Históricamente, las sociedades humanas siempre han sido vulnerables a las enfermedades de los animales domésticos, especialmente cuando estas aparecían en forma de brotes y comprometían la economía agraria. En Europa, están documentadas graves epizootias de peste bovina, ántrax, fiebre aftosa, peste porcina clásica, viruela ovina o pleuroneumonía contagiosa bovina, entre otras, las cuales en ocasiones se podían presentar simultáneamente dificultando el diagnóstico. Entre ellas, la peste bovina merece una consideración especial por las consecuencias devastadoras que provocó en la sociedad europea durante el siglo XVIII. La enfermedad se extendió por la mayor parte del continente en forma de oleadas sucesivas a lo largo de toda la centuria, con mortalidades a menudo superiores al noventa por ciento. En 1745, Cromwell Mortimer, secretario de la Royal Society de Londres, calificó la situación generada por la plaga vacuna como una calamidad pública. No en vano, agricultura y cría animal constituían dos pilares económicos básicos de una sociedad eminentemente rural (Wilkinson, 1992, pp. 35-64; Spinage, 2003, pp. 81-160; Koolmees, 2010).

Las medidas sanitarias que se recomendaron -e implementaron en muchos casos- fueron de diversa índole. Médicos y cirujanos de gran prestigio como Bernardo Ramazzini, Giovanni Maria Lancisi, Thomas Bates, Albrecht von Haller o Erasmus Darwin propusieron, entre otras cosas, políticas de cuarentena, el aislamiento de las reses afectadas, la limpieza de establos o el sacrificio de todo el ganado en un perímetro alrededor de los brotes confirmados. Algunas autoridades distribuyeron panfletos informativos en lengua vernácula para hacerlos más accesibles a mercaderes, agricultores o a cualquier persona relacionada con la tenencia y el cuidado de los animales domésticos. Al mismo tiempo se pusieron en marcha otros recursos para intentar detener la enfermedad, como el edicto que se promulgó en Dinamarca en 1745 ordenando rezar en todas las iglesias cuando la peste bovina se introdujo allí desde la frontera sur con Alemania. Quizás con un valor práctico superior, también se prohibió simultáneamente la celebración de mercados de ganado temporalmente (Wilkinson, 1992, pp. 35-64).

No es extraño que en este contexto se originara la idea de organizar una educación reglada que desarrollara conocimientos específicos para el mantenimiento de la salud animal. Esa aspiración se materializó en 1762 en Lyon, Francia, con la transformación de una academia de equitación en la primera escuela de veterinaria del mundo, a la que se sumó una segunda en Alfort, París, cuatro años después (Hubscher, 1999, pp. 28-37). Esa iniciativa suscitó el interés de numerosos gobernantes europeos y, antes de que finalizara ese siglo, alrededor de una veintena de ciudades contaban con un establecimiento de características similares: Viena, Dresde, Turín, Berlín, Múnich, Copenhague, Hannover, Londres, Pest…, y también Madrid a partir de 1793.

Hasta ese momento, la mayoría de personas que ejercían la medicina animal aprendían gracias a la práctica y la experiencia propia. En algunos contextos concretos, como en la monarquía hispánica, desde el siglo XVI existían tribunales distribuidos por el territorio que examinaban a quienes quisieran ejercer la albeitería, término equivalente al de veterinaria en lengua castellana. Una reválida que, en algunos municipios peninsulares, está ya incluso documentada desde la Baja Edad Media. La enseñanza tenía lugar en los establecimientos de los albéitares titulados y con frecuencia ese periodo de aprendizaje duraba entre uno y tres años. Allí, los aspirantes se instruían de forma práctica en las enfermedades equinas y en el arte de herrar. También debían dedicar parte de su tiempo al estudio, ya que el examen consistía en una parte teórica y otra práctica. Algunos de los tratados más populares para superar esa prueba gozaron de varias ediciones para cubrir la demanda y, en general, la pervivencia de esta reválida durante más de tres siglos favoreció el mantenimiento de una importante producción bibliográfica (Sanz Egaña, 1941, pp. 39-95).

En otros contextos europeos, la medicina animal era un oficio de ejercicio libre. Existían muchos tipos de sanadores, algunos sin un aprendizaje específico previo pero que no incurrían en ninguna ilegalidad por ello. Entre las diferentes opciones, la posición jerárquica más elevada correspondía a aquellos que se centraban en el cuidado de los caballos y ofrecían sus servicios como una actividad de tradición familiar regulada de forma gremial. Existían otros practicantes de menor rango, como los herradores o los que se encargaban preferentemente del ganado bovino. Los bueyes eran especialmente valiosos en el medio rural por su aptitud como animales de tiro en los campos de cultivo. Ovejas, cabras y cerdos solían ser tratados por los propios pastores y labradores. Dentro de este pluralismo asistencial también se incluían las curas proporcionadas por los miembros de la unidad familiar. La veterinaria doméstica, ejercida sobre todo por mujeres, constituía un recurso rápido capaz de ahorrar un estipendio. El conocimiento se adquiría mediante el aprendizaje oral o heredado, pero también por escrito, tal y como atestiguan los libros de recetas y de cuidado de animales que se han conservado (Curth, 2010, pp. 53-69; Curth, 2013, pp. 59-86; Zarzoso, 2007).

En esta época anterior a la creación de escuelas de veterinaria, eran los cirujanos del ejército quienes a veces se responsabilizaban del cuidado de los caballos durante los periodos bélicos (Wilkinson, 1992, pp. 52-53), si bien no hay documentación que acredite, ni tampoco parece probable, que esa costumbre se diera también en España. Aunque esos centros de enseñanza aparecieron, sobre el papel, con el objetivo principal de solucionar los problemas relacionados con la peste bovina, rápidamente mostraron más interés por las enfermedades equinas que por las propias de los animales de producción. El papel clave de los caballos en la logística militar puso en un primer plano la necesidad de contar con veterinarios bien entrenados en un momento en que los ejércitos europeos se estaban modernizando (Vives Vallés, 2007, pp. 69-74). El sesgo hipiátrico que mostraron las escuelas francesas también se trasladó al resto de centros europeos, algunos de los cuales se concibieron con un propósito estrictamente castrense. El colegio veterinario de Londres, creado en 1792, recibió durante ese fin de centuria generosos subsidios del ejército. En 1793, cuando los británicos entraron en guerra con Francia, se decidió acortar el plan de estudios de tres años a solo seis meses para cubrir la demanda de veterinarios que el conflicto bélico estaba generando (Swabe, 1999, pp. 91-93).

Ese año se inauguró la escuela de Madrid. En el acto de apertura, Segismundo Malats, su director, pronunció un discurso que reflejaba la importancia del estudio de los equinos dentro de la estrategia militar y que, como veremos en el siguiente apartado, se podría condensar en su aforismo: «La Milicia sin caballos y la Patria sin defensa» (Suárez Fernández, 1993, p. 43). Este interés preferente por la medicina equina se mantuvo prácticamente invariable durante el siglo XIX, en detrimento de las dolencias de otros animales domésticos más presentes en el ámbito agropecuario y en el medio rural en general.

En 1792, el rey Carlos IV firmó la orden fundacional de la Real Escuela de Veterinaria de Madrid, abriendo sus puertas en 1793. Los albéitares del ejército, también llamados mariscales, Segismundo Malats Codina e Hipólito Estévez Vallejo se encargaron de impartir la mayor parte de la docencia, con un primer plan de estudios de dos años ampliado desde 1796 a cuatro y centrado exclusivamente en el caballo. El patrón de creación de la institución madrileña siguió el mismo esquema que en el resto del continente europeo. En la mayoría de casos, los gobiernos enviaban a personas con experiencia contrastada en salud humana o animal para que cursaran los estudios de veterinaria en Lyon o Alfort y organizaran, a su regreso, un centro de características similares. El rey Carlos III también siguió ese modelo, becando a Bernardo Rodríguez Marinas en primera instancia y a Malats y a Estévez después para que estudiaran en la escuela parisina. La impronta castrense y centralista en la génesis del nuevo centro se reflejó en numerosos aspectos, como su ubicación, protectores, dirección, profesorado, material didáctico o en su gobierno, que dependió inicialmente del Consejo Supremo de Guerra y después de la Junta Suprema de Caballería del Reino. Estos organismos se encargaban, entre otras cosas, del aumento y mejora de los caballos que formaban parte de la logística del ejército. En consonancia con esa orientación, la mayoría de los estudiantes eran militares o hijos de estos, estipulándose una edad mínima de ingreso de dieciséis años que se llegó a rebajar a los doce ante las dificultades iniciales de reclutamiento (Salvador Velasco, 2015, pp. 238-253).

La creación de la escuela de veterinaria no supuso la supresión de los tribunales para la obtención del título de albéitar. Estos siguieron funcionando como lo hacían desde hacía tres siglos, coexistiendo desde entonces dos tipos de recursos oficiales para preservar la salud de los animales. Pero solo en teoría, porque de facto veterinarios y albéitares siguieron caminos bien separados. Los primeros debían trasladarse a la capital para cursar unos estudios que les permitirían ocupar los puestos vacantes en el campo militar, de mayor reconocimiento social y con mejor remuneración. Ello explica por qué, medio siglo después de la apertura del centro madrileño, apenas hubiera en España más de 200 veterinarios, una cantidad exigua, aunque suficiente para proveer al ejército (Benito Hernández, 2003, pp. 69 y 93-95).

En el ámbito civil, los albéitares continuaron manteniendo una posición absolutamente hegemónica. En el censo de 1797 figuraban 5.706, uno por cada 1.847 habitantes. Esos datos, aunque se han de tomar con cautela, nos pueden servir como referencia. En el registro de 1860, esa cifra ascendía a 8.132, si bien se contabilizó de forma conjunta a albéitares y veterinarios. Es interesante destacar cómo ese crecimiento fue paralelo al de la población total, reflejando una relación de un especialista en medicina animal por cada 1.927 habitantes (Benito Hernández, 2003, pp. 39-43).

Está claro que para los diferentes gobiernos de la primera mitad del siglo XIX, la opción de formar albéitares era mucho más barata que crear y sostener varias escuelas de veterinaria que fueran capaces de cubrir las necesidades de la sociedad civil. No obstante, esta situación de coexistencia oficial, sin parangón en el resto de Europa, acabó teniendo fecha de caducidad. Los proyectos de modernización que afectaron a las estructuras educativas españolas durante esa centuria también trascendieron al campo de la salud animal. En 1847, se promulgó un decreto ordenando la creación de dos nuevas escuelas, en Zaragoza y Córdoba, y eliminando la concesión de títulos de albéitar de forma definitiva. ¹ En 1852, se abrió otro centro en León, el cual contribuyó a que ese reemplazo progresivo de albéitares por veterinarios en el ejercicio de la veterinaria civil fuese más efectivo. Este nuevo escenario provocó una firme competencia entre los que, amparándose en la superioridad de sus títulos, pretendían desempeñar un papel rector en la medicina animal y los que, por su mejor engranaje en la sociedad tradicional de la época, se mantuvieron como la opción asistencial preferida por la clientela durante esa década de 1850 (Gutiérrez García, 2013).

Pero como es fácil suponer, la ecuación numérica entre albéitares y veterinarios se fue decantando desde entonces de forma ininterrumpida a favor de estos últimos. Esa tendencia se acentuó durante el periodo conocido como Sexenio Revolucionario, con la aprobación de un decreto en 1868 declarando la libertad de enseñanza y creando el marco legal propicio para que algunas diputaciones provinciales y ayuntamientos fundaran sus propias instituciones educativas veterinarias. ² La escuela libre de Valencia, por ejemplo, una de las que mejor funcionó, tituló al menos a 186 alumnos hasta el cese de su actividad en 1874 (Aganzo Salido, 2007). En ese mismo año, la promulgación de otro decreto ³ retomó el tradicional criterio centralista, devolviendo al estado la organización exclusiva de la educación con la única excepción de los seminarios y suprimiendo de forma definitiva las cinco escuelas libres de veterinaria que, como mínimo, se habían creado (Sanz Egaña, 1941, pp. 291-294).

El establecimiento de esos centros y el aceptable número de alumnos matriculados en alguno de ellos parecen sugerir que las cuatro escuelas oficiales existentes no eran suficientes para satisfacer la demanda de veterinarios en un momento en que los albéitares se estaban extinguiendo. No hay que perder de vista que la vía para titularse como albéitar se había suprimido hacía un cuarto de siglo y que el número de estos, por razones obvias, no dejaba de caer.

En la década siguiente, nuevas medidas trataron de consolidar e incrementar la cifra total de veterinarios. Por un lado, una real orden de 1881 ⁴ concedió plena validez oficial a los títulos emitidos por las escuelas libres, desaparecidas en 1874, y que equiparaba de manera definitiva a los veterinarios titulados dentro y fuera de los centros oficiales. En 1882 se creó la quinta escuela de veterinaria en Galicia que, localizada en Santiago de Compostela, daba cobertura principal a una región del noroeste español eminentemente agrícola y ganadera (Rodríguez García, 1994). Poco después, desde la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País se promovió la creación de una institución educativa veterinaria en Barcelona. Este proyecto, que contó con el respaldo de gobiernos locales y entidades de la sociedad civil catalana, pretendía dar respuesta a la demanda de servicios veterinarios especializados para una población más urbana y alejada geográficamente de las cinco escuelas en activo en ese momento. Además, este plan, gestado desde un entorno industrializado, concebiría el nuevo centro con unos rasgos bien diferentes a los de las escuelas abiertas en otras partes del Estado.

Este encabezamiento, que reproduce el título del expediente custodiado en el Arxiu Nacional de Catalunya, brinda las claves fundamentales sobre la génesis y el desarrollo inicial del proyecto de crear una escuela de veterinaria a finales del siglo XIX en Barcelona.

El punto de partida se sitúa en una carta fechada en noviembre de 1888 que, dirigida al presidente de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, firmaron tres catedráticos de la escuela de Santiago de Compostela: Tiburcio Alarcón, quien era también su director, Demetrio Galán y Francisco o Juan Antonio García (no se ha podido determinar el nombre de pila a partir de la firma). En la misiva, los tres profesores manifestaron ser los autores de la idea de trasladar ese centro educativo a la capital catalana y expusieron las causas por las que solicitaban el apoyo de la entidad barcelonesa. Describieron la escuela gallega como una institución en crisis desde el momento de su fundación en 1882 por motivos personalistas, sin instalaciones apropiadas para impartir una educación adecuada ni para experimentar y con un futuro incierto. Apelaron también al entorno social, al que consideraron anclado en la tradición y en la rutina, como un obstáculo para el desenvolvimiento normal del centro. Contrastaron ese escenario con el que identificaba a Cataluña, subrayando el carácter laborioso e ilustrado de sus gentes que situaba a España, según sus palabras, a la altura de las naciones más civilizadas. Para estos docentes, la prueba más fehaciente de este fracaso lo constituía el mantenimiento económico de un centro sin apenas alumnos y con solo tres estudiantes de nueva incorporación en el último curso académico. Sin embargo, subrayaron la buena aceptación de los estudios de veterinaria entre los jóvenes catalanes, recordando que el mayor contingente de estudiantes en las escuelas de Madrid y Zaragoza procedía de Cataluña. Por todo lo anterior, defendieron que en Barcelona se debían ofertar todas las enseñanzas y que, para ello, no le faltaba más que una escuela de veterinaria. ⁵

En efecto, la afluencia de alumnos catalanes a la escuela de Zaragoza durante el siglo XIX fue muy relevante. Un estudio que contabilizó el origen de los ingresados en esa institución agrupados por planes de estudios reveló que durante el plan vigente entre 1857 y 1871, etapa inmediatamente anterior al periodo que nos ocupa, el número de alumnos catalanes fue de 248, superando cuantitativamente incluso a los procedentes de Aragón (Gómez Piquer y Pérez García, 2000).

En cuanto al centro madrileño, no disponemos de datos, pero todo hace suponer que la cifra era menor, ya que frente al atractivo que suponía su mayor prestigio entre las escuelas españolas se encontraba la desventaja de la mayor distancia geográfica que le separaba de las cuatro provincias catalanas.

Por otra parte, no resulta extraño que esos catedráticos eligieran la capital barcelonesa como el lugar idóneo para trasladar la escuela de veterinaria de Galicia. Durante ese año de 1888 Barcelona se había situado en la vanguardia de la modernidad y del progreso peninsular al celebrar con éxito notable una Exposición Universal. Ese evento, que tuvo un importante impacto científico, económico y cultural, contribuyó a que esa idea icónica de modernidad acompañara desde entonces la imagen de la ciudad y constituya todavía parte de su identidad actual (Hochadel y Nieto-Galan, 2016).

Tampoco lo es el que se dirigieran, en primera instancia, a la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. Esta entidad, creada en 1822 a iniciativa de la diputación de Barcelona, se ocupaba de promover aquellos proyectos que redundaran en una mejora social, desempeñando las cuestiones agrícolas, que contaban con una sección específica, un papel esencial. Esta asociación también se destacó a finales del siglo XIX por su énfasis en los temas pedagógicos, instaurando en 1870 una biblioteca popular (abierta hasta las diez de la noche para poder atender a los trabajadores) y estudiando, en colaboración con la diputación, el establecimiento de varios centros educativos (Dalmau Palet, 2012).

Algunas de estas corporaciones ilustradas, que contaban con numerosos equivalentes dentro y fuera de España, habían conseguido avances significativos en asuntos vinculados con la economía rural. En Francia, una de las cunas de este movimiento, comenzaron a proliferar sociedades agrícolas por todo el territorio desde 1757, mostrando sus miembros, en general, una abierta preocupación por las enfermedades de los animales de granja. En Gran Bretaña, donde la aristocracia terrateniente impulsó el asociacionismo agrario, las cuestiones sobre la cría animal ocuparon un papel principal. Sea como fuere, y con una u otra orientación, una de ellas, la Odiham Agricultural Society de Hampshire logró fundar la escuela de veterinaria de Londres en 1792, la primera de estas características que se abría en las islas británicas (Wilkinson, 1992, pp. 67 y 89-93).

Casi un siglo después, otra asociación de notables se involucraba de forma «accidental» en la creación de una escuela de veterinaria en Barcelona. Sus miembros, reunidos en sesión el 21 de diciembre de 1888, acordaron nombrar un comité que se encargara de este asunto. Su dictamen, de mayo de 1889, apostaba de forma unánime por el establecimiento del centro en la capital catalana. Esa resolución iba acompañada de un borrador de carta para el ministro de fomento desgranando las causas por las que se debía trasladar la escuela de Galicia y que, más o menos reformuladas, eran similares a las señaladas por los profesores de Santiago. Ambos documentos, no obstante, contienen pistas que podrían pasar desapercibidas en una lectura superficial pero que permiten entender por qué el proyecto de escuela «modelo» de Barcelona fue diferente y, probablemente, uno de los motivos de su ulterior fracaso.

El término «modelo», epíteto que acompañaba a la mayoría de las referencias sobre la futura escuela de Barcelona, sintetizó una propuesta reformista que destacaba el papel clave de los veterinarios en los nuevos sistemas de producción animal intensiva que comenzaban a proliferar en Cataluña. Si hasta ese momento la ganadería era una actividad de subsistencia ligada a pequeñas granjas familiares y en las que convivían al aire libre unos pocos animales de diferentes especies, el desarrollo científico y tecnológico abrió paso a una industria alimentaria especializada en ejemplares de una única variedad que se confinaban en instalaciones cerradas para su aprovechamiento óptimo.

La transición de la producción ganadera extensiva hacia sistemas intensivos se acentuó en Europa durante el siglo XIX por el crecimiento rápido de la población y de los estándares de vida. Como consecuencia, tuvo lugar un sustancial incremento de la demanda de productos de origen animal que provocó diferentes respuestas, como el aumento del comercio de animales de granja vivos, la importación de carne por vía marítima o el nacimiento de explotaciones agroalimentarias focalizadas en una sola especie (Swabe, 1999, pp. 118-121).

Este proceso, que no ha dejado de sofisticarse desde entonces, acabo siendo común a todos los países europeos. Cataluña, puerta de entrada de numerosas innovaciones europeas en la Península Ibérica durante el siglo XIX, también se convirtió en sede de la nueva industria. Esa transformación gradual de la producción alimentaria quedó plasmada en el informe preliminar dirigido al ministro de fomento que redactaron varios miembros de la económica barcelonesa, ajenos todos ellos a la profesión veterinaria. El programa inicial que propusieron las elites barcelonesas destacó en un primer plano la necesidad de fomentar las prácticas que relacionaran de forma productiva la ciencia del momento con las necesidades de la industria catalana. En consecuencia, se apostó en primer lugar por el papel esencial del veterinario en actividades económicas como la avicultura o la cunicultura, las cuales estaban cobrando un gran impulso en Cataluña y habían permitido producir a gran escala reduciendo la dependencia de las importaciones de Francia. También hubo espacio, escaso, para caballos, cerdos, ovejas, cabras o vacas, pero resulta insólito para cualquiera que conozca la veterinaria decimonónica que se antepusieran gallinas, pollos o conejos a ese otro tipo de ganadería «clásica». ⁶

Un resultado de esa actividad económica fue la creación de la Escuela de Avicultura Española, en Arenys de Mar, provincia de Barcelona. Salvador Castelló, un ingeniero agrónomo especializado en zootecnia y formado en Bélgica, fundó este centro tras visitar varias granjas avícolas en diferentes países europeos. Esta institución privada ofrecía cursos de cuatro meses sobre gallinocultura e industrias auxiliares, representando una experiencia pedagógica única a nivel estatal para la mejora de la cría y del cuidado de las gallinas (Erill Pinyot y Casanovas Prat, 2012, pp. 55-56).

En estas unidades de producción de carne y huevos se tendían a confinar un número creciente de animales en recintos pequeños, obligando a asegurar un nivel sanitario óptimo en todas las fases del proceso industrial para evitar la aparición de enfermedades, fácilmente transmisibles bajo esas condiciones de hacinamiento. Estas perspectivas no encajaban con la imagen corriente de un veterinario dedicado a la clínica equina y, en menor medida, al cuidado de otros animales grandes.

Según Sanz Egaña, el historiador más reconocido de la veterinaria española, la mayoría de los profesionales del siglo XIX se consagraron de forma exclusiva a la función hipiátrica. La asistencia a los équidos, su herrado y reconocimiento en las operaciones de compraventa constituían los únicos recursos seguros que, sancionados por la tradición, abonaba la clientela. Este autor remarca que todo el debate económico giraba sobre esos conceptos, sin figurar posibles ingresos por la asistencia a otro tipo de ganado. El vacuno, criado en régimen de libre pastoreo, no generó ganancias como reses aisladas hasta la aparición por métodos zootécnicos de la máquina vaca-lechera y de las unidades de producción intensiva del líquido alimento. Un bóvido, oveja, cabra o cerdo tenía escaso valor unitario y, en casos de enfermedad, se recurría a las prácticas de sanadores no categorizados que ofrecían servicios similares. Tampoco se contemplaron durante ese siglo dividendos por el cuidado de mascotas, un fenómeno ligado al desarrollo del estado de bienestar durante el siglo XX. Y menos aún por la asistencia de aves o conejos (Sanz Egaña, 1941, pp. 203-206 y 298-301). Sin embargo, estas «peculiares» ganaderías encabezaron el listado de animales de interés veterinario en el proyecto de creación de la escuela de Barcelona, según su orden de aparición en el referido informe.

Es probable que solo personas ajenas al campo de la medicina animal fueran capaces de zarandear, en ese momento, la idea tradicional de la praxis veterinaria para destacar su cometido en la industria agroalimentaria. Los veterinarios eran, por sus señas de identidad, los agentes más capacitados para enfrentarse a los riesgos para la salubridad en esas granjas de alta densidad animal. Por otra parte, los productores también podrían beneficiarse de su opinión para seleccionar aquellas razas y estirpes que optimizaran el rendimiento económico. Tampoco resulta extraño que esta especialización se materializara como reivindicación en una región de gran arraigo industrial y, por ello, con unas necesidades específicas diferentes a las que, en general, compartían los territorios donde se ubicaban las cinco escuelas existentes.

Otro elemento novedoso que introducía la propuesta barcelonesa estaba relacionado con la mercantilización de los residuos generados en esas empresas para su utilización como fertilizante en la agricultura. Se volvía a insistir en el informe en el carácter eminentemente industrial de los catalanes y su predisposición natural a salir de la rutina creando, a partir de la manufactura de unos productos, la comercialización de otros, como era el caso de la esmerada elaboración de excelentes abonos gracias a la notable pericia de entendidos y experimentados veterinarios. ⁷ De esta manera, la cría animal intensiva también contribuiría al aumento de la productividad agrícola, ya que el estiércol resultaba fácilmente acumulable en esas industrias pecuarias emergentes.

Una vez colocados esos cimientos, las noticias publicadas en diarios de información general y prensa veterinaria nos permiten vislumbrar la buena acogida que esta propuesta tuvo entre entidades públicas y civiles barcelonesas, y de cómo ese interés se articuló.

El punto de partida se situó el uno de enero de 1889, cuando el diario La Vanguardia publicó que la sociedad económica barcelonesa había recibido una petición desde la escuela de veterinaria de Santiago de Compostela para que tratara de gestionar el traslado de esa institución docente a Barcelona. ⁸

La conveniencia de establecer ese centro educativo gozó de un importante consenso entre la sociedad civil catalana, sobre todo por parte de las élites sociales relacionadas con los círculos ecuestres. Una de las maneras de hacer explícito ese soporte consistió en el envío de telegramas a Cristóbal Colón de la Cerda, ministro de fomento. Este fue el caso de Juan Estruch, director del gremio de caleseros, que aglutinaba a más de cuatrocientos individuos, o los telégrafos remitidos por los máximos representantes del Círculo Jockey-Club, del Casino venatorio o del centro hípico denominado Picadero Americano. ⁹ En otras ocasiones, esas misivas fueron firmadas por personas a título particular, como en el caso de varios aficionados a la equitación. ¹⁰

Pero el binomio veterinaria-équido, característico del siglo XIX, no solo se ciñó a los ejemplares selectos que tenían un papel importante en la vida lúdica de la gente adinerada del momento. Caballos, burros y mulas constituían la fuerza motriz del comercio y del transporte terrestre de personas. Eran parte esencial del engranaje económico, por lo que se convirtieron en actores ineludibles de los retratos urbanos de cualquier metrópolis del siglo XIX. ¹¹

Barcelona precisaba de un elevado número de estos, tal y como lo atestiguaban los más de treinta mil solípedos que convivían en la ciudad y sus alrededores, desempeñando un papel fundamental para la prosperidad de una urbe inmersa en un constante desarrollo económico e industrial. Este contingente equino también se esgrimió como un argumento para justificar la apertura de la escuela. ¹²

Entre las filas veterinarias, los principales apoyos procedieron de los profesionales que se estaban destacando por sus inquietudes científicas. Por ejemplo, de Joan Arderius, Simón Sánchez y Francesc Darder, presentes en el V Congreso Internacional de Veterinaria celebrado en París en 1889 y primera representación española en ese tipo de eventos ¹³ . O de Ramón Turró, quien más tarde se convirtió en el primer veterinario en dirigir un laboratorio municipal de una gran ciudad a nivel estatal. ¹⁴

Pero entre ellos, sobresalió la figura de Darder, famoso por sus negocios de taxidermia y compraventa de animales vivos, tanto de ejemplares exóticos como de pequeñas especies de interés zootécnico. Este veterinario se convirtió en el mayor proveedor local de un mercado consumista en torno a la posesión de animales en alza. Su oferta se complementaba con la venta de tecnología, como incubadoras artificiales, cabañas para la cría de conejos o diferentes tipos de gallineros, comederos y abrevaderos, por citar solo algunos de los productos que comercializaba. Su clientela incluía tanto a personas pertenecientes a los estamentos más acomodados de la ciudad, interesadas en adquirir un animal raro, vistoso, caro y de moda, como a individuos de clases trabajadoras que buscaran, por ejemplo, gallinas, patos o conejos con una mayor tasa productiva y reproductiva que auxiliaran la economía familiar. ¹⁵

Para publicitar sus productos y ampliar su mercado potencial por el territorio nacional, fundó en 1886 El Naturalista, una revista que sirvió también de vía de difusión de consejos veterinarios y de un canal de comunicación entre Darder y los aficionados a la historia natural que, como refleja la intensa actividad epistolar, procedían de todos los rincones de España.

Esta publicación, que interrumpió su edición en 1888 coincidiendo con la celebración de la Exposición Universal de Barcelona, volvió a salir a la luz en febrero de 1889 con un objetivo principal confeso, «el de dar mayor calor y vida a la idea que viene agitándose para conseguir el traslado a esta capital de la Escuela de Veterinaria de Santiago». ¹⁶

Los intereses de Darder en su firme defensa a favor de la creación del único centro de enseñanza que, según sus palabras, Barcelona no tenía, constituyen una incógnita. Se podría especular en un trasfondo económico, puesto que su actividad comercial incluía la venta de colecciones zoológicas, revistas, libros, incubadoras de huevos, aparatos para la cría animal…, y la escuela constituía un nuevo mercado para el material didáctico que él ofrecía. ¹⁷

Pero no sería justo conjeturar sobre las motivaciones y dejar de lado los hechos, porque su contribución fue enorme. El traslado a Cataluña de esa institución educativa fue una decidida apuesta personal y una constante en su revista, hasta el punto de que limitaba el espacio para las comunicaciones más científicas y otras noticias de interés profesional. Por eso, para cualquiera que quiera conocer de forma cronológica los vaivenes que sufrió la propuesta barcelonesa, esta publicación constituye una fuente documental imprescindible. ¹⁸

En general, se puede señalar que Darder se identificó plenamente con los miembros de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País al subrayar, bajo el evocador título de «Una reforma necesaria», las peculiaridades que el nuevo centro debería reunir por dar cobertura a una Cataluña que, además de contar con una importante agricultura, gozaba del mayor desarrollo industrial a nivel peninsular. Esas novedades, que harían que «de nosotros copiarían las demás regiones españolas», destilaban la idea del veterinario como un referente clínico y zootécnico de cualquier animal de interés para la industria agropecuaria, algunos de ellos muy alejados del prototipo de ganadería tradicional. ¹⁹

Es fácil inferir que esas innovaciones fueran fácilmente asumibles por un veterinario que había comenzado a consolidar una actividad profesional en torno al potencial económico y el cuidado de especies no contempladas hasta entonces (Gutiérrez García, 2020). De acuerdo con el proverbio de que «una imagen vale más que mil palabras» y a modo de ejemplo ilustrativo, se puede destacar la reproducción que hizo en su revista de la exposición que se dirigió al ministro de fomento solicitando la creación de la escuela y que acompañó con el dibujo… de un gallo.

A grandes rasgos, las razones que se esgrimieron en ese documento ya se han ido desgranando en este trabajo. Más revelador resulta repasar los más de sesenta representantes de la flor y nata de la sociedad civil catalana que suscribieron esa petición, explicitándose para muchos de ellos su vínculo con el ámbito ecuestre o con el sector agropecuario: marqueses, condes, duques, diputados, senadores, médicos, notarios…, y Francesc Darder, como director de El Naturalista y único veterinario de ese amplio listado. ²⁰

Ese documento, fechado en abril de 1889, fue la primera gran demostración de fuerza que se lanzó para intentar materializar el traslado de la escuela gallega a Barcelona. A partir de entonces, fueron las instituciones públicas catalanas las que adquirieron el protagonismo para intentar satisfacer esa demanda.

Justo un año después, en abril de 1890, los diputados Federico Schwartz y Joaquín Sostres presentaron una propuesta formal en la diputación provincial de Barcelona para que se elevara atenta súplica al gobierno de Madrid con el fin de convertir esta aspiración en realidad. La comisión de fomento de la diputación se encargó de estudiar el asunto y, en sesión de mayo de 1890, acordó contactar de forma urgente con los directores de las escuelas de Córdoba, León, Zaragoza y Santiago para recabar información sobre los gastos que ocasionaría un centro de esas características. Esa proposición también sugirió la coparticipación del ayuntamiento para que ambas corporaciones aunaran fuerzas y asumieran los costes del centro en la proporción que se considerase justa y conveniente. ²¹

No obstante, la primera alcaldía dispuesta a contribuir económicamente fue la de la villa vecina de Gracia, donde el 25 de abril de 1890 se tomó el acuerdo de consignar cinco mil pesetas si el establecimiento se instalaba en la Granja Experimental que la diputación provincial poseía en ese término municipal, tal y como se había contemplado inicialmente desde esa entidad. Se justificó esta aportación por la trascendencia que para la población tendría una escuela de veterinaria en la forma en la que se pensaba establecer, la cual «sería a la vez un museo de anatomía, historia natural y piscicultura, parque de aclimatación y jardín botánico». ²²

Esa manera de entender la veterinaria también apareció reflejada en la prensa general. Un artículo en catalán publicado en La Renaixensa en 1890 subrayaba las aspiraciones de instalar un centro que potenciara la zootecnia de todos los animales útiles al hombre, «desde la vaca y el caballo hasta el humilde gusano de seda y la abeja» y se alejara así del equivocado paralelismo que se hacía en España entre esta disciplina y el arte de herrar y curar équidos. ²³

Desde el consistorio barcelonés también se llevaron a cabo activas gestiones. En el mes septiembre de 1890 varios concejales suscribieron una proposición pidiendo la creación de la escuela. ²⁴ En octubre, se acordó elevar una exposición al gobierno solicitando su instalación, ²⁵ la cual se plasmó en la súplica de Juan Coll Pujol, alcalde de Barcelona, al ministro de fomento requiriendo el cumplimiento de esa pretensión. ²⁶

No se conoce que haya habido respuesta desde el poder ejecutivo, pero sí una activa resistencia desde Galicia para que ese traslado no se llevara a cabo (Barral Martínez, 2002). En marzo de 1891, el propio alcalde, de viaje en Madrid, despachó el tema con el ministro. ²⁷ Esa fue la última noticia que publicó La Vanguardia sobre este asunto. A partir de entonces, ya no se ha encontrado documento ni referencia alguna que permita explicar el repentino y aparente abandono de un proyecto que había gozado de un importante apoyo. Otro intento, con nuevos y viejos protagonistas, se repetiría solo veinticinco años después (Pumarola Batlle, 2002). No obstante, tuvo que pasar prácticamente un siglo hasta que la apertura de una facultad de veterinaria en Cataluña se convirtiera en realidad.

Durante el siglo XVIII, la peste bovina y otras enfermedades contagiosas que asolaron los rebaños europeos facilitaron la creación de las primeras escuelas de veterinaria con el objetivo de formar profesionales que fueran capaces de enfrentarse a las dolencias de los animales domésticos.

La institucionalización de la educación veterinaria, que tuvo su origen en Francia, se extendió con rapidez por todo el continente. En España, la enseñanza reglada de la medicina animal se inició con la decisión de Carlos III de enviar albéitares del ejército a la escuela de Alfort, cerca de París, para que cursaran los nuevos estudios y organizaran algún centro similar a su regreso.

Durante el siglo XIX se crearon varias escuelas de veterinaria en España que, como sus homólogas europeas, se mostraron más interesadas por las enfermedades equinas que por las propias de los animales de producción. En las postrimerías de esa centuria, varios profesores de la escuela de Santiago de Compostela propusieron la clausura del centro y su posterior traslado a Barcelona.

Esta idea tuvo una buena acogida en Cataluña, tanto entre las élites de la sociedad civil como de las instituciones públicas más representativas. Entre los motivos que se esgrimieron para justificar ese cambio de ubicación se destacó el contraste que existía entre el elevado contingente de jóvenes catalanes que históricamente se había decantado por estos estudios frente a la escasez de alumnos que tenía el centro gallego.

Pero además, el proyecto de escuela «modelo» de Barcelona tuvo, desde sus inicios, una orientación curricular atípica con respecto a la enseñanza que se impartía en las escuelas españolas. Dichas innovaciones se justificaron por la necesidad de adaptar la formación veterinaria a las exigencias de la industria agroalimentaria catalana. Desde esta perspectiva, los équidos dejaron de ser los protagonistas absolutos, contemplándose también la asistencia clínica y zootécnica de otros animales implicados en los nuevos sistemas de producción intensiva. Unas especies no contempladas hasta entonces por su tamaño ridículo y escaso valor unitario, pero que sí tenían interés veterinario cuando era la prosperidad de un grupo la que estaba comprometida, que era precisamente el tipo de industria que comenzaba a despuntar en Cataluña.

Esa nueva orientación abría el paso a un cambio de gran calado, asociando también la figura del veterinario a animales que poco o nada tenían que ver con sus clientes habituales. Una apuesta arriesgada que bien podría haber motivado que esta singular propuesta, y en ciertos aspectos visionaria, no se materializara. Ello sin menoscabar, por supuesto, la resistencia que se opuso desde Galicia -y ajena a esta investigación- para que el traslado de la escuela de Santiago de Compostela a Barcelona no se efectuara.