En la segunda mitad del siglo XIX, los países latinoamericanos profundizaron sus vínculos directos con el mercado internacional. Se ha enfatizado largamente en uno de los efectos de la revolución industrial en ultramar, demandando alimentos y materias primas. Esta nueva relación entre el Occidente europeo y América Latina implicó un proceso de modernización -la implantación del capitalismo- que, entre otras transformaciones, requirió de la aplicación de la ciencia en la producción agropecuaria. Los nuevos conocimientos agronómicos se beneficiaron de los progresos de la química, botánica, entomología y otras disciplinas; progresos generados en el centro del capitalismo y que se fueron irradiando al resto del mundo. En esta perspectiva de la ciencia, se generó una nueva visión imperial que se asignó una misión civilizadora e impuso rápidamente la polaridad centro-periferia (Simões et al., 2008). Esta perspectiva ha sido cuestionada, ya que pueden reconocerse tanto varios centros y varias periferias, como los desplazamientos y sustituciones de esos roles. Más aún, el estatus de un centro se redefine tanto geográficamente como en términos de funciones que pudiera cumplir, transformando la referencia geográfica en una cultural y cognitiva. Por lo tanto, la ciencia no puede considerarse un ente aislado de los contextos en los que se produce, se recrea y se utiliza (González Silva y Pohl-Valero, 2009). De allí resulta un rol epistemológicamente activo de las periferias en la construcción de la ciencia (Gavroglu et al., 2008).

Estos posicionamientos teóricos concurren a iluminar los complejos trayectos de la modernización y, concretamente, los desempeños de los terratenientes innovadores en América Latina que apostaron por el desarrollo de una nueva agronomía de base capitalista. Trayectos que implicaron una redefinición del rol de los Estados, al asumir parte activa en el modesto desarrollo de la ciencia local.

A fines del siglo XIX, la ciencia latinoamericana había realizado modestos progresos. En el tramo histórico abordado en este artículo, la situación de Uruguay era más precaria respecto a otros países de la región y su crecimiento en el campo científico fue más demorado.

El presente artículo se inscribe en el marco del proyecto de investigación Inmigración europea, agricultores y terratenientes innovadores. La agricultura en el programa de la Asociación Rural del Uruguay (1871-1901). Su elaboración requirió la consulta de diversas fuentes. Respecto a archivos, el principal repositorio pertenece a la Asociación Rural del Uruguay. Entre las fuentes éditas, la revista de esta Asociación y el Boletín de la Dirección Nacional de Ganadería y Agricultura (Ministerio de Fomento), la colección de leyes y decretos, y otras publicaciones estatales. En su relación con Uruguay, se consultaron varias colecciones seriadas de fines del XIX e inicios del XX, en la Bibliothèque National de France (digitalizadas en Gallica) y la sección Digital Hispánica en la Biblioteca Nacional de España.

Desde las fuentes europeas y uruguayas emerge una dispar realidad, en la que Uruguay se distancia de otros países de la región (Argentina, Chile), donde se estaban formando los primeros cuadros locales de científicos, con un importante caudal de extranjeros contratados por sus respectivos gobiernos. Hacia 1870, no se había constituido en Uruguay un colectivo de científicos europeos y uruguayos, aunque los escasos representantes de la ciencia participaban en redes regionales e internacionales. En contrapartida de este déficit, existía una saludable inquietud científica e intelectual, como lo ilustra la acción de algunos individuos de la elite política e intelectual que, en 1877, fundaron la Sociedad Ciencias y Artes, e iniciaron un boletín que se publicó durante una década. A su vez, eran muy numerosos los amateurs en diversas disciplinas que concurrieron a generar un ambiente fermental que abonó la paulatina pero creciente contratación de científicos extranjeros. Pese a estos signos positivos, no se había registrado una acumulación de conocimiento aplicable a la producción agraria uruguaya, resultado de varios factores conjugados: la brevedad de la historia de este país, las guerras civiles, y los escasos recursos del Estado.

El desarrollo del capitalismo en los exterritorios coloniales requirió de iniciativas y liderazgos, asumidos por los terratenientes innovadores. A tal fin, se constituyeron en corporaciones de clase, que fueron hábiles instrumentos de presión sobre los Estados a la vez que acumularon conocimientos agronómicos abonados en una bibliografía europea muy actualizada, que se aplicó a la producción. Las asociaciones gremiales de terratenientes se multiplicaron, tanto en América del Sur -Sociedad Nacional de Agricultura de Chile (1838, refundada en 1856), Sociedad Rural Argentina (1866), Asociación Rural del Uruguay (1871), Sociedade Nacional de Agricultura de Rio de Janeiro (SNA) y Sociedade Rural Brasileira (SRB) de São Paulo (ambas en 1897)-, como en México -Sociedad Agrícola Mexicana (1879)- y aún en la Cuba colonial: Círculo de Hacendados de La Habana (1878).

Estas asociaciones realizaron publicaciones que hicieron llegar a sus afiliados y lectores el conocimiento más actualizado sobre los diferentes temas y problemas del agro, impulsaron novedades en la producción de acuerdo a criterios científicos, elaboraron programas e influyeron activamente sobre los gobiernos de turno para que se plasmaran en políticas de Estado. No obstante, en sus filas, algunos innovadores asumieron una posición crítica respecto a que, sin claras políticas de Estado y un cuerpo de técnicos, la iniciativa privada y corporativa no alcanzaría, en solitario, esas metas.

El inicio de una guerra civil (1870-1872) y el diagnóstico, por primera vez, de la aftosa, en 1870, precipitaron la acción de un núcleo innovador de la clase terrateniente que fundó la Asociación Rural del Uruguay (1871). La asociación apostó a diversificar la producción e insertar mejor a Uruguay en el mercado internacional. En pos de ese objetivo, la ARU alcanzó un muy buen nivel de relación con los gobiernos, principalmente durante el Militarismo (1875-1886), período en el que logró instrumentar sus iniciativas sin dificultades. No obstante, se suscitaron diferencias en diversos temas, como las relacionadas con la sanidad y el ingreso de material biótico al país. A su vez, dentro de la institución, profundas diferencias dividían a los ganaderos innovadores, respecto al rol de la agricultura en el programa modernizador.

Si bien la ARU interpretó a una elite innovadora, su acción operó un derrame que alcanzó a agricultores -pequeños y otros prósperos-, que no estaban afiliados a la asociación. Esta acción fue posible mediante la creación de filiales en varios departamentos del país, el contacto directo con referentes locales y por la alta difusión de su publicación oficial. Las notas de estos agricultores remitidas a la dirección de la revista, permiten apreciar una influencia relativamente profunda en ese tejido social, registrándose consultas e intercambio de información y, en oportunidades, hasta polémicas sobre algunos temas. Resulta evidente que la institución llegó a la mayoría de las redes de productores, recopilando información sobre prácticas tradicionales aportadas por estos agricultores y los resultados de su confrontación con conocimiento experto (manuales de agricultura, la revista gremial, los primeros inspectores de agricultura). En tanto, un universo extenso -mayoritariamente ganaderos- se mantuvo al margen de la institución y de su influjo.

En las décadas 1871-1901, se hicieron presentes en Uruguay diversas enfermedades y plagas, así como epidemias que afectaron a los seres humanos, plantas y animales, incidiendo negativamente en la producción y el comercio. De un conjunto más amplio, el texto se refiere únicamente a la aftosa, la filoxera y por proyección indirecta, el cólera.

Antes de la creación del Departamento de Agricultura (1862), los agricultores de Estados Unidos contaban con innumerables formas de compartir y comunicar información agrícola, que reconocía raíces en sus prácticas experimentales. El trabajo de información del Departamento de Agricultura generó novedades en la calidad y diversidad de información, al vincular esa información con el conocimiento “experto” a través de la producción y difusión de los resultados de la investigación científica. El vehículo de gran parte de esta transferencia de información fueron los informes anuales del Departamento (D’Arpa, 2014).

Esta perspectiva sobre Estados Unidos, contrasta notablemente con la de América Latina, donde la principal vía de información y socialización del trabajo experimental fueron las redes de agricultores y terratenientes, y la labor divulgativa de las corporaciones agrarias, durante la mayor parte del siglo XIX. En cuanto al rol del Estado, fue limitado, por ausencia de investigación, y consiguientemente se reflejó en la aplicación de medidas importadas de otros países, que concurrieron a enfrentar estos problemas en coyunturas de emergencia, y también a más largo plazo. Los Estados acompañaron los proyectos modernizadores de los terratenientes, buscando implementarlos del mejor modo posible, mediante la sanción de leyes y una modesta asignación de recursos. En esta perspectiva, se crearon las primeras estructuras del Estado destinadas a atender los asuntos agrarios (ministerios, secretarías u otras dependencias especializadas). Paulatinamente, los Estados fueron asumiendo como propios los programas de los terratenientes o parte de los mismos.

En el cono sur, los terratenientes innovadores uruguayos se vincularon institucionalmente con la SNA de Chile y la SRA de Argentina, atendiendo a los avances importantes que se procesaron en esos países. La Quinta Normal de Agricultura, en Santiago, albergó varias instituciones (escuela agraria, Instituto Agronómico) y contrató a varios científicos en el exterior (Chacon, 1886; Le Feuvre, 1901; Robles, 2007), que convirtieron a ese país en un nodo de referencia para la ARU. El otro referente tuvo foco en las transformaciones operadas en la región pampeana argentina, como la creación del Instituto Agronómico-Veterinario (Santa Catalina, provincia de Buenos Aires, 1883), y el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria (1904), integrado el primero a la Universidad de La Plata y el segundo a la Universidad de Buenos Aires (Pérez, 2004; Graciano, 2003).

En este contexto, Uruguay avanzó modestamente en institucionalidad: se creó la Dirección General Agronómica (1876), el Ministerio de Fomento (1891) y, en este, el Departamento Nacional de Ganadería y Agricultura (DNGyA, 1896). En 1896, se estableció la Escuela de Agricultura y Granja Experimental de Toledo, anexada al DNGyA (Batista). Las facultades de Agronomía y Veterinaria fueron creadas más tardíamente, en la primera década del siglo XX.

El fin de los gobiernos militares (1875-1886) se acompañó de un creciente distanciamiento del Estado respecto de la ARU, y procesó un segundo paso en 1893, cuando se diagnosticó oficialmente la filoxera, y los técnicos desplazaron a los terratenientes en la conducción del combate al flagelo. Este paso generó molestias no disimuladas, pero el pequeño cuerpo de técnicos contó a favor con los progresos científicos europeos. El papel de los agrónomos se fortaleció por el prestigio de la carrera, el conocimiento incorporado al trabajo agropecuario y el éxito en las tareas asumidas. Posteriormente, este nuevo escenario se vio fortalecido por la creación de las facultades de Agronomía y Veterinaria (1907).

El primer laboratorio creado para el agro (1878) dependió de la Comisión Central de Agricultura (CCA) y funcionó bajo la dirección del químico suizo Frédéric Sacc, discípulo de Justus von Liebig. El laboratorio realizó análisis de plantas, minerales y diversos recursos del subsuelo, pero tempranamente se orientó a análisis de los suelos arables de Uruguay. En 1881, por falta de recursos, el gobierno suspendió a Sacc, aunque el laboratorio funcionó un tiempo más, honorariamente, a cargo de su ayudante doctor Florentino Felippone. La presencia de enfermedades y plagas, la necesidad de continuar con el estudio de los suelos, así como los análisis de vinos, determinaron a la Junta Directiva de la ARU a crear un laboratorio propio (1898), para cuya dirección se contrató al agrónomo francés Jules Frommel, a su vez, experimentado químico. Durante la década 1888-1898, el laboratorio municipal prestó un servicio sostenido al respecto (Vega y Ortega, 2021). Estas instancias no fueron suficientes y la ARU se interesó en la creación de un laboratorio bacteriológico, siguiendo atentamente el igualmente largo trámite de la Sociedad Rural Argentina que, finalmente y a tal fin, contrató al científico francés Josep Lignières.

Los avances de la ciencia y la escasez de recursos, motivaron que enfermedades y plagas fueran seguidas con interés desde la revista gremial, buscando recursos de bajo costo y disponibles para los agricultores. Simultáneamente, se publicaron artículos sobre estos temas, redactados por los socios más ilustrados de la institución y se reprodujeron otros procedentes de revistas especializadas, principalmente españolas y francesas.

En un esfuerzo divulgativo, la ARU imprimió hojas con dibujos de algunos insectos peligrosos para la agricultura y contó con la colaboración de los jefes políticos de los departamentos del país, para su distribución gratuita a los agricultores. Entre 1877 y 1891, la institución realizó varias gestiones ante el gobierno uruguayo para importar láminas descriptivas de varios insectos plaga. En 1877, procedió de este modo con motivo del “Doryphora”, que había ingresado a Europa ¹ . Las láminas serían remitidas a los jefes políticos y Juntas Económico-Administrativas de los departamentos, al igual que a escuelas, iglesias e instituciones culturales (ateneos, bibliotecas, etc.), al efecto de hacerlas llegar a los agricultores (Fig. 3). En 1889, por temor al ingreso de la filoxera, la Asociación Rural del Uruguay procedió del mismo modo, resolvió reproducir una imagen del libro de Pierre Tochon (1875) y gestionó la impresión de 1.000 láminas (Fig. 4) en la imprenta de Antonio Barreiro y Ramos (socio de la ARU, librero e impresor) ² .

La presencia de enfermedades y plagas obligó a articular viejos saberes campesinos (dispositivos de control biológico, cultural) con los aportes incipientes de la ciencia local y los conocimientos más modernos y actualizados procedentes de Europa. A inicios del siglo XIX, naturalistas de diferentes países reseñaron el importante papel de los organismos entomófagos en la naturaleza al restablecer el equilibrio ecológico, a la vez que eliminar o reducir los daños causados por organismos perjudiciales (Badii y Abreu, 2006).

En Uruguay, durante la última década y media del XIX, se habían identificado una serie amplia de insectos que eran dañinos para la agricultura, conocimiento acopiado a partir de las experiencias directas de los agricultores y los aportes de algunos entomólogos desde el Museo Nacional de Historia Natural (Vega y Ortega, 2021). Estos antecedentes fueron la base para una ley de 1911, que declaró a 30 insectos como enemigos de los cultivos (Basso y Cibils-Stewart, 2020). Por otra parte, la revista de la ARU incluyó en sus páginas varias notas sobre aves que debían protegerse en tanto destruían insectos nocivos para la agricultura. Medidas de control biológico eran practicadas en varios países latinoamericanos, mediante la importación de insectos u otros que destruían a aquellos nocivos y que determinarían una primera importación en Uruguay, en el año 1912 (Basso y Cibils-Stewart, 2020).

Terratenientes y agricultores mostraron preocupación por la presencia de diversas enfermedades en los cultivos, pero la ausencia de instituciones científicas, de centros formativos de técnicos, escuelas agrarias y de prácticas extensionistas, determinaron a la ARU a realizar lo único que estaba a su alcance: extremar las medidas preventivas (Bonfanti, 2008, 2012, 2019).

Los dirigentes más informados de la ARU siguieron con interés los comportamientos de los terratenientes innovadores en los Estados europeos: de ahí la importancia de las bibliotecas. Hacia 1890, la ARU reunía unos 3.000 ejemplares entre libros, revistas y folletos especializados, procedentes de varios países europeos (principalmente Francia y España), Estados Unidos, y América Latina (preferentemente de Argentina y Chile).

Algunos de los temas a los que se concedió mayor interés fueron los referentes a estadísticas -tanto productivas como sanitarias-, enfermedades y plagas en el agro. La elite que ejercía la conducción de la ARU, estaba informada respecto a los acontecimientos europeos, entre otros, la afectación de las cosechas francesas de 1877 y 1878 a causa de la filoxera (Alfroy, 1975). La correspondencia institucional revela cierto conocimiento respecto a la Encuesta implementada por la Société Centrale d’Agriculture de l’Hérault sobre las viñas americanas plantadas en la región (1875), y la encuesta de 1879, ordenada por el ministro de Agricultura de aquel país, procurando una rehabilitación del comercio ⁹ .

A fines del siglo XIX e inicios del XX, la ARU recibió -a través del servicio diplomático uruguayo-, varios ejemplares de los Anales du Ministêre de l’Agriculture. La corporación se benefició de la prolongada estancia de su directivo Félix Buxareo Oribe (terrateniente ganadero, agrónomo, autor de varios libros especializados, quien ocupó el cargo de secretario honorario de la Legación de Uruguay en Paris, entre 1893 y 1895). Buxareo envió a la ARU publicaciones e informes sobre las “Enquêtes agriares” realizadas en ese país ¹⁰ . El servicio exterior uruguayo contó con varios diplomáticos funcionales a los requerimientos de la ARU. Merece citarse a Pablo Antonini Diez, ministro plenipotenciario de Uruguay en Roma, quien hizo llegar a la Rural bibliografía actualizada, ediciones oficiales, e información sobre las “Inchieste agrarie”. Desde Montevideo se siguió con interés los avances institucionales, legislativos y científicos en España. Este país realizó un gran empeño en conocer la realidad agraria, con un seguimiento de la presencia de enfermedades y plagas, y buscó conocer los problemas presentes en el agro así como las potencialidades productivas del país. Los gobiernos europeos visualizaron las Encuestas como un instrumento útil -aun cuando respondieran en cada caso a objetivos diferentes- y de los resultados recogidos implementaron acciones diversas, como la creación o reestructura de oficinas de estadísticas, diseños de programas, encuestas decenales, legislación específica, informes sobre situación sanitaria, etc. (Vivier, 2013; Nanni, 2017; Carnero i Arbat, 1980; Carmona et al., 2013).

En Uruguay, país de escasos recursos económicos y humanos, se valorizó esa información y se fueron adoptando algunas acciones significativas: la creación de una Mesa de Estadística -anexa al Ministerio de Hacienda (1852)-, la contratación de quien fue el primer estadígrafo, el francés Adolfo Vaillant (1874), la realización de un censo agropecuario en 1872. En 1888, la ARU implementó una encuesta entre los viticultores de Uruguay, para un conocimiento de las condiciones de producción (extensión de los viñedos, técnicas aplicadas, etc.), con un punto importante referente a la presencia de enfermedades en la viña. De ella resultó que estaban presentes todas las enfermedades del viñedo europeo, y uno de los encuestados describió una que desconocía, pero que, en los detalles que aportaba, se identifica la presencia de la filoxera ¹¹ . Ante la inquietud reinante entre los viticultores por la contradictoria información sobre el ingreso de la filoxera en Argentina y Chile, la corporación operó en diferentes niveles. Mantuvo contacto con autoridades de ambos países y con la SRA y SNA; y, en 1892, el presidente de la ARU, Federico R. Vidiella, consideró la posibilidad de realizar una nueva encuesta entre los productores. Proponía tomar como referencia la que remitiera la Comisión General de Agricultura, Industria y Comercio Agricultural (Madrid, 20 de noviembre de 1872) a los gobernadores de las provincias españolas, adaptándola a las conveniencias locales. Sin embargo, los integrantes de la Junta Directiva desaconsejaron esta iniciativa, teniendo en cuenta que no había transcurrido demasiado tiempo de la Encuesta de 1888 y que poco aportaría al respecto ¹² . En 1900, la presencia de aftosa en Montevideo motivó una breve encuesta aplicada a los tambos de la capital, que se propuso extender a otros departamentos del país donde se habían registrado brotes. El archivo de la ARU no conserva la versión de la encuesta aplicada, sino borradores y anotaciones previas: número de animales en cada establecimiento; enfermedades presentes y número de animales afectados; en caso de diagnóstico de la aftosa, nombre del profesional responsable; cumplimiento de la ordenanza sanitaria.

Los problemas planteados por las enfermedades y plagas en el campo, se proyectaron en las relaciones entre los Estados, que avanzaron hacia acuerdos y convenios sanitarios regionales e internacionales. Por otra parte, es importante señalar que fueron estas enfermedades y plagas las que propiciaron las primeras instancias de cooperación científica internacional.

Las primeras conferencias sanitarias fueron motivadas por la extensión de varias enfermedades que amenazaron las sociedades, como el cólera y la fiebre amarilla entre las principales. Diez de ellas se celebraron durante la segunda mitad del siglo XlX (1851-1897) que, a pesar de desavenencias entre científicos, fueron preparando el camino a las convenciones sanitarias. Como señala Mateos, las actas de estos eventos “constituyen una historia viva de las distintas ideas y conceptos que prevalecieron durante la segunda mitad del siglo XlX e inmediatamente después, sobre la naturaleza de las enfermedades epidémicas” (Mateos Jiménez, 2005, p. 345). Contemporáneamente, se realizaron otras conferencias y congresos sobre enfermedades y plagas que afectaban la producción agropecuaria, algunas de las cuales podían constituir una amenaza para la salud humana.

Cabe señalar que en el combate a la filoxera cumplieron un importante papel las medidas adoptadas por los gobiernos a nivel nacional y los acuerdos entre los Estados -principalmente europeos- en los eventos internacionales, convocados para evitar su propagación. Además de convocatorias locales, la filoxera motivó la reunión de varios congresos: en Madrid (1878), el Internacional Filoxérico de Zaragoza (1880) y un tercero en Burdeos (1881), donde se confrontaron los avances internacionales con la situación en los respectivos países. El Congreso Internacional Filoxérico de Lausana (1877), promovió la convocatoria de la Convención Internacional de Berna (1878). Este último evento tuvo por finalidad principal, combatir la filoxera de los viñedos, promover a los principales productores a adoptar medidas precautorias (Briones y Hernández Sandoval, 2010). Fueron firmantes Alemania, Austria-Hungría, Francia, Italia, España, Portugal y Suiza, adhiriendo más tarde otros países. Posteriormente resultaron medidas legales a ser aplicadas para prevenir y atacar la plaga.

La crítica situación planteada por el cierre de los puertos de Brasil al tasajo platense con motivo del cólera en Buenos Aires y Montevideo (1886) fue superada rápidamente. Los aportes de la ciencia abrieron camino a una nueva etapa de negociaciones que culminaron en la Convención Sanitaria de 1887, signada por Argentina, Brasil y Uruguay (Chaves, 2008).

Desde la segunda mitad del siglo XIX se intensificó el intercambio biótico entre los países y, consiguiente, de microbios, insectos y otros organismos reputados como nocivos. Los gobiernos respondieron levantando barreras sanitarias, prohibiendo en ocasiones las importaciones de plantas y animales vivos, pero una vez que las enfermedades habían transgredido las políticas de fronteras nacionales era necesario erradicarlas o controlar su propagación. Entre la Convención contra la Filoxera (Berna, 1878) y la Convención Internacional para la Protección de las Plantas (Roma, 1929), se ratificaron acuerdos internacionales para prevenir la propagación global de enfermedades y plagas de insectos. El objetivo fue normalizar estas prácticas y diseñar un certificado de inspección uniforme para eliminar ciertas barreras que obstaculizaban el comercio internacional de alimentos y productos agrícolas. Un nuevo escenario fue posible por el creciente desarrollo del “internacionalismo” científico, que se reflejó en congresos, el establecimiento de oficinas y asociaciones internacionales (Castonguay, 2005).

En la década comprendida entre el diagnóstico oficial de la filoxera (1893) y los nuevos brotes de aftosa (1900) se profundizó en un cuadro crítico en el seno de la elite ganadera innovadora que conducía la ARU.

En primer lugar, se acentuaron sus diferencias respecto al proyecto modernizador, centrado en la agricultura. En el proceso de renovación generacional de la asociación, el núcleo duro de los impulsores de la agricultura se fue debilitando. Hacia fines del XIX, algunos de ellos habían fallecido y otros se retiraron por ancianidad o enfermedad. A su vez, aquellos que permanecieron al frente de la institución vieron seriamente comprometido su prestigio, cuando la filoxera fue identificada en sus propios viñedos, poniendo en duda sus conocimientos y pericias para prevenir y enfrentar la plaga. Este último episodio fortaleció las críticas de los adversarios de la dirigencia gremial y facilitaron sus estrategias.

Por otra parte, la superficie cultivada registró un pobre crecimiento, su participación en el cuadro de productos agropecuarios fue escasamente relevante e irrelevante su participación en las exportaciones uruguayas en relación a la ganadería.

Un tercer aspecto da cuenta que en los sucesivos equipos gobernantes se fue generando la convicción de que el sector agropecuario -principal de la economía uruguaya-, no podía quedar librado al conocimiento imperfecto adquirido por los propios terratenientes con base en lecturas y experiencias, y se requería de hombres formados en la ciencia agronómica, quienes reunían los conocimientos adecuados para asesorar en la toma de decisiones a los equipos gobernantes. Esta nueva realidad implicó la paulatina marginación de la ARU del ámbito oficial de decisiones. La presencia de la filoxera en Uruguay marcó un avance del Estado sobre un espacio que había estado hasta entonces reservado a la corporación terrateniente. En la tensión instalada con el cuerpo técnico, la ARU buscó asegurar su posición influyente en todos los planos, resistiendo algunas medidas, argumentando por otras soluciones, creando otras asociaciones -como el Centro de Viticultores, 1893- que, a sus fines específicos, añadía el de enfrentar esa inquietante arremetida estatal. Esfuerzos que resultaron vanos ante un Estado que ya entonces, anunciaba los tiempos intervencionistas del primer batllismo (1903-1915) ¹³ .

En este contexto, las críticas de los terratenientes avocados a un programa centrado en la ganadería -y abonadas por las nuevas oportunidades que abría la flamante industria frigorífica en el mercado internacional- lograron imponerse en las elecciones gremiales de 1901, asumiendo la conducción de la corporación y relegando la agricultura a un segundo plano.

El artículo deja planteado algunos temas y problemas en la historia de la ciencia en el Uruguay y su relación con la producción agropecuaria.

En primer lugar, el desempeño de una elite ganadera escindida en torno a un programa modernizador centrado en la agricultura. Esa escisión se profundizó en las tres décadas consideradas en este artículo, al quedar jaqueado el núcleo líder tanto por el sector pro ganadero como por el Estado, que comenzó a desplazar a los terratenientes de las estructuras administrativas y del diseño de políticas hacia el sector. De todas formas, el triunfo del ala más conservadora de los terratenientes no fue obstáculo para que los modestos avances logrados fueran asumidos por el Estado, impulsando el desarrollo de la agricultura y de una cultura científica en el Uruguay de la primera mitad del siglo XX.

Por otra parte, el estudio aborda sucintamente el proceso de construcción del Estado, poniendo el foco en las instituciones y reparticiones específicas, relativas a un sector que generaba los principales recursos alimenticios para la población del país e ingresos por concepto de exportaciones. Al respecto se ha referido a la Dirección Nacional Agronómica, la Comisión Central de Agricultura y el Departamento Nacional de Ganadería y Agricultura (Ministerio de Fomento).

En el artículo cobra centralidad la presencia de enfermedades y plagas, y el desempeño de los terratenientes innovadores, tanto en la atención prestada a la bibliografía agropecuaria más actualizada, como la información divulgativa por la importación de revistas y folletos, así como los aportes recibidos de otras asociaciones de la región a las que la ARU estaba fuertemente vinculada (SNA, SRA).

Si bien la perspectiva de este artículo se aborda desde la presencia de enfermedades y plagas, aporta al proceso de constitución de recursos humanos por la doble vía de la contratación de extranjeros y la formación de cuadros locales. El desempeño de estos hombres fue principalmente profesional, actuando de forma directa o indirecta con los productores, bien concurriendo a la formación de nuevos profesionales desde el medio universitario. Sin embargo y paulatinamente, algunos de estos hombres realizaron una incipiente investigación que se aplicó a la producción. En algunos campos, como la botánica y la entomología, se incorporaron a estos cuadros algunos amateurs, formados junto a hombres de ciencia y liderados por estos.

Si bien no existe duda respecto a la participación de científicos uruguayos y extranjeros radicados en el país, en redes regionales e internacionales, el conocimiento de estas retículas es limitado. También es imperfecta la información sobre su labor investigativa aplicada a la producción agropecuaria. Finalmente, poco se ha avanzado respecto a documentar algunas experiencias tempranas de cooperación científica regional e internacional.

El artículo es revelador de la escasa atención que la historiografía uruguaya ha dispensado al desarrollo de la ciencia local y sus aportes a la producción agropecuaria en las últimas décadas del siglo XIX (principalmente la química, la botánica y la entomología), así como a las bibliotecas científicas de este período, tanto privadas como institucionales, y consiguientemente se ha prescindido de sus contenidos y aportes.

Finalmente, y a la luz del conocimiento imperfecto sobre el desarrollo de la ciencia y sus vínculos con la producción agropecuaria en Uruguay, se presenta un escenario que invita imperiosamente a transitar el camino del trabajo interdisciplinario.