Desde la segunda mitad del siglo XIX, el creciente desarrollo del movimiento médico-higienista y su indisoluble combinación con el movimiento eugenésico promovieron en Chile la paulatina implantación institucional de medidas dirigidas al conocimiento, tratamiento y erradicación de las llamadas “enfermedades venéreas” ¹ o “vergonzosas”, concebidas como enfermedades de trascendencia social desde la década de 1920 (Labarca, 2008, p. 89 y Vetö, 2014). Fue a finales de esa centuria, por otro lado, cuando el proceso de institucionalización de la Medicina Legal, iniciado en 1833 con el establecimiento de la cátedra homónima en la Escuela de Medicina, vivió un proceso de consolidación, materializado -entre otros hitos- en la fundación de la Morgue de Santiago en 1879, la primera sistematización nacional de sus conocimientos en 1900 (Puga, 1900), o el establecimiento de la materia como ramo obligatorio, en la Facultad de Medicina en 1901 (Fabregat, 2019) y en 1902 en la de Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile (Muñoz, 1911, pp. 250-251).

Durante estas décadas, algunos médicos de ciudad pasaron a figurar como médicos legistas, al recibir el encargo de asistir con sus conocimientos a los tribunales. En relación con la justicia criminal, estos facultativos debían determinar la responsabilidad penal de un procesado mediante el examen de sus capacidades mentales, así como coadyuvar a comprobar empíricamente la comisión delictiva, estableciendo la edad, el sexo, la profesión y la identidad de un individuo, identificando lesiones en su cuerpo o averiguando la causa de su muerte (Puga, 1900, p. 5).

El crimen de violación -tipificado en el artículo 361 del Código Penal de 1874 como el acto de yacer con una mujer bajo tres circunstancias específicas: haciendo uso de fuerza o intimidación; cuando la mujer se hallase privada de sentido o razón o cuando ésta fuese menor de doce años cumplidos ² - podía dejar, según los principales representantes de la Medicina Legal en Chile, signos visibles en el cuerpo de víctimas y agresores, tales como marcas de lucha o resistencia de la víctima, lesiones genitales o el contagio de infecciones (Muñoz, 1911, pp. 201-202 y Puga, 1900, pp. 71-79).

En este artículo buscamos conocer la valoración médico-legal de la trasmisión de las llamadas enfermedades venéreas, durante la comprobación de agresiones sexuales tipificadas como violación en Santiago y Valparaíso -principales centros del país- entre los años 1890 y 1920 ³ . Iniciamos nuestro estudio en unos años en los que la unión entre medicina y justicia recién, en 1887, se había materializado en la obligatoriedad de los facultativos de asistir a los tribunales en los asuntos forenses en los que fueran requeridos (Zañartu, 1894, 658). Una década en la que, tras la epidemia de cólera que asoló el país, se institucionalizó un discurso higienista de prevención y profilaxis de las enfermedades contagiosas -consideradas efectos de las condiciones socio-ambientales de los procesos de industrialización- a través de la creación del Consejo Superior de Higiene Pública en 1892 (Vetö, 2014) y en la que el laboratorio logró implantarse, a nivel teórico, como principal método de diagnóstico ante posibles contagios sexuales (Ríos, 1894, p. 97). Cerramos el periodo en 1920, antecediendo el desarrollo de las sólidas campañas estatales de educación sexual que tuvieron lugar en los años siguientes como método profiláctico ante las temidas “enfermedades venéreas” (Labarca, 2008 y Vetö, 2014), y moviéndonos en un marco temporal en el que los discursos acerca de su nosología, tratamiento y prevención quedaron reducidos a una literatura restringida y dirigida a un público especializado.

Tras considerar los conocimientos médicos y las perspectivas morales desde las que se analizaban los contagios y los delitos sexuales tratados, así como las carencias científicas del conjunto de procedimientos periciales aplicados, nuestra hipótesis es que la valoración de estas afecciones como método probatorio criminal obstaculizó en mayor medida la demostración de un delito de violación.

Para su comprobación, con objeto de conocer las principales aproximaciones higienistas nacionales sobre las infecciones de transmisión sexual, su interacción dinámica con la comunidad científica internacional, así como su relación con las condiciones materiales de los dos centros urbanos señalados, hemos revisado detenidamente la colección Revista Médica de Chile (RMC), primer órgano de difusión de esta rama del conocimiento, que, pese a editarse en Santiago, daba cobertura a noticias y publicaciones extranjeras, así como a trabajos provenientes de distintas partes del país.

Así mismo, hemos analizado el tratamiento forense de estas afecciones durante la comprobación del delito de violación, revisando las obras de quienes fueron profesores titulares de la cátedra de Medicina Legal de la Universidad de Chile, el médico Federico Puga Borne y el jurista Tomás Ramírez Frías, autores de las primeras obras didácticas en esta materia ⁴ . Pese a estar orientados a públicos diversos y publicarse en momentos diferentes, cabe advertir que las obras de ambos autores confluyeron en sus valoraciones y que no encontramos contradicciones entre ambas, siendo las apreciaciones de Puga Borne más específicas desde el punto de vista médico-científico, como cabría esperar.

Por último, hemos revisado cien expedientes judiciales, incoados por este delito en las ciudades de Santiago y Valparaíso, atendiendo -cuantitativa y cualitativamente- al desarrollo de los informes periciales realizados sobre supuestos agresores y víctimas del delito, los métodos de detección de infecciones sexuales y sus consecuencias en la resolución de los procesos, con el propósito de analizar la implementación práctica de las disposiciones recogidas en las obras anteriormente señaladas.

Adoptamos en nuestro análisis una perspectiva cultural, con enfoques de la criminología crítica, partiendo de la premisa de que la enfermedad, como el delito, son construcciones históricamente determinadas, que no existen, como tales, al margen de las sociedades que los norman y significan (Baratta, 2004, pp. 85, 88 y 109). A partir de aquí, buscamos ahondar en las interacciones simbólicas que permitieron la significación de las “enfermedades venéreas” y de la categoría delictiva “violación”, a través del estudio de parte de la regulación e implementación de su comprobación forense.

Concebimos los tratados, artículos e informes periciales analizados como discursos científicos, aceptando su entidad textual e interpretándolos como elementos centrales en la construcción de la ciencia (Locke, 1997). Desde esta perspectiva, consideramos que los documentos analizados coadyuvaron a la construcción de una determinada realidad social, creando, reproduciendo y consolidando, material e ideológicamente, entre otras desigualdades, asimetrías en las relaciones de género imperantes (Scott, 1990, pp. 23-58 y West, 2000, p. 181). Con objeto de deconstruir estas desigualdades, partimos de la premisa de que estos relatos, producidos con valor de “verdad”, estuvieron atravesados y, a su vez, promovieron determinados modelos normativos sobre los ámbitos adecuados de la experiencia femenina y masculina (Rudolph, 2008: 928), re-significando valores relativos al cuerpo, la pureza y la honorabilidad de las mujeres, presentes desde época colonial (Araya, 2004, p. 81), dentro de nuevos parámetros cientificistas.

Recuperamos en nuestra perspectiva algunos aspectos de la heterogénea y controvertida Historia Global, a través de la obra de Joseph Conrad, al centrarnos en las intersecciones entre los procesos globales y las manifestaciones locales, considerados como elementos interrelacionados, no opuestos, en un periodo anterior al proceso histórico de la Globalización (Conrad, 2016, p. 11-12). Con ello, pretendemos contribuir al estudio de la formación de la sexualidad como dispositivo discursivo de control, valorando de qué forma ésta contribuyó a la re-significación y el reforzamiento de la desigualdad entre hombres y mujeres, desde un enfoque “glocal”, que permita insertar estas dinámicas en el marco de las relaciones transfronterizas que lo posibilitaron. Recuperamos, al respecto, la idea de que lo global tiene propiedades sistémicas, más allá de las unidades que lo integran, que “la existencia de estas unidades locales son en buena medida resultado de procesos y resultados extra-locales” (Robertson, 2003, p. 21) y que el sentido de los fenómenos globales es siempre adaptado, moldeado y redefinido por las culturas locales, en funcion de sus necesidades, creencias y costumbres particulares (Robertson, 2006, p. 10).

A partir de estas consideraciones, abordamos nuestro objeto de estudio, recuperando el concepto de glocalismo para referirnos a una diversidad local inserta en modelos culturales compartidos. Es dentro de esta lógica que nos acercamos a la historia de la ciencia, concibiendo las fuentes teóricas (artículos de revista y obras didácticas) como un medio de “circulación de saberes” (Sanhueza, 2018, p. 18). Sobre los expedientes judiciales, incoados en Santiago y Valparaíso, su análisis nos permite observar cómo contextos locales distintos y específicos se movían dentro una globalidad compuesta por esquemas y modelos compartidos (en este caso referentes a la conceptualización médica y al tratamiento forense de las infecciones de transmisión sexual, concebidas como “enfermedades venéreas” por la comunidad científica internacional), conocimientos que fueron aplicados, apropiados y reconfigurados de manera distinta en cada contexto (Sanhueza, 2018, p. 15), de acuerdo con su particular idiosincrasia. Tratamos de observar, por tanto, la interacción de la teoría global (compuesta por un corpus teórico que partía de una autoridad académica internacional) con la cultura local, mediante el estudio de discursos y prácticas médico-forenses, insertos en un particular sistema de justicia.

Desde finales del siglo XIX, tras la aparente tranquilidad de la República Parlamentaria, se fraguó en Chile una crisis social, moral y política, desencadenada en la época del Centenario (Ledezma, 2006), y que tuvo en su base, entre otros factores, un intenso pero desigual crecimiento económico, ligado principalmente a la exportación de salitre, que fomentó fuertes movimientos migratorios del campo a la ciudad, protagonizados principalmente por mujeres, lo que incrementó la población de la capital chilena y de su principal puerto, segmentando, de forma dramática, su distribución socioeconómica (Hutchison, 2006, p. 35-39; Urbina, 2001, p. 62-73).

La centralidad de ambos espacios urbanos dentro del proceso sanitario de mejora material impulsado desde el Estado (Cruz Coke, 1995, p. 431), contrastó, así, con una mayoritaria sociedad popular, que vivía en precarias condiciones de higiene, hacinada en reducidos ranchos y conventillos (Brito, 2005, pp. 30-37 y Urbina, 2001, p. 59). Ante esta situación, dentro de la llamada “cuestión social” (Grez, 1995, pp. 10-49), desde los sectores médico-higienistas -organizados desde 1869 en la Sociedad Médica de Santiago y, desde 1913, en la de Valparaíso- se abogó por contener y mejorar las condiciones sanitarias de los sectores populares, con el fin de erradicar las frecuentes y graves epidemias de cólera, viruela, fiebre tifoidea y tuberculosis, así como el contagio de afecciones de transmisión sexual, impulsando la asunción de la salubridad como asunto de estado (Cruz-Coke, 1995, pp. 389, 412-414, 475-478 y 543 y Cabrera, 2014, p. 74).

En este contexto, desde inicios del siglo XX, en el ámbito educativo, sanitario y criminológico se desarrolló un proceso de apropiación y reinterpretación de diversos principios eugénicos (Sánchez, 2015, pp. 53-57). Originada en las teorías de Francis Galton, la eugenesia (etimológicamente “ciencia del buen engendrar”) constituía una propuesta médico social (Sánchez, 2014, p. 60), defensora de la intervención humana como medio para el control y la mejora de la población en términos evolutivos y hereditarios (Vetö, 2014), y concebida a principios del siglo XX como una solución frente a la supuesta degeneración biológica y moral que amenazaba a la raza humana, y que en Chile se relacionó, principalmente, con la pobreza (Sánchez, 2015, p. 103), aunque también con otros factores como la inmigración, el alcoholismo y las enfermedades venéreas.

Estos principios estuvieron muy presentes en la Liga Chilena de Higiene Social (LCHS), cuya fundación, en 1917, marcó el inicio de los programas de intervención eugenésica en Chile (Sánchez, 2015, p. 114) y cuyas aspiraciones, que incluían el control de la sexualidad -combatiendo determinados comportamientos aludidos como “vicio solitario, perversiones e inversiones”- tuvieron un marcado carácter moral y nacional, al estar orientadas al “supremo interés de la patria” (Liga Chilena de Higiene Social, 1921, p. 242). Entre sus objetivos principales figuró la erradicación de la sífilis, afección que, junto con la tuberculosis y el alcoholismo, formó parte de los llamados “venenos raciales”, concebidos como causantes de la degeneración moral y racial de la nación (Sánchez, 2015, p. 111).

Dentro de este proceso de construcción higiénico y eugenésico de la sexualidad en el país, en relación con las “enfermedades venéreas”, varios artículos incluidos dentro de la RMC dieron fe del creciente interés y preocupación científica hacia estas extendidas afecciones, así como de una evolución en su conceptualización, el conocimiento de su naturaleza y su valoración moral. Al respecto, el seguimiento y participación chilena en los estudios y debates que se dieron en el movimiento sanitario internacional, coordinado principalmente desde París y Bruselas (Barona, 2016, p. 5), en torno a estas infecciones quedó plasmado mediante el desarrollo de estadías formativo-científicas de algunos médicos en centros europeos, así como en la citación y transcripción de varios de los artículos de las principales publicaciones científicas del viejo continente (Boza, 1898, pp. 36-38). De esta manera, la revista se hizo eco de discursos en los que la nosología científica y la profilaxis terapéutica se entremezclaban indistintamente con valoraciones de índole higiénico y moral, defensoras de la castidad como mejor método preventivo.

De acuerdo con la extendida preocupación internacional frente al incremento del contagio entre la población en edad fértil, cuyo avance lastraba la valorada como fuerza de trabajo obrera y militar varonil, así como la considerada fuerza reproductora femenina, dentro del sistema de género imperante, la RMC dio cobertura a diversos discursos eugenésicos de corte nacionalista. Como se reproducía en 1915, dentro del marco de la “Campaña Internacional contra las enfermedades venéreas”, había que unir esfuerzos para sacar de “la conspiración del secreto” y combatir abiertamente un mal que atacaba al pueblo chileno -descrito como “varonil, esforzado y homogéneo hasta constituir el orgullo de nuestra raza” (Editorial, 1915, p. 329)-, al tiempo que debilitaba las consideradas “fuerzas vivas de la nación”, atacando al ejército y a la marina, causando incalculables desgracias y sufrimientos y apagando “la vida de muchísimos seres que deberían constituir los mejores elementos con que mantener el standard de la raza humana” (Editorial, 1915, p. 327).

El mayor peligro asociado a este contagio, además de su incidencia en las causas de mortalidad, por tanto, fue su trascendencia sobre las “funciones y el producto de la generación”, así como sobre la “decadencia” (Middleton, 1884, p. 429), la “degeneración” y la “esterilización” de la raza (Sociedad Médica de Valparaíso, 1917, p. 365). El factor racial, de hecho, incrementó progresivamente su presencia en la valorización del origen, gravedad y consecuencias de la enfermedad a lo largo del periodo estudiado. Dentro de una heterogénea apropiación de las teorías de la degeneración y del darwinismo social europeo en el país (Durán, 2017 y Sánchez, 2014a) diversas voces se alzaron en defensa de la “raza chilena”, concepto que abarcó desde aspectos biológicos hasta psicológicos, sociales y culturales y que estuvo ligado a un nacionalismo patriarcal, defensor de lo viril como valor superior -asociado a la fuerza y el orden, en contraposición con una feminidad asociada a lo inferior y lo débil (Araya, 2004)- y de la unidad sobre la base de una supuesta integración racial, como quedó reflejado en la obra del médico Nicolás Palacios, primer tratadista del concepto (Subercaseaux, 2007, pp. 54, 79-88).

De acuerdo con estos principios, en 1912, el doctor Eduardo Moore afirmaba que en “países muy cerrados a la inmigración” el contagio era relativamente “benigno”, en comparación con la sífilis que “un nacional” contraía “de una extranjera”, considerada “mucho más grave”. La gravedad, en atención al artículo, aumentaba en función a la “distancia racial” existente, siendo “la sífilis de la Manchuria tomada por chileno (…) más grave que la tomada en Bolivia o Argentina, pero estas más graves que la chilena” (Moore, 1912, p. 90). En un contexto de creciente exaltación de los valores militares y patrióticos, ligado a acontecimientos como la Guerra del Pacífico, los conflictos fronterizos con Argentina (Durán, 2017, p. 48) o la llegada de inmigración europea (Subercaseaux, 2007, pp. 79 y 85), boliviana y asiática (Fernández, 2015 y Morimoto, 2004, pp. 46 y 198), es posible suponer que las referencias a extranjeros de Moore no fueron casuales.

Pese a la inserción de estas disertaciones en una lógica nacional-eugenésica, debemos considerar que en el país austral no se implementaron medidas de prevención desarrolladas en otras latitudes, tales como la obligatoriedad de presentar un certificado médico que acreditara la inexistencia de afecciones de transmisión sexual para poder acceder al matrimonio o la tipificación del delito de contagio, a pesar de su amplia demanda desde el ámbito médico y jurídico (Coutts, 1929; Elguero, 1857; Núñez, 1927; Sociedad Médica de Valparaíso, 1917 y Vidal, 1930).

Como señalamos, la violación era un delito tipificado en 1874 como el acto de yacer con una mujer, haciendo uso de la fuerza o la intimidación, cuando la víctima fuese menor de doce años o cuando se hallase privada de sentido o razón. En atención a lo recogido en los principales manuales de Medicina Legal de la época, la comprobación material de este delito debía realizarse, entre otros aspectos, mediante la observación corporal de las supuestas víctimas y agresores.

Al respecto, para Puga Borne, quien desarrolló su disertación apoyándose principalmente en la obra del médico francés Ambroise Tardieu, la violación era un delito que ofendía tanto el cuerpo como el alma, dejando señales morales y físicas sobre las víctimas, que variaban en función de la edad, la condición y la frecuencia de las agresiones, siendo siempre más visibles y de mayor gravedad en mujeres pre-púberes y vírgenes (Puga, 1900, p. 71).

Los daños morales apreciables podían oscilar entre una palidez plomiza, reflejo de un cansancio y debilidad generalizados, síncopes, delirios, convulsiones, fiebres, sensaciones de intensa fatiga o palpitaciones, llegando, en los casos más graves, a significar el origen de una epilepsia o el motivo de un suicidio (Puga, 1900, pp. 79-80). De la observación de la conducta demostrada por una víctima después del delito sufrido, por tanto, según este profesor de Medicinal Legal podían extraerse aspectos indicativos de la comisión delictiva.

En relación con los daños físicos, como también recogía Ramírez Frías, la comprobación médico-legal del delito de violación cometido en “doncellas”, debía desarrollarse mediante la observación de su membrana himen, y, en mujeres no vírgenes, mediante la identificación de lesiones reconocibles en sus órganos sexuales y otras partes del cuerpo, lo que ofrecía mayores dificultades materiales, según los autores (Puga, 1900, p. 79 y Muñoz, 1911, p. 201).

El reconocimiento de la comunicación de alguna “afección violenta” (Muñoz, 1911, p. 202) o “enfermedad venérea” (Puga, 1900, p. 80) era otro de los procedimientos médico-legales posibles y, a diferencia de los anteriores, su comprobación requería el examen corporal no sólo de la víctima sino también del agresor. Frente a las fases que caracterizaban estas enfermedades, asociadas cada una de ellas a síntomas distintos y no siempre identificables a simple vista, Puga Borne indicaba las dificultades clínicas a la hora de establecer un diagnóstico fiable, pues, si bien su existencia no ofrecía dudas ante la presencia de úlceras o chancros, la aparición de flujo mucoso o blenorragia podía tener un carácter multicausal.

Como quedó recogido en la RMC, la blenorragia “simple”, a diferencia de la “gonorreica”, asociada a la presencia del gonococus de Neisser, se consideraba ligada a microbios que vivían en los genitales de las mujeres y que causaban infección por prácticas concretas tales como “el coito durante las reglas, la masturbación, el cateterismo mal ejecutado con sondas no limpias, los excesos de bebida y principalmente de cerveza, la acción del frío o los traumatismos” (Sociedad Médica de Chile, 1889, pp. 121-124). Ante esta situación, para certificar si una inflamación genital era debida a un contagio sexual, durante el reconocimiento forense, el médico, en un primer momento, tenía que comprobar si existía proceso supurativo en la uretra de la víctima, comprimiendo la misma con el dedo introducido en la vagina, para desarrollar después un análisis microscópico, con la ayuda de un “observador experto y con un objetivo poderoso de excelente definición” (Puga, 1900, p. 80-82).

Al respecto, debemos considerar que si bien la identificación en 1879 de la bacteria causante de la gonorrea por Albert Neisser y el posterior desarrollo del método de coloración de Hans Christian Gram habían consolidado, teóricamente, las técnicas de laboratorio en el diagnóstico de las infecciones sexuales en Occidente, frente a esta supuesta “revolución bacteriológica”, el laboratorio tardó décadas aun en ser el principal método de diagnóstico y estudio de estas infecciones, gracias a la permanencia de procedimientos más tradicionales como las historias clínicas (Bowen, 2013: 67). En el panorama chileno, si bien, de acuerdo con los consensos internacionales, la metodología de laboratorio introducida en la medicina a mediados del siglo XIX (Cruz-Coke, 1995, p. 365) apareció desde 1894 como la única válida para establecer un diagnóstico realmente fiable de la presencia de enfermedades transmitidas sexualmente (Ríos, 1894, p. 97), durante nuestro periodo de estudio apenas llegó a implantarse (Editorial, 1915, p. 331 y Cano, 1921, p. 654), lo que tuvo, como veremos, importantes consecuencias en la práctica forense.

Ante la ausencia de una especialización formativa, los médicos encargados de asistir a la justicia desde la segunda mitad del siglo XIX fueron los llamados “médicos de ciudad”, formados en materia legal durante la carrera sólo con un ramo, obligatorio a partir de 1901 (Fabregat, 2019, p. 3). La experiencia laboral de algunos de ellos en la Morgue de Santiago, o en el ámbito forense de distintas ciudades, fue lo que les dotó del estatus necesario para autodenominarse como “médico-legistas”. Ningún conocimiento formal, por tanto, los diferenciaba del resto de facultativos titulados.

De esta manera, junto con reconocidos médicos que trabajaban cotidianamente al interior de la Morgue de Santiago, como Eduardo Donoso Grille, Eduardo Lira Erráruriz, Sabino Muñoz Labbé o Luis Quinteros Encina, para el caso capitalino, auxiliaron a los tribunales también expertos en salud infantil, como el doctor Ricardo Peralta, médico del Hospital de niños Roberto del Río. Para el caso de Valparaíso, la composición de los médicos forenses también fue heterogénea. Así, junto con Daniel Carvallo, Secretario del Consejo Departamental de Higiene, y Enrique Deformes Villegas, médico interno del Hospital San Juan de Dios y docente en la Escuela Naval -facultativos encargados de más de la mitad de los informes consultados-, intervinieron también expertos en salud mental, como el doctor Manuel Segundo Beca, trabajador de la Casa de Orates y del Hospital de San Borja, y profesionales que firmaban y se presentaban ya como “médico legistas”, tales como J. C. Zillemelo, Víctor Grossi, C. E. Durán u Oscar Marín. Pese a que,como quedó recogido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Penal de 1906, la ley recomendaba que en delitos como la violación fueran nombradas como peritos personas “del mismo sexo” que la persona reconocida, en ambas ciudades, todos los expertos consultados entre 1890 y 1920 fueron hombres.

Su relación más o menos cercana a la labor forense, así como su grado de experiencia al respecto, no fueron, sin embargo, elementos directamente proporcionales a la calidad y la adecuación de los informes que presentaron. La ausencia de un protocolo legal que regulara la forma en la que debían realizarse los exámenes conllevó el desarrollo de certificados sujetos al arbitrio de los jueces -que eran quienes determinaba sus objetivos- y al de los propios facultativos, quienes decidían de qué manera efectuar el reconocimiento corporal de víctimas y victimarios y cómo interpretar sus observaciones empíricas.

La institucionalización y el desarrollo de la Medicina Legal en Chile, en el marco temporal considerado en este estudio, se produjeron dentro de parámetros higienistas y eugenésicos, que fueron reapropiados y reformulados dentro de una lógica cultural propia. Estos procesos, además de impulsar el diálogo con las dinámicas académicas imperantes en el contexto occidental y la transmisión del conocimiento científico, operaron como medios de fomento, desarrollo y difusión de valoraciones morales y culturales. La imbricación de estas últimas con los avances empíricos, el uso de referencias extranjeras y su inclusión en prestigiosas colecciones editoriales de índole científico-académica, dotó a los discursos resultantes de legitimación dentro de la comunidad intelectual, así como de autoridad e influencia fuera de la misma.

De esta manera, el tratamiento higienista de las llamadas “enfermedades venéreas” en la época promovió una serie de estereotipos de género y clasistas, que asociaban la peligrosidad del contagio, principalmente, al ejercicio de la prostitución y a los estratos socioeconómicos más bajos. Si bien nos encontramos en un momento histórico previo a las campañas estatales que buscaban popularizar ciertos conocimientos como medida pedagógica dirigida a la erradicación del contagio sexual, la base que antecedió a estos movimientos divulgativos fue el desarrollo de un determinado consenso académico internacional.

Al tiempo, a pesar de la tipificación penal del delito de violación como un acto ejecutable en mujeres, independientemente de su edad o condición, la promoción -también en las áreas médica y jurídica- de un ideal de feminidad basado en el recato y el pudor, promovió, en la práctica, la institucionalización de un sistema forense protector sólo de aquellas víctimas capaces de demostrar haber cumplido con dicho ideal.

Asimismo, en relación con las infecciones de transmisión sexual, los paulatinos avances que se sucedieron en su conocimiento nosológico y profiláctico y, en concreto, en su comprobación pericial como vestigio probatorio de la comisión del delito de violación, no encontraron una correlación directa en la práctica forense desarrollada en los tribunales de Santiago y Valparaíso. De esta manera, a los múltiples vacíos e incógnitas que revestían los discursos médicos sobre las características y los tiempos de incubación de las enfermedades consideradas, en la cotidianidad pericial se sumaron la escasez de recursos técnicos y formativos junto con un marcado desinterés por desarrollar mecanismos eficientes de comprobación relativos a esta tipología delictiva y una marcada desconfianza de las autoridades frente a las víctimas, niñas y mujeres pobres en su mayoría.

Consideramos, por tanto, que la valoración de estas afecciones como método probatorio criminal obstaculizó en mayor medida la demostración de un delito de violación, dentro de una actuación pericial que, en varias ocasiones, se desarrolló más como parte de un proceso burocrático estandarizado que como el establecimiento de una verdadera comprobación material de la acción delictiva.