Hace más de un cuarto de siglo, Agustín Rubio Vela (1984) analizó la economía de los hospitales valencianos y puso de relieve como su patrimonio jugó un papel importante en la financiación de la ciudad de Valencia mediante la compra de censales, entre otros productos financieros. Durante la misma década, Terradas (1984, 2005), Ferrer Alòs (1979, 1983, 1987), Peset & Graullera (1979) y Tello (1986, 2004) exploraron el papel de los censales en la financiación de la Iglesia y de los beneficios eclesiásticos en la Corona de Aragón. El censal —esto es, la adquisición de una renta tal y como se detallará más adelante— fue una de las principales figuras para la inversión de capitales procedentes de legados, donaciones u otros. La aplicación del resultado de los trabajos citados al caso del Hospital de Valls en Cataluña (Comelles et al., 1991a)2, sugirió la hegemonía de la financiación censalista en los hospitales locales del Principado (Comelles et al., 1991b), algo que va siendo ratificado por estudios posteriores, demostrando que dicha preponderancia incluso se perpetuó más allá del final del Antiguo Régimen3. El uso del censal conduce a preguntarse por las razones de su uso masivo y a relacionarlo no solo con el significado económico del hospital sino también con su significado social y cultural en la Cataluña medieval y moderna4.

Para ello compararemos la documentación de Valls, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, la Santa Creu de Barcelona5 junto a otros hospitales locales, con el objeto de desarrollar las bases de un modelo hegemónico de economía política del sistema hospitalario catalán del Antiguo Régimen y su articulación posterior con la economía capitalista.

La red de hospitales locales en Cataluña es muy densa desde la Baja Edad media. El inventario de la Generalitat republicana durante la gestación de la Llei de Bases de la Sanitat Catalana, en 19346, demuestra que tres desamortizaciones (Godoy, Mendizábal y Madoz) no solo no liquidaron el dispositivo asistencial, sino que las instituciones provinciales, derivadas de la Ley de Beneficencia de 1849 y del Reglamento de 1852, eran marginales en comparación con las locales7. Que éstas pudieran esquivar las desamortizaciones plantea interrogantes no del todo resueltos que remiten a aspectos específicos de las relaciones entre los hospitales, los poderes locales y el Estado antes y después del Decreto de Nueva Planta y de la codificación legislativa del siglo XIX. A nuestro juicio dicha particularidad se enmarca probablemente en la continuidad de la cultura pactista, en la capacidad política de los municipios y en la condición de fundaciones de derecho privado de esos hospitales locales8, amparada por la continuidad de usos del Derecho Civil de Cataluña9, y que les permitió orillar los intentos de desamortización argumentando su condición de instituciones «privadas».

Tanto es así que en un pergamino recuperado en 2014 y datado a finales del siglo XII, el entonces gobernador del hospital de Tarragona Ponç de Barberà legó un trozo de tierra yerma, propiedad del Hospital de la Seo, en favor de Guillem Maçó y su mujer para que pudiesen trabajarlo y, tras cuatro años, pagasen anualmente la novena parte del pan, vino u otros frutos obtenidos al hospital10. Se trata probablemente de un contrato enfitéutico, y es uno de los primeros documentos conservados que desvela el primitivo funcionamiento económico de los hospitales, un siglo antes de la constitución del propio municipio tarraconense, a finales del siglo XIII. Esto es, la financiación del hospital ya se basaba en una red de intereses destinados a asegurar su mantenimiento. Así pues, entre el siglo XII y el XIX, una amplísima documentación pone de relieve un conjunto de prácticas y una cultura financiera que fue hegemónica en la trama urbana de Cataluña. Tendría como objetivo preservar secularmente los dispositivos asistenciales locales incorporados, como piezas indispensables, en la vida cotidiana y en la reproducción del entramado jurídico, económico, político y cultural del comú11. Sus fundamentos legales proceden de la continuidad del Derecho romano durante la Alta Edad media12, el cual se incorporó como un rasgo cultural e identitario que permitió la confianza en los mediadores jurídicos —jueces, notarios, jurisconsultos— gracias a su auctoritas13 basada en el conocimiento jurisprudencial y en la legitimación de sus actos en la resolución de conflictos a lo largo del tiempo. Esta cultura jurídica explicaría su adaptabilidad a los cambios, entre otros tras la peste de 1348, destinados a resolver la crisis financiera de las instituciones mediante «reducciones», esto es, creando nuevas instituciones y uniendo los patrimonios de las precedentes. En Barcelona, Valencia y Zaragoza (Fernández, 1987) dieron lugar a los tres mayores hospitales de la Corona de Aragón, pero sucede lo mismo en Valls, Sant Feliu de Guíxols o Tarragona, entre otras ciudades de menor tamaño.

El instrumento jurídico fue siempre la fundación, por tanto la persona jurídica, amparada por el Derecho privado. Fundadores, donantes y las Universitats eran conscientes de la necesidad de separar la economía de las fundaciones asistenciales respecto de los presupuestos municipales, aunque los concejales, en situaciones de crisis, consintiesen la aportación de fondos municipales para evitar bancarrotas. La separación de bienes garantizaba que los legados a los hospitales no se desviasen de la intención de los testadores, ni quedasen sometidos al albur de las luchas políticas locales o de la corrupción14. Para combatirlas, los administradores de las instituciones, concejales o miembros de los cabildos, solían ser elegidos por insaculación15. La mayoría procedían de la gentry local16, bastantes tenían formación jurídica puesto que tenían que administrar legados e intereses de sus pares (Comelles, 2006, pp. 44-52).

Frente al poder civil, el papel de los administradores religiosos debe contemplarse por su condición de albaceas de los legados de las comunidades eclesiales, pero también por la de mediadores desde las direcciones espirituales y los púlpitos, cruciales para alentar limosnas, donaciones y legados de las clases más adineradas. Se confunden el compromiso religioso y el civil (Comelles, 2006, pp. 35-37), puesto que el relato sobre el significado de las fundaciones se vincula a la identidad local. Frente a las interpretaciones genéricas basadas en la caridad y la religión para explicar las fundaciones, la documentación de los hospitales citados pone de relieve que su objetivo era mantener a toda costa un dispositivo de asistencia indispensable para la vida ciudadana. Un buen ejemplo es el de Tarragona (Barceló, 2015).

En efecto, desde la Baja Edad Media el dispositivo de atención a la enfermedad o al desvalimiento se inscribió en un modelo de gobernanza —la res publica, en términos de Eiximenis (1927[1385])— bajo la hegemonía del poder civil. Se tradujo en la creación y el mantenimiento de instituciones, obras asistenciales y la generalización de la conductio —les conductes del comú—17 en muchos municipios desde el siglo XIV, con médicos escolásticos, para garantizar su presencia ininterrumpida hasta la creación de los cuerpos de médicos titulares en el XIX.

El Hospital de la Seo tarraconense se fundó en 1171, con un legado de cien maravedíes en el testamento del arzobispo Hug de Cervelló (Villanueva, 1821, p. 265), y el Hospital Nou de Tarragona, de titularidad municipal, pudo ser una realidad en parte gracias a otro de Francisco Gualtriu en 1441 (Miquel & Sánchez, 1959, p. 53). Su conversión en activos financieros fue clave para financiar la acción social a largo plazo y asegurar que las instituciones pasasen a ser rasgos de identidad local (Comelles, 2013b, p. 59). Fue así hasta que el 15 de diciembre de 1464 el Arzobispo tarraconense, Pedro de Urrea, fusionó ambos hospitales en el acta fundacional del nuevo hospital: el de Santa Tecla18. Este es un buen ejemplo que deja entrever que el control sobre el establecimiento era imprescindible para perpetuar la estabilidad local de un modelo político paccionado y a la vez muy frágil. Con el paso del tiempo, esta forma de gobernar y gestionar la cosa pública fue asumida por la población y, el hospital, garante del sistema, se convirtió en rasgo de identidad local.

Las razones que motivaron esa reducción hospitalaria en Tarragona no difieren de las de otras ciudades19 y, en parte, tuvo que ver con el mal estado y los deficientes servicios de los dos hospitales fusionados20. Pretendía optimizar los recursos existentes y reducir gastos mediante la economía de escala de un único hospital. Pero también confluían la guerra civil catalana y la necesidad de la ciudad de acordar con sus acreedores una serie de medidas para evitar la incautación de la hacienda local21. Durante el siglo XV fueron frecuentes estas maniobras para evitar embargos por impagos de la deuda censal (Morelló, 2008). Tarragona, como otras ciudades de la Corona, había hecho lo imposible para reducir su deuda, ponerla bajo control y evitar que se decomisaran las arcas municipales. La espiral de endeudamiento se inició en el siglo XIV y el déficit económico crecía cada año. Los cònsols22 intuían que, tarde o temprano, las arcas municipales harían bancarrota y los acreedores, la mayoría foráneos, embargarían los bienes públicos de la ciudad.

La incautación suponía, en la práctica, que los ingresos fiscales del municipio se emplearan en pagar las deudas en lugar de invertirlos en las necesidades de la ciudad. Éste hecho afectaría, de lleno, a los derechos y patrimonio que el municipio tenía sobre el hospital de la misma titularidad, así como con los del hospital de la Seo, puesto que tanto el Arzobispo como el Cabildo estaban también bajo la lupa de sus acreedores. Se optó por blindar el dispositivo de protección social y semanas antes de la quiebra, que se produjo a mediados de 1465, el Arzobispo, con la anuencia de los cònsols, decidió efectuar la fusión para evitar el embargo de los bienes de los dos hospitales, el municipal y el capitular. En resumen, el embargo de las haciendas y de cuanto fuese de titularidad pública o eclesial, suponía una amenaza seria de pérdida del control sobre la gestión y administración del dispositivo hospitalario. Esto era inadmisible para los poderes locales. El dispositivo hospitalario era, para ellos, una fuente de legitimación y el símbolo más notable de un modelo de acumulación patrimonial muy arraigado en la sociedad catalana, fruto de la regularidad y la constancia en todos los testamentos otorgados de donaciones y legados destinados al dispositivo. Los ciudadanos asumían, implícitamente, una suerte de legítima destinada a las obras asistenciales.

Para los gobernantes tarraconenses, civiles y eclesiásticos, la mayor capacidad financiera e institucional de los hospitales unificados permitiría, en el futuro, su mejor articulación con la política y la economía locales. El hospital unificado, controlado indirectamente por las autoridades, cobijaba a ciudadanos en dificultades, atendía a vagabundos, extranjeros y enfermos, hacía frente a las crisis sanitarias cíclicas y actuaba como institución de crédito (Comelles et al., 1991a, p. 112). En Tarragona, la amenaza del embargo significaba perder el control del patrimonio del hospital, además de la legitimidad ante los ciudadanos, poque destruía la voluntad expresada por los antepasados, en sus testamentos, de aportar legados para el bien y disfrute de la comunidad doliente. De no garantizarse su inviolabilidad, se torpedeaba la línea de flotación del sistema local de protección social. Había, pues, que garantizar que esos legados continuarían usándose con las finalidades expresadas en las últimas voluntades de los testadores, por muy crítica y angustiosa que fuese la situación económica del municipio. Sólo así, blindando a la institución de aleatoriedades políticas y económicas, podría continuar solicitándose a la ciudadanía, y especialmente a sus elites, una contribución a la acción social.

El instrumento jurídico de la fundación permitía responder a retos coyunturales, garantizaba el blindaje de las intenciones de los testadores e impedía injerencias externas. Los administradores seguían estando habilitados para pedir limosnas o donaciones, incluso obligar a los ciudadanos tarraconenses a testar en favor del hospital con cantidades proporcionales a su patrimonio, según fuesen eclesiásticos, homes de paratge23 o ciudadanos de diversa fortuna24.

Tal modelo de gestión, basado en el derecho privado para administrar patrimonios públicos, exigía sistemas rigurosos y profesionalizados de registros contables, de administración y control (López Terrada, 1999), complejos en los grandes hospitales25 y más simples en los locales, dónde un administrador delegado estaba a su cargo y pagaba al hospitaler26 y a los proveedores. Los médicos eran contratados mediante conductes del comú, que reflejan un precoz proceso de medicalización en las ciudades.

La estructura económica de los hospitales catalanes fue muy estable desde las fusiones medievales hasta más allá de las desamortizaciones y los cambios legislativos del XIX. Su financiación se basaba en la capitalización de donaciones en vida, en limosnas y legados testamentarios de bienes muebles e inmuebles, y en su permanente inversión en tres tipos de productos. Para los legados o donaciones de fincas rústicas o urbanas se utilizaron la enfiteusis (censos)27, los censales y más raramente los alquileres. La enfiteusis (cuyas rentas se llamaban censos) y los censales28 eran formas de préstamo legal durante un periodo ilimitado otorgadas bajo escritura notarial y que comprometían a pagar anualmente un interés29. La enfiteusis se aplicaba solo a fincas rústicas, los censales solían gravar fincas urbanas. En caso de cantidades menores, el capital solía retornarse en un plazo de cincuenta a doscientos años (Ferrer Alòs, 1979, p. 39), pues había de ajustarse a lo que el censalista podía pagar sin ir a la ruina30. En Cataluña este modelo de financiación lo utilizaron las instituciones asistenciales y los hospitales con el fin de rentabilizar sus legados, limosnas y donaciones. Aunque se trataba de un préstamo, para evitar la interdicción eclesial de la usura, los contratos simulaban una venta, por la cual el que prestaba «compraba» una renta casi vitalicia. Las diferencias entre enfiteusis, censales y los préstamos hipotecarios o bancarios actuales, son notables: aquellos eran rentas fijas muy a largo plazo que aseguraban ingresos regulares prácticamente vitalicios a quién las había «comprado». Era un producto propio de un contexto caracterizado por una baja inflación y la escasez de alternativas (Tello, 1986, p. 47). La expansión de la enfiteusis y de los censales en la Cataluña moderna hizo posible la existencia de una amplia gentry que dependía de esas rentas junto con los alquileres o los servicios profesionales, puesto que parte de ella eran juristas o médicos. Esta gentry fue una relativamente amplia ruling class compuesta por ciutadans honrats, una parte de cargos eclesiales seculares —los beneficiats—, profesionales, mercaderes y artesanos. Sus excedentes los desplazaban hacia ese mercado financiero por su seguridad a largo plazo y el escaso riesgo de la inversión, garantizado por un paraguas legal y una cultura jurídica que aceptaba la mediación profesional de los conflictos.

La financiación regular de las fundaciones asistenciales se basó hasta el siglo XIX en esas rentas a las que se añadían ocasionalmente subsidios reales o ayudas de los municipios. A veces, la monarquía o el ayuntamiento les concedían el monopolio de loterías, rifas u otros privilegios como los teatros. Como los hospitales debían acoger sin límites a los demandantes de ayuda, se esperaba de sus familias, especialmente las de los locos internados, hacer aportaciones económicas para su mantenimiento si disponían de recursos.

A finales del siglo XVIII, el Ejército y la Armada empezaron a pagar por día de estancia de soldados y marineros a los hospitales. En Tarragona los primeros pagos por estancia fueron consecuencia de la R.O. del Marqués de la Ensenada de 13 de noviembre de 1748 (Adserà, 1994, p. 26). Con dicha pragmática la Monarquía instauró una nueva manera de financiar la prestación de servicios asistenciales que compensaría en el futuro el aumento del gasto corriente fruto de la implantación de la economía capitalista.

Esta estructura jurídica y económica desarrollada en el Principado no varió, sino que se adaptó, a los cambios legislativos posteriores al Decreto de Nueva Planta y a la centralización de códigos legales (Vilar, 1964-68; Lluch, 1974). En una España, ideológicamente centralista, esto es un particularismo histórico que se puede explicar por las complejas relaciones paccionadas entre las clases dirigentes y el poder municipal en Cataluña y el Estado (Torras Ribé, 2003; Comelles, 2006). Para explicarlo utilizaremos los casos de tres hospitales locales en ciudades pequeñas como Valls, Sant Feliu de Guíxols y Tarragona, en contraste con el hospital de la Santa Creu de Barcelona.

En la capbrevació31 de 1605, el Hospital de Sant Roc en Valls, una ciudad de unos 2.000 habitantes, poseía más de 86 Ha (212 acres) de fincas rústicas y 25 casas, edificios y granjas32. La mayor parte del patrimonio rural estaba invertido en enfiteusis, censales o alquileres. Los ocho censos enfitéuticos, rendían un promedio anual de 19’37 sous —casi una libra catalana— mientras que los 58 censales menos de 2’65 sous. Un 50,61% de todos los ingresos del hospital procedían de los ocho censos y es fácil comprender que la institución prefiriese invertir en ellos los legados en metálico.

En Sant Feliu de Guíxols, provincia de Gerona, la situación era más exagerada. Entre 1728 y 1735, los censos representaban el 93’4% de los ingresos ordinarios del hospital (Borrell, 2015, p. 16), una ratio muy elevada si se la compara con hospitales fuera de Cataluña donde solía estar por debajo del 10% (Carasa, 1988). A finales del XVIII, con los intereses al 3%, aún representaban el 80% de sus ingresos regulares (Borrell, 2015, p. 21). Aún en la primera mitad del siglo XIX, en la Cataluña capitalista, esas rentas en seis hospitales catalanes suponían más de la mitad de sus ingresos ordinarios33.

El empecinamiento de los administradores de los hospitales catalanes en este tipo de rentas, solo puede explicarse por la combinación de confianza y seguridad económica y jurídica a largo plazo que ofrecían para asegurar el gasto ordinario de las instituciones, incluso con la reducción de sus intereses. Las limosnas ocasionales juegan un papel secundario. Los hospitales grandes34, en cambio, podían comprar el censal de la ciudad cuando ésta necesitaba financiación35, nunca los pequeños. Estos podían comprar censales a particulares que necesitaban capital para financiar gastos, deudas o urgencias derivadas de las crisis de subsistencias más que de necesidades de producción.36 Estas necesidades solían ser ocasionales como atender gastos funerarios, pagar el testamento o una dote o adquirir casas, corrales o tierras. Otras eran cíclicas y explican los déficits crónicos y estructurales que convertían a los sectores populares en deudores permanentes de esas instituciones (Ferrer Alòs, 1987, p. 8). Quizás por ello los notarios, en las escrituras de censales, no solían registrar las razones de las demandas relacionadas con la pobreza, la incapacidad de consumo y los problemas de subsistencia.

A pesar de competir en el mismo mercado, el Hospital de Valls colocaba más censales que los beneficios eclesiásticos próximos pero con rentas más bajas que las de éstos.

Según Amelang (1986, p. 24) la demanda de tierras por parte de los artesanos en Cataluña era constante, puesto que les permitía presentarse ante sus vecinos como propietarios (Amelang, 1986, p. 208), y podían financiarlas con censales. La amplitud y la diseminación del mercado de censos y censales colocó a los hospitales en una posición estratégica dentro del sistema crediticio y su embodiment37 entre la población fue total. Tanto es así que aquellos que habían tomado créditos del hospital también hacían donaciones en forma de consigna38 de tierra o de censales39.

A pesar de las apariencias, la economía censalista catalana no era estática, sino una telaraña de transacciones e intereses que se supo adaptar a los cambios económicos. Su estabilidad derivaba de sus garantías jurídicas y de la conciencia por parte de los administradores de que si no se respetaba de modo perenne el objetivo de las donaciones y legados, muchas veces establecidos en las últimas voluntades del testador, sus descendientes no dejarían de reclamar su retrocesión.

La red de la economía censalista se basaba, en buena parte, en mediadores locales, sobre todo notarios, en arenas sociales locales, entre ciudadanos que compartían un conocimiento profundo de los usos y costumbres jurídicos locales. Nada parecido al anonimato del crédito capitalista bancario.

Desde el punto de vista local hay diferencias sustanciales entre el censalista privado, el beneficiado eclesiástico y el hospital. El primero podía aparecer como un escanyapobres40, al segundo le legitimaba su condición religiosa y de mediador espiritual, mientras que los hospitales prestaban pero también acogían físicamente a las clases populares en situaciones de crisis. Por eso nos cuesta aceptar la idea del censal como forma de extorsión y preferimos la del censal como forma de redistribución y aseguramiento. Si la donación o el testamento permitían la capitalización del hospital, la economía censalista permitía mantenerlo y asegurar sus prestaciones en una sociedad ajena al aseguramiento capitalista o mutualista posterior. Tanto es así, que la telaraña censalista desbordaba los límites del término municipal en donde se ubican los hospitales, poniendo de relieve, en los hospitales locales, un hinterland41 comarcal de intereses compartidos, muy visibles en Valls, Sant Feliu o Tarragona; y que en la Santa Creu de Barcelona —un hospital de referencia—, desbordaba los límites del Principado, hecho que explica la complejidad de sus ingresos.

La concentración de patrimonio en torno a los hospitales era una estrategia económica, política y social de la cual no conocemos todavía el cuadro completo. Intuimos un papel en la regulación del mercado inmobiliario, puesto que, aunque había legados inalienables, la documentación pone de relieve que el saber jurídico de las administraciones les permitía tomar censales o censos, efectuar permutas y otras prácticas de compra y venta documentadas por la fe pública, en los límites de las cláusulas de los legados mediante una interpretación flexible del Derecho (Comelles, 2006, pp. 40-158). A su vez, la telaraña censalista y de intereses financieros de los hospitales ponía también de relieve su papel en la vertebración de la res pública local en la medida que, junto al mecenazgo de la gentry, los protocolos notariales conservan miles de testamentos de las clases populares con recursos modestos a las instituciones. Tanto es así que los notarios catalanes consideraban esos legados «de algo» para el hospital, una clàusula d’estil42. «Algo» podían ser unos sous o simplemente un colchón. «Algo» es la forma como se expresa la participación del conjunto de la ciudadanía en el regiment de la cosa pública cuando se tiene asumida e interiorizada una cultura jurídica y política que permite confiar en el buen destino de su legado y que expresa la conciencia de una responsabilidad colectiva en relación al comú y, especialmente, a los colectivos más vulnerables.

Esta conciencia local del valor del dispositivo asistencial catalán explica, desde finales del XVIII, la resistencia de los municipios a las desamortizaciones o a los intentos de desmontar los dispositivos hospitalarios locales para transferirlos a hospitales del corregimiento o provinciales. Las resistencias expresan la negativa a perder un servicio de proximidad frente a una institución lejana, y la consciencia de que el patrimonio asistencial es el fruto de un compromiso secular de la ciudadanía.

Cuando los Borbones redujeron los intereses de censos y censales al 3%, los ingresos ordinarios de muchos hospitales locales sufrieron mermas de hasta un 40%. Los Borbones querían castigar a los rentistas menos afectos a la dinastía, pero la medida afectó sobre todo a los hospitales locales. Les supuso refinanciar inversiones lo que se tradujo, básicamente, en la luición de censales y la obligación de diversificar sus inversiones (Ferrer Alòs, 1987, p. 493). En la segunda mitad del XVIII, la especialización de los hospitales locales y la necesidad de nuevos reglamentos que se adaptaran a las medidas técnicas, supusieron un incremento del gasto corriente de farmacia y médicos y, también, del aumento de la demanda de internamiento. Esta transición desbordaba la rigidez del modelo de financiación precedente. Aunque a finales del XVIII los gremios de algunas ciudades catalanas desarrollaron formas incipientes de seguros médicos para sus afiliados (Zarzoso, 2006) estos no pudieron generalizarse hasta finales del XIX. Sin embargo, en los hospitales medianos como Tarragona, o en los grandes como Barcelona, el pago por estancia, aunque contradictorio con la política de puertas abiertas de los hospitales, se fue implantando a medida que los administradores reclamaban a ciertos colectivos ese tipo de retribución a sus servicios.

En 1796, Godoy, decretó una desamortización de los bienes de las instituciones asistenciales. Pretendía vender el patrimonio a particulares y crear un fondo de compensación que rendiría un 3% sobre el capital aportado. Pretendía financiar la Guerra Gran (1794-96) y copió la política de la Convención francesa, cuando esta ya se había visto obligada a revertirla ante el fiasco económico y asistencial de las instituciones43. Godoy ignoró el fracaso francés y desmontó las bases financieras de la acción social aunque, por razones nunca del todo explicadas, no se aplicó a los bienes de los hospitales catalanes44, quizás porque su condición de fundaciones reguladas por el derecho privado catalán las dejaba al margen45.

Hasta la Desamortización de Madoz, en 1854, los hospitales catalanes vivieron en una suerte de limbo jurídico que permitió su subsistencia, a cambio de una crisis de recursos en un contexto muy complejo. A saber, Cataluña estuvo en estado de guerra entre 1794 y 1796; entre 1808 y 181446; en Guerra Civil de 1833 a 1839; fue provincia del Imperio francés de 1809 a 1814; asumió la Constitución Liberal española de 1812 a 1814; la vuelta al absolutismo entre 1814 y 1820; un paréntesis constitucional hasta 1823; y una década de absolutismo hasta 1833. En ese medio siglo, los hospitales catalanes mantuvieron su autonomía financiera gracias a la práctica del regiment de la cosa pública, y a la responsabilidad municipal en relación a la tutela y asistencia a los desvalidos, pero todo ello a costa de asumir un creciente gasto corriente. Esto obligó a los municipios, ante la crisis de rentas regulares, a destinar partidas, subvenciones o servicios para cubrir déficits, especialmente, en hospitales pequeños.

Como la Ley de Beneficencia en 1822 nunca llegó a aplicarse, no fue hasta la de 1849, con su Reglamento de 1852 y la desamortización de Madoz que no cambió la situación de los patrimonios hospitalarios. Con todo, la nueva reglamentación no propició, al contrario de lo que sucedió en Castilla, la creación de manicomios u hospitales provinciales. Esta Desamortización liquidaba los patrimonios de las instituciones locales incluidos la redención (lluïment) de censos y censales a muy bajo costo. A cambio el Tesoro Público ofrecía a las instituciones unas rentas equivalentes en forma de bonos del Estado. Sus efectos fueron demoledores como demuestra el caso de Valls cuyo hospital se financiaba hasta entonces de modo autónomo.

Los administradores de Valls pidieron al Gobierno de España que las declarase exentas de impuestos y tasas porque «la cancelación de los censales [por la Desamortización] les condujo a una reducción de ingresos tal que impedía pagarlas»47. Aunque el Tesoro había pagado 2.926 reales y 20 céntimos por los activos y censales48, estas cantidades eran muy inferiores a los ingresos que recibía antes el Hospital por los censales que había tomado y que en 1847 ascendían a 8.491 reales. En 1860 el hospital ya había vendido sus propiedades urbanas y rústicas; y unos ingresos por rentas de 16.000 reales habían quedado reducidos a menos de 3.00049. Por esa razón el Hospital «no podía responder a sus necesidades»50. Como la amortización de los bonos del Estado fue siempre problemática por su debilidad financiera (Rovira, 1990: 233-243), las instituciones se vieron obligadas a buscar recursos en otros lugares.

La legislación centralizadora jamás se compensó con compromisos financieros del Estado y dejó el dispositivo asistencial local catalán en una situación crítica. Sobrevivieron por la diversificación de sus recursos a partir de subvenciones o concesiones. En Valls fundaron una fábrica de harina51 y un teatro52, y obtuvieron la concesión de las aguas53. En Sant Feliu de Guíxols y en Tarragona tenían concedidos además los cementerios, y en la Santa Creu de Barcelona y en Santa Tecla de Tarragona desarrollaban el pago por estancia en dementes, militares e incluso pacientes privados, además de la explotación del teatro y otros privilegios. Con el paso del tiempo, Sant Feliu y la Santa Creu optaron por reforzar aún más su carácter privado para evitar las desamortizaciones (Comelles, 2006, pp. 78-82) y otras políticas descapitalizadoras, aunque esto dificultaba el traspaso a los municipios de partidas presupuestarias.

Si un viajero se acerca hoy a Cataluña y visita su red de hospitales comarcales, podrá comprobar que en Puigcerdà, Vilafranca, Valls, Reus, Tarragona, Manresa, Vic, Girona, Lleida y muchas otras pequeñas ciudades, las fundaciones medievales representan más de la mitad de la red hospitalaria. Han sobrevivido a tres desamortizaciones, a nueve cambios constitucionales mayores, tras la abolición de las constituciones catalanas, a dos guerras internacionales, a dos invasiones y a cuatro guerras civiles. Pese a los esfuerzos centralizadores del estado, desde 1716, las fundaciones catalanas continúan su tarea de provisión de servicios vinculadas a los municipios y lo que es más importante, conservando, con las adaptaciones necesarias, su significado en la identidad cultural local. Bien es cierto que algunos hospitales, como la Santa Creu, malversaron parte del patrimonio heredado y algunos aún redimen censales para convertirse en proveedores puros de servicios basados en el pago por estancia.

El argumento que hemos mantenido y tratado de mostrar es que la continuidad de los hospitales locales catalanes se explica por la persistencia de una cultura económica-política y comunitaria, el regiment de la cosa pública, definida en la Baja Edad Media y que ha vertebrado la vida de la comunidad y ha permitido asegurar su existencia, adaptándose a las coyunturas económicas, políticas o sociales e incluso a los cambios en la función asistencial del hospital, desde la tutela medieval al hospital público de servicios actual (Comelles, 2014). Significa que los hospitales nacieron de la comunidad para la comunidad y ha sido la comunidad la que, de modos distintos, con aportaciones distintas afianzó su significado y aseguró su futuro, a partir de la defensa de su autonomía y de una construcción legal y jurídica que ha garantizado su continuidad54. Permitió alcanzar este objetivo, una práctica económica y política basada en una «cultura», construida sobre la garantía que tradicionalmente ofrece el Derecho y sus mediadores: juristas, notarios y jueces sensibles a los usos y costumbres locales.

En un libro reciente, Louis Assier-Andrieu compara la common law anglosajona y los sistemas de derecho continentales napoleónicos modernos. Para explicar la persistencia de la primera hoy, dicho autor parte del valor que la common law atribuye a la autoridad del pasado lo que se traduce en formas culturales que son en sí mismas dinámicas. En la cultura jurídica y política local catalana, heredera del Derecho Romano, la «autoridad del pasado» entendida como jurisprudencia o como fuente de ideas para la resolución caso a caso de situaciones locales, a menudo nuevas, creemos que ha sido fundamental para explicar la persistencia en el tiempo de las fundaciones hospitalarias. El respeto inalienable a la voluntad de los legatarios, la confianza en el papel de mediación de la fe pública y la confianza en el derecho permiten resolver problemas y encontrar remedios, si conviene, forzando los límites jurídicos o asumiendo que la experiencia del pasado puede contribuir a imaginar soluciones jurídicas para resolver situaciones singulares y culturalmente aceptables. Esa jurisprudencia pasada ha servido para imaginar respuestas a la incertidumbre que significaba la transición del antiguo régimen al capitalismo, a los intentos centralizadores del estado o a la transición del hospital rentista y de beneficencia a la empresa de servicios que es hoy. Todo ello no ha significado jamás una privatización de lo público en términos actuales, puesto que las instituciones asistenciales han sido siempre públicas aunque bajo la tutela del Derecho privado. Esto fue y en buena medida continúa siendo necesario para mantenerlas al margen, en la medida de lo posible, de los avatares políticos. El concepto de fundación que las sostiene hace que no sean de nadie y que sean de todos, de los que las fundaron, de los que legaron, de los que tomaron censales para asegurar su mantenimiento, y de los que en tiempos recientes exigieron su mantenimiento local, por ejemplo en Valls, porque querían que sus hijos naciesen y sus deudos fuesen acogidos en sus crisis o en sus horas finales en una institución que consideraban prolongación de sus casas.