La epidemia de gripe acaecida en España entre 1918 y 1919 es una temática sobre la que se ha ido forjando un nivel de conocimiento historiográfico vehiculado por distintas velocidades. Si bien durante un largo período de tiempo, que podríamos fijar desde la aparición de la enfermedad hasta finales del siglo XX, fue considerada como una “catástrofe olvidada” (siguiendo la terminología inicialmente aplicada al caso norteamericano por Crosby, aunque posteriormente extendida a otros enclaves territoriales a nivel europeo e internacional) (Crosby, 1989), los decenios inmediatamente precedentes al estallido de la crisis sanitaria de la COVID-19 dejaron un significativo compendio de investigaciones correlacionadas con la revisión de la pandemia ¹ . Una revisión que, siguiendo a Echeverri Dávila, no resultó deudora de la aprehensión de “razones estrictamente históricas” por especialistas conectados con disciplinas muy diversas (virólogos, epidemiólogos, demógrafos, sociólogos, historiadores de la medicina, e historiadores en general), sino que, por el contrario, estuvo relacionada con las posibilidades de que una nueva pandemia de características similares a la iniciada en 1918 volviera a impactar sobre las sociedades del mundo actual (Echeverri Dávila, 2018, p. 20). Esta es una apreciación que confluye con la recientemente apuntada por Porras Gallo, al plantear que el sida, la gripe aviar de 1997 y los episodios epidémicos desarrollados a renglón seguido de la anterior, confirieron nuevas y más profundas dosis de actualidad a la gran crisis motivada por la gripe española (Porras Gallo, 2020, p. 9).

Si bien es cierto que el centenario de la gripe de 1918-1919 generó una cierta amplificación en lo relativo a las aproximaciones analíticas con respecto a la enfermedad (a nivel global, desde perspectivas regionales y mediante la celebración de algunos congresos o jornadas internacionales) (Bernabéu Mestre, 2018; Sánchez et al., 2019; Ferreira, 2020), ha sido el acontecimiento de la pandemia de la COVID-19 lo que verdaderamente ha supuesto un último y relevante punto de inflexión a la hora de dotar de una mayor profundidad a su balance historiográfico (Erkoreka, 2020). Claramente ejemplificadora de esta tendencia asociativa es la producción a la que ha dado lugar la epidemia en forma de monografías (Porras Gallo, 2020), dosieres específicamente dedicados a la temática en diversas revistas de alto impacto científico y una pléyade de artículos orientados a cubrir algunos de los vacíos que se presentaban en la exploración de las repercusiones sociodemográficas que la gripe tuvo en el marco comunitario de diversas provincias; de las medidas que se implementaron por parte de las autoridades municipales y provinciales en términos preventivos, o de su impacto en la prensa de la época (Almudéver y Camaño, 2020; Maluquer de Motes, 2020; Cañabate y Puche, 2021; De la Fuente, 2021; Fernández Paradas, Ravina Ripoll y Rodríguez Martín, 2021; Muñoz Muñoz y Neila Muñoz, 2021; Erkoreka González et al., 2021).

Una muestra inequívoca del auge que ha experimentado en los últimos años el estudio de la pandemia de 1918 lo encontramos en las grandes bases de datos. Al acudir a la herramienta de búsqueda de “Pubmed (Medline)”, principal base bibliográfica a nivel mundial en el ámbito de ciencias de la salud, con el término “influenza pandemic 1918” como objeto de búsqueda, encontramos 1.352 referencias internacionales, de las cuales el 94 % son posteriores al año 2000. Por tanto, los estudios relativos a la gripe española desde diferentes prismas constituyen una línea de investigación muy actual a nivel internacional.

Dentro de un panorama historiográfico voluminoso, la epidemia de gripe de 1918-1919 adolece, para el caso de España, de aproximaciones temáticas que sí se han comenzado a abordar en el ámbito internacional. Son las que tienen que ver con las formas en que la pandemia contribuyó a modular los comportamientos individuales y colectivos a medio y largo plazo; con las consecuencias que deparó en idéntico período desde un punto de vista social, cultural y económico o con las actitudes cívicas y oficiales que se vertieron en torno a la misma. De manera reciente, Samuel K. Cohn se ha acercado a la comprensión de este último escenario, llevando a buen término un estudio con el que disecciona la evolución de las reacciones colectivas frente a las epidemias (desde la antigüedad hasta los tiempos actuales) y las dinámicas de cooperación, solidaridad, odio o violencia por las que se caracterizaron (Cohn, 2018). Las aproximaciones conectadas con la gripe española por el autor evidencian que los procesos de culpabilidad y estigmatización de ciertos colectivos sociales revistieron un carácter tímido, dando lugar, en contadas ocasiones, a incidentes característicos de una acción colectiva guiada por el odio, la violencia, la discriminación étnica o la creación de chivos expiatorios.

Resulta cierto que el “dedo acusador” estuvo presente en diversos territorios europeos e internacionales durante la coyuntura de la epidemia gripal. En su ya clásico estudio sobre la evolución de la pandemia entre octubre de 1918 y enero de 1919, Collier hizo alusión a este punto, evidenciando cómo las sospechas o acusaciones se dirigían hacia aquellos grupos étnicos que escapaban de la norma general en cada país. En Rusia fueron los integrantes de la tribu kirghiz (el grupo nómada de criadores de ganado de las estepas de Turkistán) quienes resultaron culpabilizados en un primer momento. En Alemania corrió el rumor de que la enfermedad había sido importada por el cuerpo de trabajadores chinos (Chinese Labour Corps) que operaba al servicio de las líneas del ejército británico en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Y en Argentina alcanzó cierta difusión la idea de que eran los integrantes de la comunidad española los portadores de la afección, lo que llevó incluso a la prohibición de cualquier plato típico de esa nacionalidad en las cartas de los restaurantes (Collier, 1974, pp. 82-83). Sin embargo, también puede afirmarse que la gran crisis de salud pública motivada por la gripe estuvo muy lejos de generar disturbios vehiculados por la destrucción de recintos hospitalarios, el asesinato de médicos y la desatención deliberada de las normativas estipuladas por las autoridades. Tampoco se alimentaron los patrones preexistentes de nativismo que se habían detectado con asiduidad en territorios como Estados Unidos, en los momentos en los que las epidemias favorecieron la combinación del miedo y de una muerte más o menos generalizada (Rosenberg, 1962; Kraut, 1994; Markel, 1997; Shah, 2001; Markel, 2004; Kraut, 2010). Por el contrario, podría decirse que la pandemia gripal de 1918-1919 dio lugar a niveles de voluntarismo, compasión, solidaridad comunitaria y autosacrificio desconocidos o poco habituales hasta aquel momento, pese al desconocimiento de sus causas y la aureola de misterio que la envolvió en su desarrollo (Cohn, 2018, pp. 425-444).

Con todo ello, la gripe española parecía imponer un diferencial evidente con respecto a los comportamientos que anteriormente habían corrido al compás de los embates epidémicos de tifus exantemático, viruela y cólera acaecidos en distintos puntos de Europa y Norteamérica entre finales del siglo XIX y principios del XX ² . Las respuestas sociales y las medidas adoptadas por las autoridades en algunos de los anteriores episodios de crisis sanitaria se habían caracterizado por la implementación de patrones de estigmatización desplegados sobre minorías étnicas. Markel lo ejemplifica a la perfección con el análisis del contexto que se vivía en Nueva York a la altura de 1892, en el que confluyeron dos relevantes brotes epidémicos de cólera y tifus exantemático. La generación de un vínculo entre el origen de esta última enfermedad, en un barco que transportaba a la ciudad inmigrantes procedentes de Europa del Este, y el componente étnico de estos últimos, en función de su pertenencia a la comunidad judía, llevaría a la detención temporal de los flujos migratorios y a la imposición de medidas cuarentenarias indiscriminadas que afectaron tanto a los recién llegados, independientemente de su estado de salud, como a los ya afincados en la Gran Manzana, en el marco de un proceso de toma de decisiones provenientes de las autoridades sanitarias locales y nacionales (Markel, 1997, pp. 135-182). En un sentido similar, Burnett planteó una aproximación analítica que, correlacionada con la epidemia de viruela vivida por la localidad canadiense de Calgary en 1892, evidenciaría la construcción y el uso de iniciativas y políticas de estigmatización social en torno a la higiene y la salud pública que repercutieron negativamente hablando sobre la comunidad china del municipio, a la que indirectamente se responsabilizaría de la crisis sanitaria (Burnett, 2011).

La estigmatización también afectó a las comunidades gitanas, en no pocas ocasiones señaladas a la hora de explicar o hacer frente a las desgracias sociosanitarias a nivel local. Más allá de las prohibiciones de ingreso a las ciudades o de las expulsiones de las que fueron objeto en diferentes coyunturas de la peste negra (1575-1578 o 1794-1796 para el caso de Rumanía) (Achim, 1998; Cohn, 2012), los gitanos adoptaron el rol de chivos expiatorios en algunos brotes epidémicos de la etapa contemporánea. Lo fueron con ocasión de la epidemia de cólera padecida por Nápoles en 1910. Snowden reflejó la manera en que las autoridades cultivaron y apoyaron una oleada de temor “anti-gitano” que se basó en la aplicación de las siguientes estrategias. En primer lugar, en la creación de unos niveles de emergencia médico-sanitaria claramente conectados con la llegada de caravanas de gitanos a la región. En segundo término, en la proliferación de órdenes policiales de arresto, internamiento, desinfección y expulsión para todos aquellos gitanos que arribaran al territorio italiano. Y, finalmente, en la inoculación social de unos discursos retóricos que identificaban a los gitanos como individuos que, en el marco epidémico entonces vigente, mostraban un absoluto desprecio por las normas básicas de saneamiento, problemática que se amplificaba con la asociación que paralelamente se creaba entre aquellos y los delitos cometidos contra la integridad física de las personas y la propiedad privada (Snowden 1995, pp. 238-240). En adición, los gitanos fueron, junto a los turcos, el blanco oficial de las autoridades políticas y sanitarias en el contexto de la epidemia de tifus exantemático iniciada en Bulgaria en 1928, quedando incluso categorizada por un médico de la ciudad de Peshtera, Velichko Georgiev, como la población más débil, escuálida y enfermiza de aquel enclave (Promitzer, 2011, p. 103).

En lo que concierne al caso de España, también es posible advertir un viraje entre las actitudes cívicas y oficiales mostradas con respecto a las epidemias de cólera y viruela del siglo XIX y las evidenciadas durante la coyuntura de la epidemia de gripe. Aunque las muestras de voluntarismo, compasión, cooperación y solidaridad comunitaria sean, hoy en día, aspectos que todavía están por explorar historiográficamente hablando, no es menos cierto que en las diferentes oleadas epidémicas de 1918-1919 no se contemplaron ni conatos de violencia y protesta popular, ni la articulación de discursos proclives a la creación de chivos expiatorios. Ahora bien, sí puede afirmarse que en las campañas sanitarias trazadas por las autoridades oficiales cundieron algunas iniciativas que postulaban por la estigmatización y la discriminación de ciertos grupos sociales concebidos como inadaptados. El presente texto aborda una primera aproximación sobre el anterior escenario, deteniéndose en el caso de la comunidad gitana y en las medidas adoptadas con respecto a la misma en Bizkaia durante la segunda fase de la pandemia gripal en el otoño de 1918.

La pandemia gripal de 1918-20 representó el mayor incremento de mortalidad de todo el siglo XX en el territorio español. La mortalidad en exceso durante los años 1918 y 1919 por todas las causas ascendió a un 11,5 ‰ (Chowell, et al., 2014). Más de uno de cada 100 españoles falleció en este período a consecuencia de la enfermedad, si bien la situación resultaría especialmente dramática a partir de septiembre de 1918, con el embate de la segunda y la tercera ola. En este ciclo se concentraron un 97 % de las defunciones ocasionadas por la epidemia.

Las medidas de contención implementadas a nivel español para hacer frente a esta gran pandemia fueron diversas, mas, en cualquier caso, muchas de ellas se vieron determinadas por la situación deficitaria que manifestaba la ciencia de la época. En primer lugar, habría que destacar el desconocimiento del agente patógeno, pero también las dificultades a las que se enfrentaban los mandatarios y las autoridades sanitarias durante el primer tercio del siglo XX. Las limitaciones de la medicina bacteriológica de la época (Porras Gallo, 2021) impidieron dar respuestas en torno al virus, generando diferentes teorías erróneas sobre su identificación y transmisión.

Las dificultades técnicas que imposibilitaban aislar el virus de la gripe también imponían obstáculos sobre el desarrollo de un tratamiento para el enfermo. Por este motivo, la terapéutica se centró en paliar y reducir los síntomas mediante diferentes técnicas, correlacionadas con la dietética, los baños, la aireación e incluso las sangrías (como últimas evidencias de la teoría humoralista) (Porras Gallo, 2008). La Real Academia Nacional de Medicina definió en octubre de 1918 los medicamentos básicos para hacer frente a la epidemia, destacando una gran variedad de sueros y desinfectantes, pero sin disponer de un tratamiento efectivo por el desconocimiento del virus. En lo que a vacunas y sueros se refiere, se realizaron diferentes ensayos y pruebas, pero la eficacia de estas se vio determinada por la comentada incapacidad técnica, el desconocimiento del virus y la ausencia de un consenso científico. De ahí que, siguiendo los asertos de Porras Gallo, se pueda señalar que las esperanzas depositadas por los profesionales sanitarios en esos dos escenarios concretos se vieran incumplidas (Porras Gallo, 2008, p. 285).

Ante la magnitud de la pandemia, especialmente dramática tras el verano de 1918, y con las comentadas dificultades técnicas existentes, las medidas de prevención constituyeron la mejor barrera para frenar la transmisión. Tras la experiencia acaecida en la segunda mitad del siglo XIX, en la que diferentes epidemias asolaron a la población española (cólera, viruela, sarampión, gripe rusa, etc.), los mandatarios decidieron recurrir nuevamente a medidas profilácticas ya aplicadas frente a pandemias de tiempos pretéritos. A nivel nacional se recomendaron acciones para evitar la propagación aérea del virus, tales como facilitar la realización de actividades al aire libre, aconsejar la no concurrencia en espacios cerrados y recomendar el cierre de las escuelas en los meses críticos (Almudéver y Camaño, 2020). Lo cierto es que estas medidas no se implementaron de manera uniforme, pasando a ser, en muchos casos, meras recomendaciones que algunos gobiernos locales y provinciales llevaban a la práctica y que otros decidían no ejecutar.

También se pusieron en práctica las medidas de profilaxis y desinfección propias de finales del siglo XIX, implementadas ante las epidemias de enfermedades como el cólera o el tifus exantemático. Ocuparon aquí un lugar privilegiado la limpieza y la desinfección de lugares públicos, hospitales, mercados, etc. En la mayoría de los casos, fueron los gobiernos municipales los encargados de desarrollar estas acciones, realizando de manera paralela la labor asistencial y el aumento de personal médico, camas hospitalarias o incluso la distribución de ropa de abrigo para enfrentarse a la pandemia.

Teniendo en cuenta que las medidas adoptadas fueron, en efecto, muy diversas y que variaron en función de la región a analizar, destacaremos a continuación las que se establecieron en el enclave territorial que constituye nuestro caso de estudio. Bizkaia fue una provincia duramente golpeada por la segunda ola epidemiológica de la gripe. En otoño de 1918 se dispararon sus tasas de mortalidad a nivel general, si bien fueron Bilbao y el área metropolitana de la Ría de Bilbao las zonas que se llevaron la peor parte, hasta alcanzar cifras superiores al 12 ‰. Ante una situación de caos generalizado por la pandemia, que alcanzaría su cenit en octubre de 1918, las instituciones vizcaínas trataron de legislar para controlar los niveles de afección y poner freno a la difusión de la gripe. En concreto, fue la Diputación Provincial la institución que se encargaría de guiar la fijación de los puntos axiales de la campaña sanitaria a emprender frente a la enfermedad, adoptando una serie de decisiones específicas. Se incidió entonces en la necesidad de desinfectar con periodicidad diaria iglesias, teatros, cines y cafés; en el inmediato establecimiento de puestos sanitarios en las estaciones ferroviarias (ordenando la desinfección regularizada de los vehículos procedentes de San Sebastián y Santander) y en la puesta en funcionamiento de los pabellones de desinfección, dependientes del Laboratorio Municipal de Higiene. En adición, se decretó la suspensión de los acompañamientos de los fallecidos en los entierros para la prevención de contagios, la limpieza de las alcantarillas de las carreteras por parte de los peones camineros y el establecimiento de tasas fijas en los precios de los medicamentos ³ . Estas medidas se cumplieron casi punto por punto en la ciudad de Bilbao, si bien es cierto que predominaron las desinfecciones públicas y domiciliarias y el despliegue de políticas asistenciales. Pese a todo, conviene señalar que no se llegaría a producir el cierre de las escuelas, así como tampoco el de otros muchos enclaves públicos ⁴ .

Entre todas estas medidas implementadas para frenar el avance del virus de la gripe destacaría una que hasta ahora no se ha sido objeto de análisis y que vehiculará las interpretaciones a realizar en el siguiente apartado de este artículo. Esa medida es la que tiene que ver con la orden que desde la Diputación Provincial de Bizkaia se tramitó para impedir la entrada a personas de “raza gitana y en general de cuantas personas puedan perjudicar el estado sanitario de la provincia”. Una medida que, más allá de su escasa eficacia, sobresale por las dosis de estigmatización que planteó con respecto a los gitanos, sobre la base de su itinerancia. Como veremos, esta política se implementó en Bizkaia durante la segunda onda epidemiológica, dentro de una coyuntura en la que en otras provincias españolas también se presentaron iniciativas similares.

Más allá de las medidas de salud pública que se adoptaron para mitigar la morbilidad y la mortalidad generadas por la pandemia gripal, cabría conceder un lugar relevante a las que incidieron en una profilaxis de carácter social, a implementar sobre colectivos en los que, a instancias del poder local o provincial, operaba una relación casi fatalista entre condiciones de vida y problemáticas de miseria, pobreza y enfermedad. De este modo, junto a los acuerdos que algunas juntas de sanidad alcanzaron a nivel provincial para habilitar edificios en las afueras de la población desde los que centralizar el traslado de afectados por la gripe o para agilizar las tareas de desinfección de escuelas, casas públicas y teatros, existieron otros menos conocidos, que incidieron en la urgente desinfección de los barrios populares y de los campamentos de gitanos ubicados en las zonas periféricas de los asentamientos poblacionales.

Lo cierto es que, para el caso de algunas provincias, la vigilancia de las comunidades gitanas ya había prendido como una praxis gubernativa más o menos regularizada justo antes del estallido de la epidemia de gripe ⁵ . En el caso de Palencia, fue el desarrollo adquirido por la epidemia de tifus exantemático en Oporto en los primeros meses de 1918 y las posibles transferencias de población proveniente tanto de esa localidad como de los pueblos pertenecientes a las provincias de Pontevedra, Orense, Zamora, Salamanca, La Coruña, Lugo y León lo que llevó a decretar una fiscalización constante de cualquier eventual llegada de caravanas de gitanos a la región. Con respecto a estos últimos, urgía indagar en “las poblaciones, villas o aldeas” donde hubieran estado en los diez o doce días previos a sus desplazamientos, llevándose a cabo, con posterioridad, el aislamiento de todos aquellos que se tipificaran como “sospechosos”, para inmediatamente después proceder a su “minucioso reconocimiento” y al corte de su “pelo y barba al rape” ⁶ . Se les conceptuaba como “portadores seguros” de los piojos que servían como vehículo transmisor de la enfermedad y, en consecuencia, como “gente nómada” muy peligrosa desde el punto de vista del contagio, tendencia retórica que se repetiría a principios del mes de junio en un contexto en el que, pese a encontrarse ya iniciado el primer brote epidémico de la gripe, no existía un diagnóstico exacto de este proceso, abriéndose así las puertas a confusiones con el tifus exantemático por el aspecto de los enfermos que han podido detectarse para los casos de Soria, Cáceres o Murcia ⁷ . En un sentido prácticamente idéntico al de Palencia se operaría en la provincia de Zamora, determinándose por conducto de su gobernador civil a finales de febrero de 1918 el control del ingreso de familias gitanas en sus pueblos y su sometimiento inmediato a prácticas de limpieza y desinfección, extendidas también a sus vestidos y equipajes ⁸ .

Mediante circulares de sanidad procedentes de los gobiernos civiles, los ayuntamientos de las localidades de diferentes provincias españolas fueron conminados a erigir un sistema de defensa sanitaria basado en la creación de estaciones dedicadas al servicio de vigilancia en la entrada de los pueblos y en la habilitación de locales que pudieran actuar como puntos de limpieza y desinfección de gitanos y vagabundos ⁹ . Todos ellos fueron preceptos que perdieron visibilidad conforme remitió el impacto poblacional del primer brote epidémico, pero resultaron recuperados, e incluso reforzados, en el marco inicial del segundo. Entre finales de septiembre y principios de octubre de 1918 se fueron tomando medidas que, tanto en las Juntas Provinciales de Sanidad como en las Comisiones Municipales de Sanidad, incidían en la necesidad de desarrollar acciones más incisivas que las adoptadas en meses anteriores. Estas últimas pudieron contemplarse en diferentes enclaves territoriales como León ¹⁰ , Oviedo (donde se dispuso la expulsión de los denominados “gitanos vagabundos” el 27 de septiembre de 1918) ¹¹ , Valencia ¹² , Vitoria (donde se determinó la conducción inmediata de los gitanos a las estufas de desinfección municipales, no permitiéndose, para el caso de los últimos, acampadas en las inmediaciones de los núcleos poblacionales de la provincia) ¹³ , Santander (donde las directrices encaminadas a la expulsión fueron fijadas con respecto a las denominadas “tribus” de gitanos emplazadas en puntos de entrada a la ciudad y en municipios colindantes como Peñacastillo) ¹⁴ , Logroño (provincia que, en el caso de localidades como Casalarreina, vio implementadas iniciativas orientadas a la inspección ocular regularizada de aquellos espacios que pudieran resultar susceptibles de convertirse en focos de infección, al actuar como puntos de encuentro de los grupos señalados) ¹⁵ o Almería (cuyas tenencias de alcaldía llegaron a la conclusión de forzar el desalojo y la expropiación de edificios de vecindad conceptuados como “refugios de gitanos”, caracterizados por un indiscriminado hacinamiento) ¹⁶ . En algunas de las provincias donde no se crearon inicialmente estas disposiciones, no faltaron tampoco opiniones que, principalmente vertidas a través de la prensa, incidían en su urgente aplicación, como puede comprobarse en el caso de Lugo (donde existieron protestas correlacionadas con la libre circulación de gitanos y gentes sin hogar por el interior de la ciudad) ¹⁷ y en el de Guadalajara, en términos tan expresivos como los siguientes:

Siguiendo las recientes aseveraciones de Brel Cachón, parece evidente que en la problemática coyuntura sanitaria de finales de septiembre y principios de octubre de 1918 incidieron “teorías xenófobas sobre la transmisión de la enfermedad”, cuestión que la autora ejemplifica sirviéndose de las decisiones que se tomaron en la sesión plenaria celebrada en el ayuntamiento de Benavente el 4 de octubre de 1918. En ella se aludió a la necesidad de proceder al urgente alejamiento de la población de los “muchos gitanos y sus familias que entran y salen a diario y que, según noticia, invaden y propagan la enfermedad reinante” (Brel Cachón, 2020, p. 41). No es este último un caso que podríamos categorizar como aislado. No en vano, en su estudio sobre la pandemia gripal de 1918 en la localidad de Daimiel, García-Consuegra refiere cómo una de las medidas adoptadas en la segunda oleada epidémica tuvo que ver con las órdenes difundidas por el gobernador civil de la provincia de Ciudad Real a los ayuntamientos dependientes de su autoridad, en aras de que estos procedieran a la creación de servicios de vigilancia de entrada en los pueblos, específicamente pensados para actuar sobre “pordioseros, vagabundos, gitanos y emigrantes pobres y desaseados” (García-Consuegra, 2013, pp. 337-338). En una línea similar cabrían situar algunas de las disposiciones gubernativas provenientes de Pamplona (donde también se prohibió la entrada de gitanos) (Ramos Martínez, 1992), de Oviedo (en las que se señalaba la correlación entre miseria y enfermedad, esbozándose la culpabilidad de la población gitana ante la aparición de nuevos brotes infecciosos) (Sánchez Fernández et al., 2019) o incluso las medidas de coacción unilateralmente desplegadas por alcaldías como la del municipio de Silla en Valencia, para favorecer el desmantelamiento de un campamento de gitanos establecido en sus alrededores a principios de octubre de 1918 y fijando como pretexto la epidemia gripal:

Una aproximación más profunda a estas medidas discriminatorias, cuya pista se pierde en la prensa y los boletines oficiales de las provincias a finales del mes de octubre de 1918, ha podido realizarse para el presente artículo tomando como centro de atención la provincia de Bizkaia, en el que nos detendremos a continuación. En la coyuntura del segundo brote epidemiológico, la Diputación Provincial dio luz verde a la publicación de una serie de órdenes que impactaban sobre los grupos categorizados por las autoridades como socialmente inadaptados, ya tuvieran que ver con la prohibición del estacionamiento de pobres en los campos y alrededores de los pueblos de la provincia donde se celebraran fiestas y romerías ²⁰ y, sobre todo, con la determinación oficial de la imposibilidad de acceder a la provincia establecida para personas de “raza gitana”, vagabundos u otros colectivos que se tipificaban como relacionados con la insalubridad y que “por su suciedad o su modo de vivir pudieran transmitir la enfermedad” ²¹ . En consecuencia, estas últimas eran medidas que vinieron oficialmente preceptuadas por el carácter alarmante que en ese contexto se atribuyó a la gripe, tanto en lo que respectaba a la creciente intensidad que alcanzaba en términos de afección como en lo que concernía al aumento producido en el número de fallecimientos.

De manera específica, la aplicación de la medida de prohibir “en absoluto” la entrada en la provincia de “individuos de raza gitana” y de cuantas personas pudieran “perjudicar el estado sanitario” de la región, se dejaba en manos de los recaudadores de arbitrios provinciales, que no eran otros que los integrantes del Cuerpo de Miñones de Vizcaya ²² . A la comandancia de este último se transmitió un oficio redactado por la Comisión Provincial el 10 de octubre de 1918 que rezaba lo siguiente: “Los miñones que presten sus servicios en los pueblos del señorío se pongan a disposición de los señores alcaldes para auxiliarles en cuantas medidas de carácter profiláctico y sanitario adopten en sus respectivos términos municipales, con motivo de la epidemia reinante” ²³ .

Quienes en última instancia iban a actuar como ejecutores de las medidas de profilaxis sociosanitaria establecidas con respecto a la población gitana que se aproximaba a la provincia de Bizkaia, ya contaban con una amplia trayectoria de encuentros, choques o enfrentamientos con esa comunidad. No en vano, el establecimiento de los miqueletes (posteriormente llamados miñones) con carácter de cuerpos francos a finales del siglo XVIII ya había venido acompañado por la fijación de una misión fundamental a cumplir por parte de estas partidas volantes: la de coadyuvar con la Diputación Provincial en la consecución del mantenimiento del orden social y la seguridad pública. Un objetivo que los llevaba a asumir atribuciones basadas en la persecución de “ladrones, contrabandistas y malhechores” (Urquijo, 1907, pp. 14-15), en la protección de viajeros, en la vigilancia de pasos de montaña y caminos, en asegurar el cumplimiento de reglas estrictas en lo que concernía a la recaudación de arbitrios provinciales y, en última instancia, en la búsqueda, captura y detención de postulantes, mendigos y gitanos.

En lo que concierne a las comunidades gitanas, y en conexión con lo que ya ha analizado Martín Sánchez para el caso de Guipúzcoa, puede observarse cómo los oficios remitidos por la Comandancia del Cuerpo de Miñones y la correspondencia mantenida entre el anterior y el Gobierno Civil entre finales del siglo XIX y principios del XX denotaban la asiduidad con que las partidas forales cursaban detenciones entre aquellas (Martín Sánchez, 2017, 2018b). Estas venían principalmente motivadas por hurtos o sustracciones menores de gallinas, pollos o maíz y, en menor medida, por robos de burros, asnos, caballos, yeguas y caballerías o incautaciones de revólveres y armas blancas. Sin embargo, hasta el contexto de la segunda oleada epidémica de la gripe en Bizkaia, no se divisaron órdenes que directamente incidieran en la necesaria realización de expulsiones que se llevaron a cabo sin ningún tipo de contemplaciones.

En aras de abordar el anterior objetivo, el Cuerpo de Miñones se distribuyó por parejas en los puntos que daban acceso al territorio vizcaíno desde las provincias fronterizas, esto es, Álava, Cantabria, Burgos y Gipuzkoa. Así pues, la diseminación de esas fuerzas de seguridad obedeció a la consideración previa, por parte de las autoridades provinciales, de lo que se entendían eran las principales zonas estratégicas del territorio. La distribución de las parejas también se rigió por otros criterios complementarios a los anteriores, lo que, por ejemplo, llevaría a la intencionalidad de controlar los accesos a la ciudad de Bilbao por La Salve, Begoña o Basurto y por aquellas zonas que se situaban en las inmediaciones de la capital provincial, entre las que se encontraban Galdakao, Alonsotegi u Ortuella. Por último, la instalación de las patrullas de miñones también se efectuó en otros puntos clave para el control fronterizo del territorio, como Trucios, Zalla, Orozko, Gordexola, Otxandiano, Durango, Ermua, Pobeña y Ondarroa. En definitiva, lo que evidenciaban estos posicionamientos era la ambición provincial de tener controlados todos los puntos de acceso a Bizkaia y Bilbao, impidiendo la entrada de las personas que se considerasen como sospechosas de resultar insalubres y, en consecuencia, propicias para contribuir a la expansión de la epidemia. De manera literal, las órdenes transmitidas a las parejas de miñones llamaban a impedir la entrada a “las caravanas de gente ambulante que por su suciedad o modo de vivir pudieran transmitir la enfermedad” ²⁴ , lo que llevaría a hablar del peso que en la coyuntura de crisis sanitaria habrían jugado los imaginarios sociales y, más concretamente, los desplegados contra las comunidades gitanas sobre la base de su alteridad comprendida en términos históricos.

La medida provincial tenía un cariz totalmente discriminatorio y estigmatizador desde un punto de vista social, especialmente si se tiene en cuenta que no se cerraron de una manera tajante los pasos fronterizos ni los accesos al territorio provincial. En efecto, Bizkaia no fue una provincia que quedara confinada durante el crítico embate de la segunda ola epidemiológica y siguió recibiendo de manera regular tránsito de viajeros e incluso carruajes. Únicamente se puso el “dedo acusador” sobre “personas de raza gitana” o que pudieran resultar “insalubres”, lo que innegablemente iba acompañado de los componentes de subjetividad que podían entrar en liza a la hora de hacer frente a las expulsiones, bien exploradas para otros estudios de caso como el recientemente realizado por Buhigas para el control migratorio de los pasos marítimos en Argentina (Buhigas, 2021). De hecho, desde el Gobierno Provincial se toma como medida complementaria la desinfección en los puntos fronterizos de los carruajes de las personas, a las que sí se les permitió acceder al territorio ²⁵ .

La decisión de qué personas podían acceder a la provincia y cuáles no fue totalmente arbitraria y recayó, podríamos decir que, de manera exclusiva, sobre la consideración de las parejas del Cuerpo de Miñones. Ni siquiera el tamaño de las caravanas resultó un factor fundamental a la hora de señalar diferencias en la implementación de esta medida. La consulta de la documentación primaria permite llegar a la conclusión de que existió una gran heterogeneidad en lo que respecta al tamaño de las caravanas expulsadas, yendo desde las que quedaban integradas por seis personas (que concentraron un 22 % de las actuaciones) a las que se encontraban conformadas por más de treinta individuos (un 10 % del total).

De igual manera, cabe señalar que la documentación relativa a las actas de expulsión encontrada en el Archivo Foral de Bizkaia es muy amplia, se dispone de un informe para cada una de las actuaciones realizadas. Sin embargo, la información que transmiten resulta escueta. Se indicaba la fecha y el lugar de la interceptación, el número de caravanas y personas existentes en las mismas y una identificación, en la mayoría de los casos nominal y de origen geográfico, de los gitanos expulsados. En algún caso excepcional se ofrece una información complementaria: descripción de la actuación de los miñones o persecuciones por territorio vizcaíno. A modo de ejemplo, una de las escasas veces en las que se añade una información complementaria es el 25 de noviembre de 1918. En este caso concreto se expulsó a seis personas que “portaban un revólver” y se dieron a la fuga desde Pobeña hasta Portugalete (14 km separan ambas poblaciones). En otros casos, se hace hincapié en el tamaño de las caravanas, como ya se ha señalado, en su insalubridad o incluso en la presencia de diferentes animales.

Desde la entrada en vigor de esta medida se realizaron veintiocho actuaciones por parte del Cuerpo de Miñones, con las que se impidió la entrada a la provincia de 390 personas. La cronología de las actuaciones coincidió, como puede observarse en la tabla 1, con la segunda y tercera ola de la pandemia, ya que todas las expulsiones se realizaron entre el 11 de octubre de 1918 y finales de febrero de 1919.

Tal y como puede observarse, la mayor parte de las expulsiones se realizaron en octubre de 1918, a pesar de que estas actuaciones se aprobaron el 4 de este mes y las expulsiones no comenzaron hasta el día 11. Por lo tanto, en apenas veinte días fueron expulsadas 141 personas. Las últimas expulsiones se realizaron en febrero y, a partir de este mes se procedió al retorno de los miñones a sus lugares de trabajo habituales. De hecho, en algunos casos y ante la excepcionalidad de las situaciones generadas, se hizo frente a pagos a particulares que facilitaron la instalación de los miñones en puestos fronterizos provisionales, como atestigua el siguiente documento: “don Agustín de Celaya (…) ha tenido prestada una cama de su propiedad desde el día 11 de octubre de 1918 (…) para el alojamiento de la pareja de miñones que se hallaba destacada en Urkarregi para el servicio de vigilancia, como medida sanitaria durante la epidemia gripal” ²⁶ .

Lo interesante del examen de la documentación referida radica en el hecho de que la práctica totalidad de las 390 personas expulsadas en aquellos cuatro meses era categorizada como “de raza gitana”. Al margen de destacar que varias de esas personas fueron reincidentes en fechas distintas y que no se produjeron expulsiones desde el territorio guipuzcoano (procediendo la mayoría de las ejecutadas de las provincias de Álava, Burgos y Cantabria), cabría resaltar el origen geográfico de los que se vieron afectados por la medida. Entre los gitanos destacaba la presencia de personas de nacionalidad serbia, francesa, húngara e italiana. Hablamos, en consecuencia, de la confluencia de representantes de varias comunidades gitanas étnicamente diferenciadas, ya fueran Rom y Dom (los casos de Hungría y Serbia) o sinti/manouches (franceses e italianos). De este modo, cabría preguntarse por los imaginarios sociales que en aquel contexto se proyectaban sobre estos grupos, diferenciados de los “calós” asentados en la península ibérica y, también, en el territorio vasco en estos momentos. Siguiendo las recientes interpretaciones de Galletti (2021) y aplicándolas al contexto de la epidemia de gripe vivida en la coyuntura aquí analizada, podría aseverarse que la representación de la otredad sobre las comunidades gitanas, como antagónicas de lo que se entendían como representantes de unas costumbres, prácticas y modos de vida cívicas y moralmente aceptables, jugó un papel relevante en las praxis gubernativas establecidas sobre aquellas, punto sobre el que se profundizará en el siguiente apartado.

En un primer momento, podría argumentarse que tanto la medida implementada por la Diputación Provincial de Bizkaia a principios de octubre de 1918, como su posterior desarrollo a nivel provincial, representarían muestras inequívocas de la situación de desconcierto generalizado vivida en España ante la pandemia gripal. El desconocimiento de la naturaleza del agente patógeno impidió determinar sus vías de transmisión y dificultó el control del virus. De hecho, la pandemia únicamente vio frenada su expansión cuando se alcanzó la inmunidad de rebaño, consecuencia del contagio de la mayor parte de la población (Erkoreka, 2010 y 2020).

Ante esta situación de desconcierto y desconocimiento, las autoridades postularon por la articulación y ejecución de disposiciones que asociaron la comunidad gitana a la difusión de la enfermedad gripal. La transmisión principalmente aérea de la gripe española se disparaba en los meses fríos del año. En consecuencia, la “insalubridad” de las personas no guardaba una relación directa con su capacidad para transmitir el agente patógeno.

En el estudio de caso aplicado a Bizkaia, aunque extrapolable a otras provincias, se detecta cómo, en realidad, se siguió una profilaxis que encajaba con el campo de acción específico que en los años precedentes ya se había comenzado a desarrollar con relación al tifus exantemático, una vez se concretó la identificación del piojo humano como agente transmisor de la enfermedad. Esta profilaxis ya se había ejecutado en 1913 y 1916, con lo que ya había ido permeando en España de una manera más o menos definida y siguiendo algunas de las principales pautas indicadas por médicos e higienistas como Jules Renault y Manuel Martín Salazar. Los preceptos de Renault se basaban en la amplificación de los procesos de control sanitario en los puertos marítimos o en las áreas fronterizas de la península ibérica; en el despiojamiento y baño inmediato de los afectados; en la quema de las ropas y enseres que portaban y en la desinfección de aquellos espacios concebidos como focos potenciales de incubación (Renault, 1916; Marañón, 1917). Por su parte, las indicaciones de Martín Salazar (que en el contexto de la pandemia gripal ocupaba la dirección técnica de la sanidad española desde la Inspección General de Sanidad del Reino), remitían al establecimiento de una conexión directa entre lo que se definía como una “profilaxis social perfecta y previsora”, y la evitación de la llegada a un lugar específico de “individuos enfermos, convalecientes o portadores de parásitos infectados del germen del tifus exantemático”. Entre estos últimos individuos, destacaban precisamente los grupos considerados como socialmente inadaptados, toda vez que, a su juicio, las experiencias precedentes habían demostrado que las personas capaces de propagar la enfermedad del tifus exantemático en una población eran “los pordioseros, los vagabundos, los gitanos y toda clase de gentes pobres, desarrapadas y sucias, que de un lugar a otro llevan con sus miserias los parásitos capaces de transmitir la enfermedad” (Martín Salazar, 1918, pp. 477-478).

El hecho de que la práctica totalidad de las caravanas interceptadas durante la segunda oleada epidémica de la gripe en Bizkaia estuvieran ocupadas por familias e individuos de “raza gitana” no resultaría, a la luz de lo anteriormente señalado, un hecho inocente. En realidad, remarcaba con nitidez la forma en que las comunidades gitanas percibidas como asociales, inmorales y criminales por las autoridades y por la prensa, habían quedado atrapadas como víctimas del miedo generalizado que ocasionaban las enfermedades infecciosas y por las alertas que despertaban en términos de propagación. En lo que respecta a los países de Europa Central en general y a Alemania en particular, Weindling ha demostrado cómo los gitanos, tras la averiguación del vector del tifus exantemático, pasaron a ser vistos por las autoridades y los bacteriólogos como “parásitos humanos” y, en consecuencia, como amenazas para el estado higiénico-sanitario a nivel nacional, lo que derivó en una confrontación oficial contra los potenciales portadores de la enfermedad que fundamentalmente se basó en la articulación de medidas draconianas de despiojamiento de civiles y estigmatización racial (Weindling, 2004, pp. 257-259) ²⁷ . Las asociaciones entre enfermedad y marca étnica también se presentaron con regularidad en los comités de sanidad de algunas ciudades británicas durante los primeros compases del Novecientos, guiando, en palabras de Mayall, un antagonismo entre las autoridades locales contra las comunidades gitanas que se tradujo en expulsiones y desalojos (Mayall, 1988). Y, en lo que respecta a la gripe, el caso específico de Checoslovaquia analizado por Shmidt refleja cómo también los gitanos comenzaron a ser oficialmente categorizados como potenciales portadores de la enfermedad. Esta circunstancia llevó al desarrollo de campañas lideradas por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Asuntos Exteriores para limitar la libertad de movimiento entre los integrantes de unos grupos que se definieron como una fuente permanente de inseguridad para el resto de la población, no ya únicamente por las problemáticas correlacionadas con los fraudes, hurtos o robos de caballerías que tradicionalmente se les asociaban, sino también por la responsabilidad que se les atribuía en la difusión de enfermedades, desde la asunción de unos patrones ligados a lo que se concebía como un estilo de vida insalubre, física y mentalmente hablando (Shmidt, 2019).

Para el caso de España en general, y para la provincia de Bizkaia en particular, podría pensarse que las pautas de acción preventiva asociadas al tifus exantemático en los años inmediatamente anteriores al estallido de la epidemia de gripe se aplicaron para esta última. Sin embargo, puede aseverarse que, en el marco de la segunda oleada, operaron unos patrones de estigmatización y discriminación que fueron más allá de lo que hasta entonces fueron controles sanitarios principalmente orientados a la desinfección y el despiojamiento. Más aún, el carácter discriminatorio de las medidas implementadas por la Diputación de Bizkaia cobra mayor validez si cabe teniendo en cuenta que no se llegó a realizar una cuarentena o a determinar un aislamiento real del conjunto de la provincia. No en vano, y tal y como hemos comprobado a través de las órdenes de expulsión analizadas en el presente artículo, se permitió la entrada de otros carruajes y vehículos ocupados por personas que no encajaban con los grupos sociales oficialmente categorizados como inadaptados, siempre y cuando fueran desinfectados con carácter previo. Por tanto, se implementó, sobre la línea de desarrollo de la campaña sanitaria, un criterio de actuación cargado de subjetividad, en el que en última instancia fueron los integrantes del Cuerpo de Miñones quienes tuvieron que decidir quién podía acceder a la provincia y quién era expulsado de ella. No disponían de más herramientas para tomar esta decisión que la mera impresión personal que podía desplegarse en torno a la “raza” o la “insalubridad” de las personas que llegaban al territorio vizcaíno.

Si bien puede afirmarse que estas asociaciones entre enfermedad y comunidad gitana funcionaron de manera nítida durante la segunda oleada epidémica de la gripe, no habría que perder de vista el hecho de que los gitanos también habían sido objeto de estereotipos ligados a otras crisis sanitarias anteriores. Sin ir más lejos lo fueron en la provincia de Bizkaia. La prensa bilbaína aireaba en las columnas referidas a la comunidad gitana todo tipo de noticias que engarzaban con la consideración de su carácter asocial, inmoral y criminal ²⁸ , pero también difundía advertencias significativas en el curso de las enfermedades infecciosas que, de manera previa a la gripe, impactaban sobre Bilbao, de manera epidémica o endémica. Entre estas últimas descollaba, por ejemplo, la viruela, que en determinadas coyunturas se consideró como “importada” por el “elemento emigrante” en los propios informes redactados por la inspección de los servicios sanitarios municipales y que dio lugar a denuncias de espacios habitacionales que, ocupados por gitanos, registraban varios casos de la enfermedad, supuestamente inadvertida por las autoridades como consecuencia de ocultaciones deliberadas ²⁹ .

En lo que en definitiva concierne al contexto de la epidemia de gripe, puede señalarse que las medidas de prohibición de paso de las caravanas de gitanos a la provincia de Bizkaia constituirían el reflejo evidente de una discriminación que estaba operando sobre la base de la alteridad histórica de una minoría étnica y de la aplicación de unos patrones oficiales de inmoralidad sobre un estilo de vida que, además de juzgarse como insalubre física y psíquicamente hablando (siguiendo nuevamente las palabras de Shmidt), favorecía el incremento de la alarma del contagio y la propagación de la enfermedad entre las autoridades. Una discriminación que, además, se reforzaba en virtud de la itinerancia que tradicionalmente caracterizaba a las comunidades gitanas en lo que respectaba a su desenvolvimiento cotidiano