándose las venas. El suceso tuvo lugar cuando iba a ser detenida por un grupo de falangistas en su domicilio de la calle 2 de mayo del barrio de San Roque de Badajoz. Según versión de los sublevados, pidió permiso para cambiarse y aprovechó esos momentos de soledad para quitarse la vida (Pilo Ortiz, 2010, p. 17). La tercera matrona asesinada en Extremadura por los sublevados fue Polonia Mateos Díaz, «La Partera». Estaba casada con Ramón Díaz Agudo, máximo dirigente del PSOE del pueblo de Arroyo de Luz (Cáceres). Ingresó en la prisión provincial de Cáceres el 13 de noviembre de 1937 y fue fusilada un día después de haber pasado por consejo de guerra sumarísimo (García Carrero, 2007). Por su parte el ejército republicano estuvo implicado en la muerte de la matrona Juana Ortiz Dávila, que ejercía en la ciudad de Don Benito. Según las declaraciones recogidas por Moisés Domínguez (Domínguez Núñez, 2011), Juana formó parte de un grupo de personas, votantes de derechas, que sirvieron de escudo humano a los republicanos que huían de la provincia de Badajoz ante el acoso del ejército sublevado. Parece que el lugar donde la asesinaron fue cerca de una finca llamada «El Espolón», a seis kilómetros del pueblo de Campanario.

Al igual que prácticamente la mayoría de la población, las matronas que no fueron perseguidas o asesinadas, vieron alterada su vida personal y laboral durante la guerra. Muchas matronas tenían la doble titulación universitaria de matrona y practicanta y, en ocasiones, el título de enfermera13. Algunas de ellas tuvieron que dejar de atender partos durante la guerra y pasar a desempeñar el trabajo de practicanta. En esta circunstancia influyó, por un lado, la necesidad de personal en los numerosos hospitales de sangre que proliferaron al iniciarse el enfrentamiento bélico. Otro de los motivos residía en la dificultad y el peligro que suponía acudir a las casas de las parturientas para atender los partos, especialmente cuando estos se desarrollaban por la noche o en aquellas poblaciones que sufrieron con más crudeza la guerra, como Madrid.

En la causa que se siguió contra Eufemia Llorente, una de las matronas militarizadas durante el conflicto por el gobierno republicano, se señala que:

A pesar de que los bombardeos finalizaron en 1939, la guerra no había terminado. Entre 1936 y 1943 los tribunales militares que dependían del Ejército de Franco establecieron en la jurisprudencia que, todos aquellos que se hubieran opuesto al «Alzamiento» con las armas, eran culpables del delito de Rebelión Militar y los que, habiéndose opuesto, no las hubieran empleado, de los delitos de Adhesión a la Rebelión, Auxilio a la Rebelión, Inducción a la Rebelión, o Apología de la Rebelión. Resulta evidente que la mayoría de la ciudadanía de la España Republicana podía estar incursa en algunos de estos delitos15. Las matronas no fueron una excepción y entre los miles de personas acusadas y juzgadas por los delitos señalados anteriormente se pueden encontrar un buen número de ellas16.

Cualquier persona, con afán revanchista, podía presentar una denuncia contra otra que condujese a su detención como «elemento sospechoso» del régimen. Por ejemplo, Pelayo Rubio González, practicante del Ayuntamiento de Chamartín de la Rosa, fue una pieza clave en las denuncias contra varias matronas madrileñas como Josefa Martínez López17 y Ángeles Mateos López18, denunciando a la primera de ellas y declarando en contra de la segunda. Por su parte, la también matrona Pilar Montes Villanueva presentó una denuncia el 28 de noviembre de 1939 contra dos de sus compañeras de profesión: Lutgarda Sánchez Hermosa y Celestina López Sevilla19. A Pilar Montes no le debió de gustar demasiado que un grupo de matronas, entre las que se encontraban Lutgarda y Celestina, acompañadas del abogado Jerónimo Mayo, se incautasen del Colegio Oficial de Matronas de Madrid en el mes de julio de 193620, expulsándola a ella de la presidencia. Pero el hecho de que sólo fuesen acusadas dos de las matronas que intervinieron en la incautación indica que existía algún tipo de rivalidad personal entre ellas21. A pesar de que en su denuncia Pilar Montes hizo acusaciones muy graves relacionadas con su propia seguridad personal, y que era delegada de la Falange, la condena fue de tan solo de tres años y un día para cada una de sus rivales22.

Otra de las matronas que se incautaron del Colegio Oficial de Matronas de Madrid, pero que sin embargo fue encausada por motivos más graves, fue Dolores Márquez Méndez. Estaba afiliada a la CNT desde 1927 y antes de la guerra había conseguido el puesto de matrona en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. Soltera y sin hijos, no dudó en enrolarse en el batallón «Águilas de la Libertad» según consta en su causa23. Fue apresada cuando regresó de Francia, país al que había huido. En este caso, la declaración de Pilar Montes, incluida en el expediente, fue bastante favorable, a pesar de afirmar que era izquierdista de ideas exaltadas. Fue condenada a doce años de prisión. Sin embargo no se ha localizado su ficha penitenciaria en el AGA ni el expediente de la Comisión Central de Examen de Penas, aunque gracias a un familiar informante (Carmen García Redondo) que nos aportó su certificado de defunción, sabemos que falleció de un cáncer gástrico en Madrid el 24 de diciembre de 1968.

Las actas de acusación no se centraban en un solo argumento que demostrase la culpabilidad de las personas encausadas, sino que a través del mayor número de testimonios e investigaciones intentaban acumular todos los «crímenes» posibles que se les pudiesen imputar. Incluso actos caritativos, como ofrecerse profesora voluntaria en los campamentos republicanos que se organizaron para alejar a la infancia de los bombardeos fue considerado un delito24. Algunos de los argumentos utilizados en las actas de acusación en contra de las matronas estaban relacionados directamente con las peculiaridades de su puesto de trabajo. Al tener acceso al domicilio de las parturientas que iban a atender, eran testigos de ciertos hechos que, de ser denunciados ante la autoridad republicana, podían traer consecuencias negativas para los residentes en dicho domicilio. En una de las dos causas que se instruyeron contra la matrona almeriense Isabel Hernández Aguilar, el delito imputado fue, además del de estar casada con el «célebre comisario de policía rojo Lorenzano del Águila», provocar la detención de algunos clientes de ideologías derechistas por «escuchar las Radios Nacionales» en sus casas. A pesar de que no se pudo determinar en el juicio si hubo una intención manifiesta de denunciar o tan solo una simple imprudencia al comentarlo en su casa, fue condenada a seis años y un día de prisión mayor, pena que no le fue conmutada cuando se revisó su condena en 194325. Seis años y un día de prisión mayor también fue la condena que recayó sobre la matrona catalana Federación Martínez Nadal. En este caso la acusación estaba relacionada con la denuncia presentada por ella en la comisaria sobre el escondite de un sobrino de un militar del ejército rebelde, que posteriormente fue asesinado. La comisión de examen de penas también decidió en este caso mantener la condena original26.

Al menos dos matronas fueron condenadas a muerte en los respectivos juicios que se celebraron contra ellas. Una de ellas, la matrona y practicanta madrileña Ángeles Mateos Díaz, fue condenada a la pena capital por haber cometido un supuesto delito de «Auxilio a la rebelión». Según la acusación, cuando acudía a atender un parto se encontró a un herido víctima de «un paseo» y en lugar de auxiliarle fue a buscar a unos milicianos pertenecientes a la checa instalada en la plaza de toros de Tetuán para que le rematasen. La acusación provino de dos de sus compañeros de trabajo en la casa de socorro de Chamartín de la Rosa: la también matrona Enriqueta García Fernández y el practicante Pelayo Rubio González27. Probablemente se tuvo en cuenta como agravante el que Ángeles se jactase ante los compañeros de que, de haber llevado consigo la pistola que solía usar, ella misma hubiera rematado al herido. Tras más de tres meses de estar «en capilla», la pena de muerte le fue conmutada por la inmediatamente inferior 30 años de reclusión mayor, sin conseguir la conmutación solicitada en 1943, dada la gravedad de los hechos que se le imputaban. Tras cumplir 7 años de condena, salió de la prisión de Valladolid el 21 de julio de 1946 en libertad condicional pero con la imposición de pena de destierro28. Aunque intentó que le fuese levantado el destierro para poder volver a Madrid, ya que aducía no tener medios de subsistencia, se le denegó su solicitud. El 2 de diciembre de 1947, tomo posesión de una plaza de practicante interino en la localidad de Tordesillas y en 1950, finalmente, volvió a ejercer como matrona cuando consiguió una plaza de dicha categoría en la villa de Arévalo29.

La otra matrona condenada a muerte fue Soledad Ruiz Hernando30, que ingresó en la prisión de Amorebieta, procedente de la de Las Ventas, el 28 de septiembre de 1939. Sus cargos fueron pertenecer a la UGT desde 1934 y a la entidad «Salud y cultura» de la Casa del Pueblo de Madrid desde mayo de 1936. Pero lo que más agravó su sentencia fue el hecho de estar afiliada al partido Comunista de la que fue secretaria del sector oeste, cargo en virtud del cual habría solicitado a un portero la filiación política de todos los vecinos de la casa. Todos estos factores, unidos a la intensa propaganda marxista que supuestamente realizaba, la convertían en una «mujer peligrosa»31. Al igual que Ángeles Mateos, la pena capital le fue conmutada inicialmente por la de prisión perpetua, establecida en treinta años y un día. La comisión Central de Examen de Penas dictaminó el 29 de diciembre de 1943 que su condena pasase de treinta a veinte años de reclusión menor. Fue puesta en libertad condicional el 18 de marzo de 194432, pero no tardó en ser nuevamente detenida por su actividad política en la postguerra.

Josefa Martínez López fue una matrona madrileña que tuvo peor suerte que las compañeras mencionadas antes y condenadas a muerte. Sin haberse iniciado el juicio contra ella, murió en la prisión de Ventas en 1940. Su detención fue motivada por la denuncia presentada por el médico Jesús Castro Fernández en la dirección General de Seguridad el 22 de junio de 1939. La denuncia iba dirigida contra 16 trabajadores de la Sociedad de Asistencia Médica «La Equitativa», entre los que se encontraban tres matronas, siete practicantes, cuatro médicos y dos empleados de la oficina. Según se recoge en la denuncia33, todos ellos formaron parte del comité de incautación y expulsión de personal constituido en 1936. Las matronas que pertenecían a dicho comité eran la propia Josefa Martínez López y otras dos compañeras llamadas Consuelo Pastor Ferrer y Rosario Giménez Muñoz. Josefa no negó en su declaración haber pertenecido al comité, aunque si expuso que lo hizo obligada por la presidenta del Colegio de Matronas, Celestina López Sevilla, y que como ninguna matrona fue expulsada de la sociedad por su orientación política, no tuvo que intervenir.

Josefa estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Ventas desde el 28 de junio de 1939 hasta su fallecimiento ocurrido el 16 de febrero de 1940. En su acta de defunción consta que la causa de su muerte fue una hemorragia cerebral, eufemismo utilizado habitualmente en los certificados de defunción de las personas fusiladas o fallecidas a causa de los violentos interrogatorios que tenían lugar en las cárceles (Vinyes, 2004, pp. 84-85). Otro detalle significativo es que en su certificado no aparece como ingresada en prisión, sino como domiciliada en la calle Marqués de Mondéjar número seis, que era donde estaba ubicada la cárcel, puntualizando dicho certificado que murió en dicho domicilio. Fue enterrada en el cementerio de la Almudena en una fosa común situada en cuartel nº 97, manzana 35, letra A y su cuerpo era el número 7. El más que probable asesinato de Josefa Martínez López es una demostración de la arbitrariedad que existía en las cárceles y en la administración de justicia de la postguerra. Mientras ella pagó con su vida, otra matrona acusada de los mismos cargos, Consuelo Pastor Ferrer, recibió una condena de tan sólo tres años de prisión menor y las accesorias correspondientes34.

Tras la pena capital, la condena a prisión perpetua, treinta años de reclusión, era la siguiente en dureza. Purificación de la Aldea y Ruiz de Castañeda, Carmen Navarro Sánchez y Trinidad Gallego Prieto fueron tres matronas condenadas a prisión perpetua en los respectivos juicios que se siguieron contra ellas. Varios eran los delitos que se le imputaban a Purificación de la Aldea y Ruiz de Castañeda: Haber sido funcionaria en la prisión de Ventas35 y nombrada jefe de los servicios de la prisión «durante la dominación roja», siendo muy dura con la presas que estaban a su cargo; estar afiliada al Partido Comunista; pertenecer a «los amigos de la Unión Soviética» y usar pistola, que era una de las acusaciones más graves36. Tras serle rebajada la condena a veinte años un día con las accesorias de interdicción civil e inhabilitación total37, fue puesta en libertad condicional el 11 de julio de 194438. Aunque en su ficha penitenciaria no aparecen más datos sobre nuevos ingresos en prisión, parece ser que fue nuevamente detenida en 1958 por su trabajo en la resistencia clandestina contra la dictadura (Cuevas Gutiérrez, 2004, p. 507)39. En 1969, Purificación de la Aldea recibió la siguiente carta escrita por Dolores Ibárruri, entregada por mediación de Tomasa Cuevas y que fue reproducida en uno de sus libros (Cuevas Gutiérrez, 2004, p. 508):

El obsequio era un broche que, a decir de Tomasa Cuevas, Pura de la Aldea besó como si besase a Dolores mientras lloraba de emoción y de alegría.

Por su parte, Trinidad Gallego Prieto, aunque era matrona y estuvo involucrada en los sucesos del Hospital Clínico de Madrid, fue juzgada inicialmente por delitos que nada tenían que ver con su profesión. Durante la guerra vivía con su madre y su abuela, que eran las porteras del número 10 de la calle del Marqués de Villamagna. Las tres mujeres fueron acusadas de haber denunciado a uno de los vecinos de su casa que fue posteriormente asesinado40. Su condena inicial de cadena perpetua fue conmutada por la de doce años de prisión mayor41. Tras realizar el que ha venido a llamarse «turismo penitenciario» por las prisiones de Amorebieta, Las Ventas y San Isidro42, fue puesta en libertad el 18 de mayo de 1943. Sin embargo, volvió a prisión en enero de 1947, siendo excarcelada definitivamente el 23 de julio de 194943.

Otra de las matronas funcionaria de prisiones, Catalina Mayoral Arroyo, a la que se le abrieron dos expedientes judiciales, era considerada la «mano derecha» de Dolores Ibárruri «La Pasionaria»44. Su juicio estuvo lleno de contradicciones, llegándose a dictar tres sentencias diferentes, cada vez más duras por la aparición de nuevos cargos45. Las acusaciones fueron múltiples, además de pertenecer al partido comunista, se la acusaba de haber disfrutado de puestos de responsabilidad durante la guerra, como los de vocal de la Junta del Patronato de Santa Cristina46 y ser nombrada inspectora de los dispensarios de salud infantil de Madrid y Castilla La Mancha, donde había puesto espías a los profesionales sanitarios «de derechas». Hasta 19 personas testificaron en su contra, en un despliegue inusitado de testigos que demostrasen su culpabilidad. A su favor presentó una declaración del marido de una prisionera de derechas llamada Matilde Pompey, a la que donó 500 gramos de sangre para salvarle la vida tras la fuerte hemorragia que sufrió tras su parto en prisión. Finalmente, fue condenada a la pena de doce años y un día de reclusión menor. En julio de 1940 se le redujo la pena primitiva por la de tres años de prisión menor, mientras que, como todos los otros casos de conmutación, las accesorias de la pena primitiva se mantuvieron47.

Un grupo especial de matronas fue sin duda el de aquellas que fueron juzgadas por el Tribunal de Represión contra la Masonería y el Comunismo. A pesar de que las logias masónicas habían sido tradicionalmente vedadas a las mujeres, algunas matronas constan entre las escasísimas mujeres que consiguieron ser aceptadas en alguna de estas organizaciones48. Este dato es fundamental a la hora de comprender que, a pesar de estar dedicadas a una de las profesiones que tradicionalmente se consideraban «aptas para el bello sexo», no se trataba de mujeres convencionales que asumían el rol que el patriarcado les había asignado. Entre ellas se encontraba Amparo Valor Hernández, que tras superar numerosos obstáculos consiguió ser miembro de las logias «Democracia» y «Ruiz Zorrilla», ambas situadas en Barcelona, donde llegó a alcanzar el grado segundo y el cargo de «Oradora». Fue condenada de un delito consumado de masonería ante el Tribunal para la represión de la Masonería y el Comunismo el 14 de octubre de 1941. La sentencia fue de 12 años y un día de reclusión menor y las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua49.

Junto a los ideales izquierdistas, con la consecuente afiliación o no a un partido o un sindicato, los motivos que se esgrimían en las actas de acusación eran variados. Los delitos contra la religión eran considerados especialmente graves. La matrona Consuelo Acosta Nogales fue condenada a veinte años de reclusión menor e inhabilitación a perpetuidad acusada de haber formado parte de la turba que asaltó el convento de Villaverde, destrozando objetos sagrados. Su condena fue mantenida cuando se revisó su pena en julio de 194250. En varias ocasiones las acusaciones se basaban en supuestas declaraciones en contra de la religión: Luisa Planas Vendrell fue acusada de haber aplaudido la destrucción de los confesionarios, lo que evitaría, según ella, que se siguieran cometiendo «disparates en aquellos aparatos»51 y Carmen Navarro Sánchez, además de asaltar lugares de culto y apropiarse de objetos religiosos fue acusada de haber asegurado atender a varias monjas en sus partos52. Estos ataques contra el clero eran inadmisibles, teniendo en cuenta de que constituían una pieza esencial para la dictadura franquista, en su afán de reinstaurar en la postguerra la moralidad supuestamente perdida durante la República. Por su parte, a Rosario Acosta se la acusaba de hacer propaganda en contra del «Glorioso Movimiento Nacional» en los recitales de poesía a los que acudía y de ser la autora de una poesía titulada «Los criminales de la Sublevación Fascista» publicado en el diario Lucha. Su habilidad literaria le costó una pena de doce años y un día, que no le fue conmutada cuando solicitó su revisión ante la Comisión Provincial de Examen de Penas de Almería53.

El caso de Elvira Martínez Muñoz es el ejemplo de lo que el régimen franquista podía considerar una «mala mujer». Una de las acusaciones fue que «profetizó los asesinatos de D. José Lluesa Plasencia y de D. Abelardo Fernándiz Alonso», como si se tratase de una bruja moderna sometida al poder inquisitorial del régimen franquista. En su domicilio, supuestamente, se habían decidido las muertes de varios de los vecinos más de la localidad de Silla, Valencia. También se recogían en las declaraciones de los testigos los «rumores públicos» sobre ella: «Es rumor público tuvo relaciones ilícitas con el vecino de ésta llamado Germán Sanchís y es fama que referida Elvira dispuso la muerte de éste para vengar el abandono de que había sido objeto por parte de aquel»54.

En la otra causa que se abrió contra ella se añadía: «El rumor público la acusa de dedicarse a hacer abortar a las jóvenes»55. Aunque no se aportaban pruebas al respecto, la intención de los acusadores era evidente. Se trataba de ofrecer una imagen de depravación moral de la rea que endureciese su condena. Elvira Martínez intentó defenderse explicando que, precisamente, el haber estado en posesión durante años de un oscuro secreto profesional relativo a Concha Catalá, que era quien la había denunciado, era el motivo de que hubiese «inducido a la Catalá a suscitar contra mí tamañas insidias». Elvira Martínez fue condenada a 12 años y 1 día de reclusión menor.

Las matronas más afortunadas de entre todas las procesadas fueron aquellas que obtuvieron el sobreseimiento de su causa. A Enriqueta Pujol Domingo se le instruyó un sumario en el Tribunal de Represión Contra la Masonería y el Comunismo acusada de ser masona. Sin embargo, al no encontrarse suficientes pruebas que avalaran el dato, su causa fue sobreseída (Ortiz Albear, 2007, p. 320). Otras matronas declaradas sin responsabilidad tras las diligencias previas fueron: Ramona Rodríguez Toraño56, Rosa Rivas Solano57 y Eufemia Llorente de Domingo58. No obstante, hasta conseguir ser puestas en libertad la mayoría de ellas tuvieron que pasar una larga temporada en prisión preventiva. A pesar de haber obtenido la sentencia absolutoria, las condiciones de hacinamiento, falta de higiene y penalidades que debieron sufrir y que han sido documentadas ampliamente en diversos trabajos (Hernández Holgado, 2003; Vinyes, 2002; Rodríguez Teijeiro, 2011) debieron dejarles una profunda huella. Es difícil establecer cuáles eran las circunstancias diferenciales que conducían a una sentencia condenatoria o a una absolución. Entre las absueltas aparecen varias matronas que durante la guerra fueron asimiladas por el ejército republicano a los grados de alférez o teniente.

Está claro que muchas matronas fueron presas políticas, lo cual, en nuestra opinión, contradice algunas generalizaciones anteriores como que una matrona presa en las cárceles franquistas «lo más probable es que no esté encarcelada por delitos políticos, sino por algún delito relacionado con prácticas abortivas» (Aragües Estragués, 2011).

Como ya se ha señalado, muchas matronas tenían además otras titulaciones, como la de practicanta o enfermera. En la mayoría de los trabajos que hacen referencia a la formación o profesión de las reclusas, las matronas están incluidas dentro del grupo genérico de «enfermeras»59. Esta generalización no es más que una demostración del tratamiento histórico que se ha dado, y en algunos casos se sigue dando hoy en día, a la figura de la mujer y a sus peculiaridades, una variante de su secular invisibilización. De hecho, el trabajo de enfermeras y matronas era, y sigue siendo hoy en día, muy diferente60. Mientras las enfermeras conviven cada día con la enfermedad y la muerte, la materia prima del trabajo de una matrona es la promesa de vida que supone cada nacimiento. Esta distinción es importante a la hora de entender el reajuste que debieron sufrir estas profesionales, que durante su condena prestaron sus servicios en las enfermerías del sistema penitenciario de la postguerra. No solo debieron de ser testigos de la mayoría de las atrocidades que se cometían contra las reclusas61. Incluso la alegría que la mayoría de los nacimientos lleva implícita en otras circunstancias, se transformaba en dolor dentro de los muros de la prisión. La mayoría de los bebés que nacían en las cárceles morían al poco tiempo debido a enfermedades contagiosas (Cuevas Gutiérrez, 2006, p. 179). La malnutrición que caracterizó a la población reclusa también debió afectar a la producción y calidad de leche materna de las madres y sus consecuencias se hicieron sentir en la población infantil según se recoge en algunos estudios (Ugarte Lopetegui, 2011, pp. 267-280).

En el testimonio que tomó Tomasa Cuevas a Trinidad Gallego Prieto, y que aparece en dos de sus libros (Cuevas Gutiérrez, 2006, pp. 179-184; Cuevas Gutiérrez, 2004, pp. 757-762), hay diversas referencias al trabajo que desarrollaban las matronas en la cárcel:

En realidad Catalina Mayoral, de la que se ha hablado con anterioridad, si era matrona profesional y de hecho había obtenido su título de matrona nueve años antes que Trinidad Gallego62. Incluso había trabajado como funcionaria de prisiones en la antigua prisión de mujeres de la calle Quiñones, antes de que las presas fuesen trasladadas a la flamante prisión de Ventas, cuya construcción había sido impulsada por Victoria Kent.

«La prisión de Madres Lactantes», también denominada «La maternal de San Isidro» fue inaugurada el 17 de octubre de 1940 en un pequeño hotel situado en la Carrera de San Isidro (Yagüe Olmos, 2007, p. 97). Se trataba de dar una solución a la masificación de Ventas, trasladando a aquella prisión a todas las reclusas con menores a su cargo. La solución hubiera sido idónea de no ser porque de su dirección se encargó María Topete, que aplicó una férrea disciplina que incluía la separación de madres e hijos durante la mayor parte del día. Este hecho, junto a la escasez y mala calidad de los alimentos, hacía insoportable la vida en este pequeño centro63. Afortunadamente, la prisión de San Isidro no permaneció muchos años abierta, siendo clausurada el 3 de septiembre de 1945 (Yagüe Olmos, 2007, p. 102). Ese mismo año, para sustituirla, se creó un departamento especial en Ventas que llegó a denominarse «Prisión Central de Madres Lactantes».

Otra de las cárceles donde se habilitó un módulo maternal fue en la prisión de Saturrarán. En las fichas penitenciarias conservadas en el AGA aparece, en algunos casos, parte del recorrido penitenciario de las reclusas que incluían estas prisiones maternales. Trinidad Gallego aparece como trasladada a San Isidro el 23 de diciembre de 1942, Ángeles Mateos ingresó en Saturrarán el 25 de noviembre de 1940, muchas otras pasaron por la prisión de Ventas. A pesar de que la mayoría de trabajos que tratan sobre la represión femenina abordan la redención de penas por el trabajo, hay pocos datos sobre dicha redención de presas con titulación sanitaria.

Lo desorbitado de las condenas, que en la mayoría de los casos no establecían correspondencia entre los supuestos delitos cometidos y las penas impuestas con arreglo al Código de Justicia Militar, hicieron que las cárceles estuvieran abarrotadas al poco tiempo de finalizar la Guerra Civil. Ante esta situación, las autoridades franquistas, temiendo situaciones de descontrol, amotinamientos o epidemias, fueron creando sistemas de descongestión de los centros penitenciarios (Moya Alcáñiz, 2009, p. 9). Se promulga, entonces, la Orden de 25 de enero de 1940 constituyendo en cada provincia una Comisión que se denominará de «Examen de penas» (BOE, 26-I-1940).

La Orden obligaba a la constitución en la capital de cada provincia, y en un plazo de ocho días, de una Comisión que se denominaría de «Examen de penas» que se encargaría del examen de oficio de los fallos dictados por los Tribunales Militares en los sumarios que se hallasen archivados en la provincia respectiva. Cada una de estas Comisiones debía estar formada por un Jefe del Ejército, un funcionario jurídico militar con categoría no inferior a capitán y un funcionario judicial. Sus propuestas debían ser elevadas a las Autoridades judiciales militares, quienes, a su vez, elevarían las propuestas de conmutación al Ministerio de quien dependiera la causa examinada.

El hecho de que la mayoría de penas fuesen conmutadas, por otras menores, o incluso por la exención, sería un indicio de la arbitrariedad con que se llevaron a cabo los consejos de guerra, imponiendo penas desorbitadas para el delito supuestamente cometido (Egido León, 2009, p. 135). Sin embargo, en el caso de las matronas, muchas de las condenas originales fueron mantenidas. Cada comisión provincial de examen de penas podía proponer una reducción de la condena, o ratificar la pena primitiva. Así, la Comisión Provincial de Examen de Penas de Almería decidió ratificar la condena de Rosario Acosta Núñez, de doce años y un día de reclusión temporal y pena accesoria de inhabilitación absoluta, al estimar que no había ningún artículo que se le pudiera aplicar para rebajarla64. En algunos casos, tras concederse una reducción de pena por dichas comisiones provinciales, la Comisión Central de Examen de Penas denegaba la conmutación, por considerar que los delitos eran lo suficientemente graves para mantener la condena inicial. Eso fue lo que pasó a varias matronas como Luisa Planas Vendrell65 o Consuelo Acosta Nogales66.

El 9 de octubre de 1945 se aprobó un decreto concediendo el indulto total de la pena a todas las personas aún encarceladas por los delitos de rebelión militar anteriores al 1 de abril de 1939 (B.O.E. 20/10/1945). La redacción del decreto estuvo propiciada tanto por cuestiones de reorganización económica y administrativa de la dictadura como por la finalización de la guerra mundial, unos meses antes, con la consiguiente caída del fascismo en Europa, lo cual ponía a España en una posición delicada respecto al bando vencedor (Vinyes, 2002, p. 29). Para poder disfrutar de los beneficios del indulto, era condición indispensable que en las condenas no concurriesen hechos relacionados con actos de crueldad, muertes, violaciones, profanaciones, latrocinios o cualquier otro hecho que pudiera ser considerado como «repugnante». Gracias a este decreto pudo salir en libertad la matrona Rosario Acosta Núñez, a la que previamente le había sido denegada la conmutación de su pena por la comisión provincial de penas de Almería. La denegación de la conmutación está fechada el 12 de mayo de 194467. Sin embargo, el hecho de que no le fuera indultada la pena accesoria, que consistía en la inhabilitación absoluta durante el tiempo que durase la condena principal, probablemente impidió que la matrona se reincorporase a su actividad laboral al salir de prisión, con las correspondientes dificultades económicas que ello debía implicar para aquellas personas que intentaban rehacer su vida después del horror vivido durante su estancia en prisión68.

En la tabla anexa se recogen las condenas que recayeron sobre un buen número de matronas tras la conclusión de la Guerra Civil. Además de señalarse el lugar donde ejercían la profesión, se apuntan las conmutaciones que se aplicaron a las mismas, si es que las hubo, así como las principales acusaciones que se vertieron sobre cada una de ellas.

Muchas mujeres fueron juzgadas y condenadas tras la guerra civil por ser familiares o amigas de «elementos sospechosos» para el nuevo régimen político. Sin embargo, en el caso de las matronas, la represión se ejerció, en la mayoría de los casos, porque ellas tomaron parte activa en el conflicto. De hecho en muchas de las acusaciones aparece que el acto de que las culpaba había sucedido en el transcurso de su actividad laboral. La pertenencia a partidos o sindicatos de izquierdas fue otra de las razones que convirtió a algunas matronas en víctimas de la represión de la postguerra.

El interés por estudiar a la figura de la matrona durante la guerra y la represión franquista ha estado motivado por sus características singulares dentro de los grupos femeninos de la sociedad española. Se trataba del único colectivo, exclusivamente femenino, que tenía mayores niveles de estudio que la población general a finales de los años 30 del siglo XX. Al igual que maestras y maestros fueron personas consideradas especialmente peligrosas para la dictadura franquista por su posible influencia sobre las mentes infantiles, las matronas también podían encuadrarse dentro de este grupo de personas dañinas para la dictadura. Al ocuparse de la salud reproductiva femenina, su influencia sobre las mujeres era muy importante y podía constituir un riesgo para la moralidad de la población. Por otro lado, las matronas no eran el ejemplo de mujer sumisa que constituía el ideal del patriarcado. Al tener un trabajo independiente que les proporcionaba ingresos, muchas podían permitirse no estar sometidas al yugo conyugal. Algunas de las matronas que aparecen en esta investigación estaban solteras o divorciadas. Otras, debido a la posibilidad de estar involucradas en casos de abortos provocados y técnicas de control de natalidad, eran consideradas aún más dañinas para la regeneración española buscada por el nuevo régimen que se instauró en España tras la guerra.